Once integrantes de un grupo criminal dedicado a la extorsión en el centro de Medellín y que “vacunaban” hasta las trabajadoras sexuales de la zona fueron capturados por las autoridades en las últimas horas.
Los presuntos extorsionistas afectaban también a cerca de 500 establecimientos comerciales en el centro de Medellín con lo que, sumado a otros delitos, obtenían rentas criminales por $500 millones mensuales. Lea aquí: “No comemos de los Agc”: Sicarios matan a hombre y le dejan panfleto
Entre las capturas se encuentra la del cabecilla conocido como Pipe, el organizador quien se hace llamar Compa y los integrantes Alberto, Chue, Vaca, Gordo, Bizco, María, Barbas, Trompón y Botija.
Los integrantes de este grupo criminal delinquían principalmente en los sectores de Plaza Botero, Parque Berrío, la iglesia de La Veracruz y el barrio San Benito del centro de Medellín.
Las capturas se dieron tras un proceso investigativo que comenzó con las denuncias interpuestas ante el Gaula de la Policía. Con este se logró recolectar material probatorio suficiente para que un juez de la república ordenara la judicialización de 10 hombres y una mujer quienes harían parte de una estructura ilegal dedicada a múltiples actividades ilegales.
Los hoy judicializados principalmente se dedicaban al delito de la extorsión, del cual sus víctimas eran los propietarios de 497 establecimientos comerciales, entre los cuales se encuentran hoteles y residencias; almacenes comerciales; discotecas, bares y casinos; parqueaderos; transporte público formal e informal. Además de las trabajadoras sexuales y vendedores informales del sector.
Vale la pena destacar que, para el pago de las extorsiones, el cabecilla decidía a quién se le cobraba y a quién no, y para los cobros ejercían violencia e intimidaciones.
Los sospechosos fueron detenidos por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión, desplazamiento forzado, porte y tráfico de armas de fuego y porte o tráfico de estupefacientes. Todos fueron dejados a disposición de la fiscalía.
A estas personas luego de las audiencias de legalización de capturas e imputación de cargos, les fue impuesta a nueve de ellos medida de aseguramiento en centro carcelario. A otros dos les fue impuesta medida de aseguramiento domiciliaria.
