Nuevamente la Cámara de Comercio de Montería está en la picota pública. Esta vez la Contraloría General de la Nación reveló un informe en el cual encontraron hallazgos fiscales por valor superior a los 1.657 millones de pesos, correspondientes a la revisión del año 2019.
El informe firmado por Rafael Antonio Morales Hernández, contralor delegado del sector Comercio y Desarrollo Regional, señala que se determinaron 15 hallazgos administrativos, de los cuales 12 tienen presunta connotación fiscal, 14 tienen presunta incidencia disciplinaria y 3 tienen presunto alcance penal, los cuales serán trasladados para su trámite a la instancia competente.
En el documento de 201 páginas entregado al director de la entidad, Félix Manzur, se indica que hubo una ejecución inadecuada de gastos, falencias en los procedimientos adelantados en la etapa precontractual para la adquisición de bienes y servicios, incumplimiento de objeto contractual y adquisición de servicios innecesarios.
Hay que indicar que la nayoría de los contratos se hicieron a dedo, con las mismas cuatro empresas, con nombres extranjeros, de la que formarían parte uno de los miembros de la junta directiva de la entidad, investigado por las autoridades.
Lista de hallazgos
El primer hallazgo al que hace referencia el documento sería de 107 millones de pesos y corresponde a un contrato suscrito en enero de 2019, para realizar un censo general de comerciantes en los municipios de Cereté, San Pelayo, San Carlos, Cotorra y Ciénaga de Oro, aduciendo que se hizo en municipios diferentes y que gastaron más del tiempo señalado en el mismo, que era de 60 días.
El segundo tiene que ver con el contrato 002 del 10 de septiembre de 2019 para desarrollar la realización de encuestas, estudios y recolección de datos e información que permitan certificar costumbres mercantiles en el municipio de Montería, por valor de $29.999.900, el cual no preseenta acta de liquidación.
En este caso el informe parcial tiene fecha del año 2016 y el final del 2018, lo cual indica que no se ejecutó ningún tipo de control, según la investigación planteada. Pese a esas inconsistencias se hizo el pago correspondiente.
Otra de las irregularidades señaladas fue el pago de 6.000.000 millones de pesos por concepto de viáticos y $3.720.942.00 por concepto de tiquetes aéreos, a una persona que no se encuentra en la base de datos de la Cámara de Comercio de Montería, como funcionario o como miembro de la Junta directiva de la entidad, pagos que se efectuaron con cargo a los recursos de origen público.
De acuerdo con el Certificado de Cámara de Comercio, el particular al que se le pagaron gastos de viaje, es el representante legal, desde el 13 de mayo de 2019, de una empresa contratista como se evidencia en los contratos número 10 del 5 de junio de 2019 por valor de $719.950.000,00 y el 12 de junio del mismo año por valor de $535 millones 500 mil pesos.
La Contraloría advierte además que suscriben contratos que incluyen compra de equipos y mobiliarios que luego no se ven reflejados en el inventario de la entidad, entregan millonarios contratos a empresas recién creadas y hacen contratos para asesorías y recaudos de cartera, pese a que la Subdirección Jurídico y Registro Públicos, cuenta con un número de profesionales, que desarrollan funciones similares a las contempladas en el clausulado de los contratos, por lo tanto, no se denota la necesidad de contratar a un asesor jurídico para la ejecución de éstas, lo cual fue corroborado, por la Superintendencia de Industria y Comercio.
Encuestas fantasmas
Una de las observaciones hechas durante la investigación establece que la Cámara de Comercio de Montería hacía millonarios contratos para la realización de encuestas en diferentes municipios, pero estas no se cumplían a cabalidad.
Uno de esos contratos tiene que ver con la realización de 5.255 encuestas en Montería, pero en el análisis de los documentos se encontró que solo hicieron 2.647, mientras que en Ciénaga de Oro de las 225 encuestas a realizar, solo soportaron 209, faltando un total de 2.624 encuestas, de las 6.510 contratadas, lo cual podría considerarse como un detrimento por valor cercano a los 135 millones de pesos.
Pese a esa situación, el contrato fue cancelado en forma total, descontando según lo establecido en el acta de liquidación la suma de $3.429.100.00, que corresponde a 53 encuestas no aplicadas. Además tampoco se reflejan los pagos de seguridad social por parte del contratista.
También investigaron el contrato 005 de 2020 cuyo objeto es la realización de estudios, investigación, encuestas y recolección de datos que permitan determinar, identificar y analizar la victimización y percepción de la seguridad pública en los establecimientos comerciales ubicados en los municipios de Montería, Cerete, Lorica, Sahagún, Planeta Rica, Montelíbano, Tierralta, San Pelayo, Ciénaga de Oro y San Antero para el periodo 2019 – 2020, por valor de 280 millones de pesos.
Les llamó la atención que un encuestador estaba el mismo día y en la misma hora en los municipios de Lorica y Ciénaga de Oro haciendo encuestas y peor aún, encuestan a la misma persona, con el mismo número de cédulas en dos municipios diferentes y a la misma hora.
Se refirieron además al contrato de prestación de servicios número 012 de 2017, cuyo detrimento aforan en más de 600 millones de pesos, indicando que debían caracterizar a empresas del departamento de Córdoba con el fin de identificar la capacidad y disposición para exportar sus productos, sensibilizar a mil comerciantes en la importancia de ampliar el mercado de sus productos a través de las exportaciones y capacitar a otros 500.
Advierte la Contraloría que la Cámara de Comercio no aportó los soportes correspondientes al alcance del contrato como son, cuales fueron las empresas que caracterizaron, los 1.000 comerciantes formales con sus respectivos datos, ni de los 500 comerciantes formales que capacitaron.
Finalmente, se indicó que los hallazgos fueron notificados a la Fiscalía General de la Nación, es decir sería la tercera entidad de compulsa copias al ente, para que adelanten la investigación correspondiente, en medio de uno de los escándalos más grandes que se han advertido en la Cámara de Comercio de la capital ganadera de Colombia.
