Debido a la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, las víctimas han manifestado dificultades a la hora de reclamar su indemnización, sobre todo aquellas que tenían fecha de vencimiento hasta 28 de mayo.
Debido a esto, la Unidad para las Víctimas logró extender hasta el próximo 4 de junio el plazo para que puedan acercarse al banco. Los giros que no se cobren antes de este día, serán reprogramados inmediatamente.
“Los giros que vencen, corresponden a aquellos realizados el 28 de febrero, los cuales tienen 60 días contemplados por ley para retirarlos. Teniendo en cuenta la propagación del coronavirus, la entidad extendió esta fecha hasta el 28 de mayo con el fin de que las víctimas pudieran acercarse a reclamar su indemnización administrativa”, aclara la información.
Agrega que con el fin de proteger la vida de las víctimas y acatando las medidas de distanciamiento y cuarentena, sobre todo de la población con alto grado de vulnerabilidad (personas mayores de 74 años, con discapacidad o enfermedad catastrófica o ruinosa), “la Unidad para las Víctimas suspendió el pasado mes de marzo las jornadas presenciales de entrega de notificación, entrega de cartas y pago de la medida de indemnización administrativa, atendiendo los lineamientos del Gobierno nacional”. “Teniendo en cuenta lo anterior, la entidad ha dispuesto diferentes formas de contacto, como la llamada o mensaje de texto para informar la disponibilidad de sus giros y otras para la entrega de la carta. Todo lo anterior, en aras de evitar la devolución de procesos de pago, el contacto físico de las víctimas, y la exposición directa de los funcionarios a la COVID-19”, dice el comunicado.
Termina diciendo que “la Unidad para las Víctimas seguirá contribuyendo en la reparación integral de los daños individuales y colectivos que el conflicto ocasionó en los proyectos de vida de las víctimas, desde una perspectiva material, política y simbólica; a través de las medidas de rehabilitación psicosocial, restitución, satisfacción, garantías de no repetición e indemnización administrativa y judicial”.
