Este año la Mesa departamental de Víctimas de Bolívar (Mevidebol) elegirá a los nuevos integrantes de este importante espacio, con el fin de mostrar los avances, retos y dificultades. Ayer, en presencia de la Defensoría del Pueblo, organizaciones defensoras de los derechos humanos y representantes de las víctimas, la dirección territorial de Bolívar de la Unidad de Víctimas rindió cuentas sobre su gestión durante entre el 2017 y 2018.
En medio de la jornada se socializaron algunos de los avances en este período, como los ajustes del PAT (Plan de Acción Territorial), el compromiso para la construcción de centros de atención a víctimas (Crav) y la gestión de recursos para programas de repoblamiento bovino y elaboración del componente étnico.
“Ha sido todo un reto porque aunque la mesa de víctimas fue creada por mandato de ley de obligatorio cumplimiento, los entes territoriales no han prestado la atención suficiente, pero nosotros como representantes de las víctimas hemos hecho lo humanamente posible para representar y hacer valer los derechos de las víctimas”, indicó Alexander Gil, coordinador de la Mesa de Víctimas de Bolívar.
Gil resaltó como uno de los mayores logros, gracias a la gestión conjunta con la Gobernación de Bolívar, conseguir que la Unidad de Víctimas nacional se comprometiera con la construcción de los Crav: uno para Cartagena y otro en Montes de María.
También se expusieron algunas inconformidades como la “desarticulación” entre la unidad territorial de Bolívar y las mesas de víctimas municipales, así como también la desfinanciación de la política pública de víctimas.
“La falta de voluntad política de los mandatarios de turno ha sido uno de los grandes retos que nos ha tocado sortear, no se evidencia acompañamiento y articulación con la Unidad de Víctimas territorial de Bolívar, la mesa departamental y es preocupante”, agregó Gil.
Por su parte, Deyder Henríquez Matos, miembro de la Mevidebol, precisó que “las inconformidades es que la Unidad de Víctimas de Bolívar tiene una tarea como articuladora entre las víctimas y las demás instituciones, pero con inclusión de la voz de las víctimas y eso no se ha dado. Creemos que estamos desarticulados, no hay procesos serios de interlocución”.
Algunas de las víctimas mencionaron otras falencias, como falta de iniciativas para fortalecer la mesa departamental, no socialización de la inversión que se está haciendo y poca atención a los temas de enfoque de género, LGBTI y étnico.
“Queremos conocer cuánto ha invertido la Unidad de Víctimas de Bolívar y dónde. Las entidades han sido alejadas al tema de género, no se le ha prestado mucha atención en el territorio”, dijo María Kelly Báez, representante de género.
Las víctimas se refirieron también a los 38 compromisos pactados con la Gobernación de Bolívar. En este punto reconocieron el apoyo que han recibido del gobernador Dumek Turbay Paz y que, gracias al trabajo articulado, algunos de los compromisos han tenido un avance significativo, pero también indicaron que hay algunos que no han arrancado.
“Hemos recibido un apoyo importante de la Gobernación y podríamos decir que los compromisos se han cumplido en un 70%, pero por ejemplo en temas como los proyectos productivos para repoblamiento bovino no se han materializado en su totalidad, especialmente en el sur de Bolívar”, explicó Henríquez.
A su turno, el coordinador de la mesa indicó que “vemos con gran preocupación que no hay recursos para los ajustes al PAT 2019; son $550 millones que se necesitan para implementar los ajustes, lo cual nos preocupa porque estamos en la recta final de nuestro período como mesa y necesitamos que se den los ajustes”, puntualizó Gil.
Explicaron también que uno de los principales retos es que los futuros gobernantes logren incluir en el plan de gobierno y planes de desarrollo la ley de política pública de víctimas.
Ante las quejas, Miledy Galeano, directora de la Unidad de Víctimas de Bolívar, se comprometió a realizar un mayor acompañamiento de los procesos.
“Nosotros como unidad hemos venido implementado y avanzado en la implementación de la política pública, tenemos unas debilidades, como las hay en todo el país. Entendemos las quejas de ellos y es importante que se sepa que desde la Unidad de Víctimas estaremos dispuestos al diálogo y a atenderlas. Ahora bien, nos toca revisar y si es necesario estar más presente, aunque la unidad siempre está presente en los plenarios, sin embargo, todo lo que tengamos que hacer lo vamos a revisar, estamos abiertos y estamos avanzando”, dijo.
Así mismo, explicó que cada proceso tiene responsabilidades compartidas con otras entidades y en cuanto a las indemnizaciones precisó que estas dependen del presupuesto asignado desde la Nación.
”Desde el Gobierno tenemos una consigna que es apostarle a indemnizar al mayor número de personas. Ya ellos lo decían, esa importancia que les llegue la reparación como una de las medidas para cumplir porque el tema aquí es netamente de recursos, desde la unidad nacional se están buscando nuevas fuentes de financiación para que se incremente le número de indemnizaciones. Así mismo, hay que aclarar que algunas medidas son de nosotros como unidad territorial de Bolívar, pero otras son de otras entidades, cada entidad tiene su competencia”, puntualizó.
Finalmente, Harold Castro, secretario de Víctimas de Bolívar, precisó que los compromisos asumidos la entre Gobernación de Bolívar, algunos son de gestión documental y otros de recursos.
“En 2018 la Gobernación hizo un convenio con la Universidad de Cartagena por $469 millones para desarrollar actividades que estaban dentro de los 38 compromisos. Este año hay otro convenio con la universidad para desarrollar otras actividades que comprenden los compromisos año 2019; hay compromisos que están sin recursos, pero en próximos días estarán”.
En cuanto a los programas de repoblamiento Bovino, Castro dijo que “hay dos programas de repoblamiento bovino: uno para el Magdalena Medio, que ya tiene recursos y está adelantado; y el otro para la Zodes de las Loba, que está en estructuración”.
De acuerdo con la red nacional de información, en Bolívar hay 502.863 víctimas registradas, de las cuales 487. 147 han sufrido desplazamiento forzado; 18.338 personas han manifestado ser víctima de homicidio de algún familiar y 2.634 por desaparición forzada.
Según las cifras entregadas por la Unidad de Víctimas, en indemnizaciones por reparación individual se han invertido $159.513.219.471, con los cuales se han reparado a 25.517 de las víctimas que residen en el departamento. Es decir, solo el 5,07% de esta población ha recibido indemnización individual. Esto evidencia que en materia de indemnizaciones monetarias queda mucho por trabajar.
La directora territorial en Bolívar de la Unidad para las Víctimas, Miledy Galeano, señaló que continúan en la tarea de cumplirles a todas las víctimas.
“Continuamos en esa tarea de cumplirles a las víctimas, venimos aplicando la resolución 1049, en la cual se establecen las rutas de atención, transitoria, priorizada y general para hacer la atención integral a las víctimas”, dijo la funcionaria.