Una inversión en medidas ambientales superior a los 73 mil millones de pesos debe hacer la explotadora de ferro níquel Cerro Matoso luego de suscribir unos acuerdos en el marco del proceso de consultas previas, ordenadas por la Corte Constitucional y que fueron oficialmente protocolizadas con cada una de las comunidades étnicas vecinas a la operación.
Los acuerdos incluyen una inversión para incrementar las estaciones de monitoreo en los siete corregimientos o veredas que están cerca de la operación, lo cual permitirá realizar, de forma conjunta y participativa con miembros de las comunidades consultadas, el monitoreo de agua, suelo y aire, tanto en la recolección de muestras como también en los trabajos de análisis y divulgación de los resultados.
De acuerdo con lo señalado por los directivos de la multinacional en los acuerdos entre la comunidad y la compañía, se establecieron medidas para prevenir, mitigar o compensar los impactos ambientales. Además, de manera voluntaria, se amplió el objetivo de las consultas para cubrir el análisis de los potenciales impactos socioeconómicos y culturales y una fase de post-consulta para garantizar la correcta y cumplida ejecución de los acuerdos.
Dijeron además que la inversión social que han hecho en la zona permitió llevar el índice de pobreza multidimensional a 7.8 puntos por debajo del índice nacional para población rural de similares características, lo cual impacta positivamente la calidad de vida de sus vecinos y que los programas acordados, según las necesidades de cada una de las comunidades, incluyen además propiedad colectiva de tierras, programas de educación para jóvenes y adultos, acceso a agua potable, mejoramiento de viviendas y proyectos productivos sostenibles para la generación de ingresos, con el fin de mejorar aún más la calidad de vida de los miembros de las comunidades.
Así mismo se pactó el acceso inmediato a las comunidades étnicas a más de 400 hectáreas de tierra y crea un fondo para la adquisición de estas. La certificación de decenas de técnicos ambientales de las comunidades consultadas, a través de programas del Sena, y de diplomados universitarios como veedores ambientales. Además, una universidad externa calificada, junto con los técnicos y veedores comunitarios, conducirá un estudio cada dos años para analizar los resultados de los monitoreos que se realizan de los diferentes componentes ambientales.
Luego de los acuerdos Israel Aguilar, asesor de las comunidades indígenas, dijo que eso fue una escuela de aprendizaje para todos. “Debemos mantenernos en ese diálogo, seguir construyendo de manera participativa y equilibrada. Es un reto de seguir luchando por esta armonía y seguir construyendo paz desde el territorio en la parte estructural de las comunidades como el fortalecimiento organizacional, el apoyo socioeconómico y la lucha por mantener la identidad cultural”, afirmó.
Por su parte, el presidente del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Bocas de Uré, Manuel Taborda, resaltó el programa de becas para que sus hijos tengan la posibilidad de acceder a la universidad y de esa manera puedan prestar sus servicios a la comunidad.
Finalmente, los directivos de Cerro Matoso insistieron en que si bien las consultas previas hacen parte de una orden de la Corte Constitucional, ellos tienen el pleno convencimiento de que este mecanismo no solo es una herramienta de protección de derechos fundamentales, sino que también es la mejor plataforma para sentar las bases para una relación armónica, en el marco del uso compartido y sostenible del territorio.
