No cesan las voces de rechazo por la presunta violación a una menor de 13 años, cometida por el cura párroco de San Bernardo del Viento, Córdoba, Carlos José Carvajal Galvis, quien está huyendo, tras destaparse ese escándalo en la localidad.
El alcalde del municipio costanero, donde ocurrieron los hechos, Mauro Oliveros Genes, dijo que rechazaba la violencia sexual y toda afectación contra los derechos y la dignidad humana de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
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"Repudiamos de forma enfática todo acto de abuso que vulnere la integridad física y mental de nuestros niños, niñas y adolescentes afectando su sano desarrollo integral. Los niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos contra toda acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, es deber de la sociedad, el estado y la familia brindar protección a nuestros niños, niñas y adolescentes”, señaló el mandatario.
Por su parte, el comandante de Policía de Córdoba, coronel Gabriel Bonilla, indicó que están adelantando las acciones correspondientes con el fin de darle captura, pues se fugó de una clínica de Montería, a la cual fue trasladado porque intentó suicidarse.
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"Se vienen haciendo las coordinaciones pertinentes con la Fiscalía General de la Nación y el CTI con el fin de aunar esfuerzos para lograr la ubicación y captura del presunto abusador de acuerdo a la orden de captura emitida por estos hechos”, precisó.
Entretanto, el defensor nacional del pueblo, Carlos Camargo, dijo que están haciendo seguimiento y acompañamiento en el caso ocurrido en San Bernardo y le ofrecieron asesoría legal.
"Rechazamos este lamentable hecho. Desde la entidad pusimos a disposición de la víctima y de su familia acompañamiento institucional; asesoría profesional y representación legal, a través de la asignación de un defensor público para el caso. Así mismo, se requerirá a la EPS atención psicosocial”, señaló el funcionario.
Pidió a la comunidad respeto y solidaridad con la menor de edad y su familia, y celeridad a la justicia. "Es necesario avanzar en la investigación para esclarecer circunstancias de tiempo, modo y lugar en se habría dado este aberrante caso. La sanción del presunto responsable es una garantía de no repetición", reiteró.
También se pronunció el director regional del Instituto Colombia de Bienestar Familiar, ICBF, en Córdoba, Alberto Jiménez, rechazando lo sucedido y señalando que le están brindando las condiciones necesarias para que supere ese trauma.
“Desde el momento en que el ICBF conoció el caso, un equipo de Defensoría de Familia atendió el requerimiento y verificó los derechos de la niña, a quien se le hizo valoración psicológica inicial, abriendo el respectivo proceso para restablecer sus derechos”, dijo finalmente, aduciendo que es necesario que las autoridades judiciales prioricen estos casos, para disminuir las cifras de impunidad.
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