Un plan de contingencia con el fin de evitar el cierre de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica La Esperanza. Evaluamos IPS de Montería se puso en marcha el fin de semana, con el fin de garantizar la atención a los pacientes COVID-19 que se encuentran recluidos en la institución, tras la renuncia de los cuatro médicos intensivistas.
De acuerdo con lo señalado por la gerente de la clínica, Natalia Betancur, han tenido dificultades para conseguir esa especialidad médica en Córdoba y en otras ciudades del país, debido a que estos han expresado su solidaridad con los profesionales que renunciaron, tras una deuda de 13 meses de salarios.
“Estamos haciendo todos los trámites correspondientes para conseguir profesionales, pero si no lo logramos nos veremos en la necesidad de cerrar la UCI, situación que sería muy grave en medio de esta pandemia en la que se necesita el servicio. Sin embargo, tenemos un plan hasta el 31 de agosto”, señaló la funcionaria.
En una carta enviada al procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, quien ordenó una investigación a las EPS, por la millonaria suma que adeudan a las IPS, indicaron que habían contratado los servicios de los profesionales Leopoldo Berrío Norman, Yojairo García Viñas, Elvia Rodríguez Ricaurte y José Cárdenas, todos con especialidad en Medicina Crítica, quienes estarán al frente de dicha unidad en un cronograma diseñado hasta el 31 de agosto, el cual empieza a partir del lunes 3 de agosto.
Reiteró que en Córdoba hay una imperiosa necesidad de este tipo de servicios y que por ello están haciendo todos los esfuerzos necesarios para garantizar el servicio de cuidados intensivos, especialmente en este momento de pandemia en el que se necesita mayor número de camas.
“El plan de emergencia adoptado consiste en el apoyo de nuestros médicos generales de la Unidad de Cuidados Intensivos y de nuestro médico internista de turno, a través de la modalidad de telemedicina para el seguimiento del estrado clínico de los pacientes”, señalan en la carta, reiterando que la institución ha contado y sigue contando con médico general presencial las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para el apoyo en el manejo exclusivo de los pacientes de la UCI.
Le indicaron el procurador que colocan esta circunstancia como antecedente frente a la necesidad del giro de los dineros adeudados de manera inaplazable por parte de la ERP a las diferentes IPS que continúan haciéndole frente a la pandemia a pesar de la carencia de recursos económicos.
Con relación a los pacientes en UCI dijo que tienen garantizada la atención con médicos especialistas y que en este momento ellos son la prioridad, pero reiteran la necesidad de tener los médicos intensivistas que se requiere para poder funcionar.
Con relación al pago de los profesionales que renunciaron, señaló que propusieron algunas alternativas, pero que estos pidieron por lo menos el 70 por ciento del total de la deuda que asciende a 432 millones 600 mil pesos, correspondiente a los meses de junio de 2019 a julio de 2020.
Insistió en que a la clínica le deben cerca de 80 mil millones de pesos y que si las EPS, la Gobernación de Córdoba y las Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, les pagaran lo que le deben, la situación sería diferente, pues ellos deben 40 mil pesos a trabajadores y proveedores.
En otra carta enviada al viceministro de Salud Pública, Luis Alexander Moscoso, las directivas indican que el centro asistencial ha estado atravesando una crisis financiera a merced de la conducta de no pago de las EAPB, además de ser evidentemente afectados, debido a que dos de sus clientes más grandes entraron en liquidación, lo que acarreó el congelamiento casi del 70 por ciento de la cartera y por ende, el 70 por ciento de sus ingresos, afectando en cadena el cumplimiento de la institución hacia el oportuno pago de las obligaciones prexistentes
Como se recordará, los cuatro médicos de planta Indira Torralvo, Jairo Chével, infectólogo; Orlando Villarreal y Luis Fernando Chével, pasaron su carta de renuncia desde el pasado 21 de julio, aduciendo que están trabajando en la primera línea con pacientes COVID y el centro asistencial les adeuda 13 meses de salario.