En los municipios de San José de Uré y Tierralta, sur de Córdoba, se generaron nuevos desplazamientos debido a los últimos hechos violentos que se han registrado en el área, generados por grupos al margen de la ley.
En la vereda El Cerro, zona rural del municipio San José de Uré, se desplazaron 12 familias hacia el casco urbano, mientras que 100 indígenas Embera Katío, del resguardo indígena Chimiadó, en la cuenca del Río Verde, fueron obligados a abandonar sus territorios en la zona rural de Tierralta.
La primera denuncia la hizo Andrés Chica, director de la Fundación Cordoberxia, quien señaló que los desplazados de Uré son los vecinos del campesino José Osuna, quien fue degollado por miembros de una banda criminal, el pasado 6 de julio, cuando varios hombres armados lo sacaron a la fuerza de su residencia.
Alertó a las autoridades sobre la decisión que han señalado otras familias de Batalito en el sentido de abandonar la vereda, debido a los enfrentamientos que se están registrando entre miembros del Clan del Golfo y Caparrapos.
La situación de los indígenas fue ventilada en el Comité de Justicia Transicional Extraordinario en el que participaron funcionarios de la Dirección de Víctimas de Córdoba, quienes ventilaron que un grupo al margen de la ley dio un plazo de 72 horas para que los índígenas abandonaran el territorio.
La situación es grave si se tiene en cuenta que desde hace varios meses la Defensoría del Pueblo ha estado emitiendo alertas tempranas en las cuales ha señalado el riesgo que viven los pobladores del sur de Córdoba ante la lucha por el control del negocio del narcotráfico que han desatado las bandas criminales y las disidencias de las Farc.