Las tierras que están en pugna se encuentran en la entrada de la urbanización La Carolina. Una de las partes asegura que el juez de Paz que asumió el proceso estaría actuando fuera de su jurisdicción.
Los 700 mineros de la vereda Mina El Alacrán pidieron la presencia de la Defensoría del Pueblo para evitar la violación de los derechos, especialmente a niños y ancianos.