La Fundación Amigos de la Salud de Montería, en el ojo del huracán por haber suministrado vacunas contra el COVID-19 a los cirujanos plásticos que trabajan en la institución, insistió en que ellos sí forman parte de la primera línea y que además estaban en la plataforma Mi Vacuna.
“Estos especialistas en cirugías plásticas son consultados para resolver conductas cuando se trata de pacientes con escaras, politraumatismo y pacientes que deben ser reconstruidos por algún accidente y se encuentran en la UCI o con diagnóstico de COVID-19”, indicó la gerente de la IPS, Marta Bermúdez, luego de conocer la decisión de la Procuraduría de abrir indagación por ese hecho.
La funcionaria señaló que el trabajo de los cinco cirujanos plásticos es prestar tratamientos a pacientes quemados, lo cual quiere decir que se dedican al área de la reconstrucción y de rehabilitación y no a la estética y que además laboran en la unidad de quemados de la IPS y en la de cuidados intensivos.
La funcionaria insistió en que ni la clínica, ni sus directivas tuvieron injerencia en la elección del talento humano que recibió la vacuna y que la priorización fue hecha por el Ministerio de Salud. Sin embargo, a través de redes sociales se hizo la denuncia sobre el favorecimiento a profesionales que no están en contacto permanente con pacientes COVID.
Ante esa situación, la Procuraduría inició una indagación preliminar e hizo un requerimiento a la Secretaría de Salud Departamental para que verifique el listado oficial de las personas que recibieron el antídoto y de esta manera, corroborar si efectivamente existió algún tipo de irregularidad.
Hay que indicar que también hay denuncias sobre el manejo que habría dado la Clínica Cardio Infantil toda vez que en el listado de los 18 priorizados había personal del área administrativa, quitando la posibilidad de vacunar a los que están en primera línea.
A través de un comunicado, el centro asistencial sostuvo que manifestaron esa inconsistencia ante el Ministerio de Salud para que se tomaran los correctivos del caso, pero que fue el mismo organismo el que priorizó al personal.
Por su parte, el secretario de Salud de Córdoba, Carlos Vasco, dijo que están analizando toda la información recolectada y que por el momento no han abierto proceso administrativo sancionatorio. “Solo hemos hecho una visita, esto podría tomarse como una indagación preliminar. Nosotros obviamente tenemos que salvaguardar y garantizar el debido proceso”, aseguró el funcionario.