La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al gobierno nacional, regional y local para atender la grave situación que viven los habitantes de los municipios de Chimá, San Bernardo del Viento, Lorica y Ayapel, en el departamento de Córdoba, por las inundaciones.
“Hacemos un llamado urgente para que, en el marco del principio de colaboración armónica entre las instituciones, se puedan tomar las acciones necesarias para mitigar los efectos de las inundaciones sobre las comunidades”, indicó el defensor Carlos Camargo, quien hizo un recorrido por las zonas afectadas.
Dijo que además de las graves afectaciones a los campesinos dedicados a la ganadería y a la agricultura, también viven grandes problemas los estudiantes, porque el agua está estancada dentro de 100 instituciones.
“Las afectaciones que pudimos evidenciar de primera mano en diferentes instituciones educativas por las inundaciones, poniendo en riesgo el derecho a la educación y a la salud de los niños, niñas y adolescentes de esta región del departamento”, sostuvo Camargo.
Esa información fue corroborada por el secretario de Educación departamental Leonardo Rivera, quien dijo que hay 50 instituciones educativas inundadas y por encima de 100 sedes en Ayapel, Buenavista, Cereté, Chinú, Chimá, San Pelayo, San Bernardo del Viento, San Carlos, Ciénaga de Oro, Cotorra, La Apartada, Los Córdobas, Momil, Montelíbano, Moñitos, Planeta Rica, Puerto Escondido, San José de Uré, Tierralta y Valencia.
El defensor reiteró que ha venido advirtiendo los riesgos para que se tomen las medidas de mitigación previas y evitar de esta manera que se consoliden las afectaciones. Sin embargo, las alcaldías no han acatado las disposiciones.
En esta sección del país se hizo un censo que establece que hay más de 34 mil damnificados por las inundaciones, cifra que podría aumentar si se tiene en cuenta que podrían presentarse nuevos desbordamientos.
Hay que indicar, que la zona rural del municipio de Ayapel ha sido una de las más impactadas, mientras que en Lorica y San Bernardo del Viento, siguen en alerta roja.
Ante la delicada situación, el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, dijo que espera que el nuevo gobierno le pueda dar un respiro a este territorio que tiene a 28 de 30 zonas en calamidad pública ante la intensa temporada de lluvias.
“Hemos hecho esfuerzo al alcance de los recursos disponibles, esperamos que con el nuevo gobierno se logren posicionar actores que nos faciliten herramientas para seguir cumpliendo con este esfuerzo social”, precisó Benítez.
