Desde el 1 de marzo, la Registraduría Nacional ajusta las tarifas de los servicios que presta a los ciudadanos en todo el territorio colombiano y el exterior.
Esta actualización se realizó sobre la base de la versión lanzada en 2020, con el objetivo de facilitar la vida de los colombianos y transformar la sociedad.
Esta situación ha generado preocupación en la Registraduría debido a la importancia vital de estos documentos para el ejercicio de derechos y obligaciones civiles.
Esta vez fueron las empresas oferentes quienes hicieron varias sugerencias a los requisitos que puso Migración Colombia para el nuevo proceso licitatorio.