La historia de las aspersiones áreas con glifosato en Colombia datan de aproximadamente 1978, cuando se fumigaron los cultivos de marihuana de la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde entonces han habido cientos de debates, opiniones a favor y en contra, conceptos internacionales, protestas, daños en comunidades e incluso muertos.
En 2015 el Ministerio de Salud elevó una solicitud al Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) para que suspendiera las fumigaciones tras recibir un concepto de la Organización Mundial de la Salud, en el que alertaba sobre los posibles riesgos cancerígenos del uso de este herbicida para la fumigación de cultivos.
Aunque durante estos años se acató la recomendación, el pasado 12 de abril el Gobierno nacional emitió el Decreto 380 del 2021, mediante el cual “se adopta el marco normativo especial, independiente y autónomo sobre el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente”, que permitirá reanudar esta practica en el país.
Diego Molano, ministro de Defensa, reveló que la meta de erradicación de cultivos ilícitos en la primera etapa de fumigaciones será de 26 mil hectáreas este año. En medio de ese trasegar, Bolívar ha ocupado un puesto entre los territorios con mayor número de cultivos ilícitos en el país, principalmente hacia el sur del departamento, en municipios como Morales, Simití y San Pablo.
Las últimas cifras dadas a conocer por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) revelan que en 2019 Bolívar redujo el área de siembra de coca en un 7,5 %, siendo este uno de los valores de rendimiento más bajos en toda Colombia.
Frente a este panorama, el Gobierno departamental indicó que aún no han sido contactados por la Fuerza Pública para este tema. Pero más allá de esto, y de las cifras que puedan entregar las autoridades respecto a la erradicación de cultivos con otros métodos, el solo hecho de plantear la aspersión aérea con glifosato como la práctica más efectiva, despierta heridas en cientos de campesinos que lo perdieron todo por un herbicida.
Cabe destacar que el ministro de la Salud, Fernando Ruiz, se declaró impedido para hablar y decidir sobre la reanudación de la aspersión con glifosato, ya que en 2015, cuando fue viceministro de Salud en el gobierno Santos, se opuso a su uso.
La Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios de la Zona Alta de San Pablo Sur de Bolívar (Asocazul), puede ser considerada una prueba de cómo las buenas iniciativas se pierden por malas prácticas y nulo apoyo del Estado.
En el 2003, unas 150 familias de campesinos se unieron para reemplazar los cultivos ilícitos en los municipios de Cantagallo, Simití y San Pablo por cultivos de cacao. Fue una idea de ellos, que pudieron sacar adelante gracias a organizaciones no gubernamentales y un préstamos de $3.000 millones que todavía adeudan al banco.
“El primer impacto fue poder hacer una transición hacia una economía lícita por parte de las personas que cultivaban coca en el territorio, de tal forma que pudieran tener una vivienda y una seguridad alimentaria gracias al cacao”, contó Andrés Mejía Cruz, vocero de Asocazul.
Aunque todo marchaba bien, y tienen documentado que desde el 2001 se empezó a usar la aspersión aérea con glifosato, “el daño directo comenzó a finales del 2007 y principios del 2008, donde 32 familias de la organización se vieron afectadas en sus cultivos y en su humanidad”.
“Pudimos documentar casos de personas que se encontraban en sus cultivos y fueron rociadas con glifosato. Hay dos o tres casos donde estamos intentando demostrar que hubo una afectación directa sobre la salud de las personas. Incluso, a una de ellas, se le desmejoró su calidad de vida luego del suceso; ya falleció”.
De acuerdo con Mejía, durante estos años se ha podido demostrar que no se actuó con la suficiente precaución cuando se implementó esta política de aspersión con glifosato. Por eso, desde hace tres años esperan un fallo del Consejo de Estado tras apelar una decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar, en la que se negaron sus pretensiones.
“Hay varias solicitudes: una de reparación económica, porque todas las familias no han podido encontrar las garantías para continuar en el proceso y se han marginado. Otra, que el Estado reconozca toda la deuda que hicimos con los bancos para sacar el proyecto. Y la otra es una reparación y un reconocimiento por parte del Estado por su irresponsabilidad al no planear y no ejecutar un plan de fumigaciones acorde a la realidad del territorio y que no se tuvo en cuenta esas afectaciones que pudiera generar en el ambiente y la salud humana”, indicó Andrés Mejía.
Agregó que están esperanzados en que este año el Consejo de Estado falle. Sin embargo, les preocupa este nuevo decreto.
“Debido a las afectaciones que existen, la organización ha empezado a caer en un hueco, entendiendo que no tenemos capacidad de maniobra económica y ha hecho que existamos, pero no operemos. Por eso planteamos que se pare y se acabe por completo con la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato, porque desde nuestra experiencia, desde el ejercicio de documentación que hemos hecho, está demostrado que la fumigación con glifosato es una política que genera daño al medio ambiente y a la salud humana”.
El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, respondió algunas dudas respecto al nuevo decreto emitido por el Gobierno. Aclaró que este corresponde a una medida de carácter reglamentario que ordenó la Corte Constitucional en la sentencia T-236 del 2017 y el Auto 387 del 2019, en el marco del proceso que adelanta el Consejo Nacional de Estupefacientes para decidir si reanuda o no el programa de aspersiones aéreas con glifosato. “El decreto no reactiva inmediatamente el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersiones aéreas y para tal efecto es necesario que el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) verifique el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley 30 de 1986, el decreto reciente y las otras decisiones judiciales”.
Las áreas del sistema de Parques Nacionales Naturales, los parques naturales regionales, los ecosistemas como páramos, humedales, manglares, cuerpos de agua y centros poblados.
Deberá adelantarse cuando el programa sea susceptible de afectar directamente las comunidades étnicas.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y el Instituto Nacional de Salud (INS) realizarán seguimiento continuo sobre los efectos de los programas de aspersión en el ambiente y la salud y deberán entregar informes al CNE para que este adopte las decisiones pertinentes. En caso de evidenciar nuevos impactos, por riesgos no contemplados en los instrumentos de evaluación, se revisará y enviará el correspondiente informe al CNE y este deberá pronunciarse si mantiene, modifica o suspende el programa.
