La Procuraduría General de la República (PGR) inició vigilancia preventiva a la invitación pública de la Alcaldía de Sincelejo con la que pretende seleccionar un operador especializado para el manejo del acueducto y alcantarillado de la ciudad, por valor de $148 mil 436 millones 376 mil 864.
El lunes 21 de noviembre anterior, el alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez Martínez, anunció la apertura de un nuevo proceso para escoger el operador especializado del acueducto, indicando que no prorrogará el contrato celebrado con Aguas de la Sabana S.A. E.S.P. (Veolia Sabana) que lo presta en la actualidad, el cual estará vigente hasta el 11 de enero de 2023.
(Lea aquí:Veolia sin prórroga: Sincelejo abre proceso para escoger operador del acueducto)
Ante esto, Gabriel Del Toro Benavides, procurador delegado primero para la vigilancia preventiva de la Función Pública comunicó a través de un oficio al alcalde Andrés Gómez Martínez y a Víctor Salcedo, gerente de la empresa Empas E.S.P., que con esta vigilancia pretenden anticiparse y evitar la ocurrencia de hechos que afecten los derechos de las personas y el patrimonio público.
La Procuraduría hace varias observaciones a los documentos previos publicados en la plataforma Secop II, advirtiendo los posibles riesgos encontrados en la gestión administrativa adelantada por el municipio.
En cuanto al régimen de contratación, el Ministerio Público pidió a la Alcaldía explicar cuál es el fundamento jurídico para realizar la selección del operador mediante invitación pública y no una Licitación.
Así mismo, destacan que en los estudios previos la Empresa oficial de Acueducto y Alcantarillado de Sincelejo (Empas) E.S.P., no se encuentra como activa en la prestación de los servicios, pero sigue ejerciendo sus funciones como contratante y supervisora.
La Procuraduría delegada se pregunta cuáles son las consideraciones de orden legal y/o técnicas, y /o financieras para que la escogencia del nuevo operador se realice a través del manual de contratación de Empas.
Además de los anteriores interrogantes, hace observaciones en cuanto al estudio de necesidad.
La Procuraduría pidió a la Alcaldía ampliar el plazo a 10 días hábiles, tiempo en el cual este órgano, formulará las recomendaciones de orden técnico, financiero y jurídico a que haya lugar.
