En un hecho histórico en el país, el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico mediante decisión judicial, resolvió a favor del dirigente costeño, Carlos Caicedo, aprobar dos de las medidas cautelares que interpuso ante dicho despacho judicial, en aras de frenar un posible incremento de las tarifas del servicio que Electricaribe le presta a un gran sector de los habitantes de la Costa y suspender el proceso de contratación de terceros operadores.

En el texto de la providencia proferido el pasado 18 de enero de 2019 y notificado por estado electrónico el 12 de febrero de la presente anualidad se ordena a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) que antes de aprobar alguna modificación a la tarifa del servicio de energía prestado por Electricaribe, programe, establezca y evacue dos mesas de concertación en audiencias públicas en cada uno de los Departamentos afectados -en los cuales Electricaribe presta sus servicios-, a fin de que se realicen audiencias de socialización en las que participen funcionarios de la Creg, alcaldes de los municipios afectados, comités locales de usuarios y el actor, para que allí se discutan todos los asuntos relativos a la pertinencia, eficacia, ventajas, desventajas y condiciones de las modificaciones tarifarias a adoptar.

Señala la providencia que las audiencias deberán ser coordinadas con los sujetos intervinientes y la parte actora, en este caso Carlos Caicedo, quien interpuso la acción popular para frenar la privatización de la Empresa Electricaribe y el aumento de las tarifas.

Con relación a este mismo punto, el centro de servicios judiciales, especifica que -entre otras ordenanzas-: “Los dos meses de concertación en cada Departamento se harán como mínimo dentro de un mes; la Procuraduría, será la encargada de rendir informes sobre el avance en el cumplimiento; los resultados de esas mesas de difusión y concertación con los usuarios del servicio de energía en la Costa, deberán ser analizadas a profundidad por la Creg a efectos de fundamentar o no la necesidad de modificar las tarifas por la prestación del servicio”.

Igualmente, se ordena a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, al Ministerio de Minas y Energía y a cualquier otra entidad que resulte competente, que antes de escoger el nuevo operador de la empresa Electricaribe, establezca otras dos mesas de concertación en cada uno de los Departamentos afectados, a fin de que en estas se realicen audiencias de socialización en las que participen funcionarios de la Superintendencia, de la Creg -y todas las parte implicadas-. Dichas autoridades, deberán programar, establecer y evacuar dos mesas de concertación en audiencias públicas en cada uno de los Departamentos.

Cabe recordar que entre las medidas cautelares se detallaba: “Primero, que se congele cualquier tipo de aumento hasta tanto no se agote la dinámica de la consulta y participación; segundo, que se suspenda cualquier enajenación, contratación o vinculación de un privado a la operación del servicio entre tanto no se avance con el proceso; y tercero, que se revise la escala tarifaria que tiene Electricaribe para la región y se compare con las del resto del país”.

Hay que recordar que la iniciativa liderada por Carlos Caicedo, contó con el apoyo de cerca de mil organizaciones sociales, comunales, sindicales y comerciales de siete departamentos, justo después que el Ministro de Hacienda manifestara que, con respecto a la compañía electrificadora, “habría que tomar acciones”, referentes al incremento del valor a plasmarse en las facturas, lo que afectaría el bolsillo de los gremios y casi todos los habitantes del litoral norte de Colombia.

Antecedentes

Luego de los abusos y la mala prestación del servicio de energía que presta Electricaribe, el dirigente Carlos Caicedo se dio a la tarea de estructurar una acción popular para lograr que el Estado recuperara la titularidad del servicio, al igual que se frenaran los aumentos de las tarifas de la energía y que realizara las inversiones que se requieren para mejorar la infraestructura.

En abril de 2017, agotó el requisito de procedibilidad ante el Gobierno y Electricaribe, escrito en el que pidió: Que el Estado fuera el titular del servicio con la estatización de la empresa; la realización de las inversiones públicas que se requirieran para mejorar la prestación del servicio y se apoyara la puesta en marcha de energías renovables y amigables con el medio ambiente.

En septiembre de 2017, se radicó acción popular ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, en la que se pidió que el Estado no sólo adquiera la totalidad de las acciones de la empresa Electricaribe sino que además que destine recursos públicos para realizar las inversiones que sean necesarias para mejorar la infraestructura y redes para la prestación del servicio público de energía eléctrica y también para que se tramite una ley que le otorgue a los usuarios de los estratos 1 y 2 y sectores subnormales subsidios del 100% de la tarifa.

El 22 de enero de 2018, la acción popular fue admitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico y dentro del trámite del proceso, el 24 de agosto de 2018, Carlos Caicedo solicitó varias medidas cautelares tales como: la suspensión del aumento de las tarifas del servicio de energía a todos los usuarios; suspender el proceso de contratación de operadores del servicio que abrió Electricaribe; ordenar apropiar recursos para realizar las inversiones que se requieren en el sistema de energía.

Mediante decisión judicial del 19 de enero de 2019, el Tribunal Administrativo del Atlántico, decretó las medidas cautelares solicitadas y en consecuencia se ordenó: frenar el aumento de las tarifas de la energía y suspender el proceso de contratación de terceros operadores.