La Procuraduría General de la Nación impidió ayer el desalojo de las familias que ocupan el predio conocido como Cachenche, en el municipio de Turbana.
Al respecto, el abogado Héctor Pérez, desde la mañana comunicó que al lugar había llegado la fuerza antimotines Esmad, de la Policía Nacional, con la intención de sacar a los campesinos.
Sin embargo, en la tarde se conoció que el Ministerio Público aceptó la tesis de los abogados de la Asociación Campesina, respecto a que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) se presentó al predio sin tener las garantías ni el protocolo, para desarrollar ese tipo de diligencias.
“Lo otro que debe tenerse en cuenta --anotó el abogado-- es que la SAE está infringiendo una orden judicial, por lo cual podría estarse tipificando un fraude a resolución judicial y un prevaricato por acción y omisión. El Ministerio Público se opuso, al igual que la Comisaría de familia y la Secretaría del Interior de Turbana, a que se hiciera la diligencia”.
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Por tal razón, según el jurista, se levantó un acta, mediante el cual a los funcionarios de la SAE y a la fuerza pública les tocó retirarse.
“En ese sentido, hay una orden, según la cual la SAE debe coordinar con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la inscripción de todas las familias en el registro que lleva la entidad, para que estos campesinos sean beneficiarios de estas tierras”.
