Este 1 de agosto, diferentes comunidades bolivarenses se concentraron en el corregimiento de Gambote, en el municipio de Arjona, para protestar contra la adjudicación del megaproyecto del canal del Dique, la cual está prevista para el 4 de agosto.
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De acuerdo con las comunidades no han existido garantías en el proceso de consulta previa.
“Creemos que el proyecto no ha contemplado la participación activa de las comunidades, ha dejado por fuera de las consultas previas a más de 45 consejos comunitarios”, indicó Jasmar Pájaro, miembro de la Ruta del Cimarronaje del Caribe Colombiano.
Pájaro criticó que las consultas previas solo se le hayan realizado a 16 comunidades étnicas y aseguró que estas deben continuarse en el resto de poblaciones por donde pasa el canal.
“Entendemos que el proyecto es importante, pero queremos que tenga en cuenta la participación de las comunidades y la información técnica en materia ambiental, la cual ha hecho mucha falta”, señaló.
El líder recordó que la Procuraduría Ambiental y Agraria también alertó sobre este tema e incluso la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) también se pronunció por las posibles afectaciones que pueden generar las obras a la búsqueda de personas desaparecidas en el canal, teniendo en cuenta que este se convirtió en una fosa común durante el conflicto armado colombiano.
“Nos estamos manifestando porque creemos que el proyecto debe ser revisado”, puntualizó Pájaro.
Daniela Rojas, quien hace parte del Colectivo de Abogados del Caribe, añadió que los procesos consultivos que se realizaron tuvieron irregularidades y no dieron garantías a las comunidades en materia de soluciones al cambio climático y la naturaleza.
“Piensan en la consulta previa como un requisito y sin importar el resultado siguen adelante. De ahí nace que la protesta se haga en Gambote, este fue uno de los corregimientos en los que no hubo acuerdos en la consulta previa porque el proyecto no presentaba ninguna alternativa viable para las formas de vida de la comunidad”, resaltó Rojas.
En este sentido, las comunidades piden suspender la adjudicación hasta tanto hayan garantías para ellas. “El proyecto dice que tiene unos impactos económicos, ambientales y sociales en el territorio, pero no particulariza cómo son los impactos en cada uno de los corregimientos”, sostuvo.
“Ha sido el proyecto más socializado”
El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Manuel Felipe Gutiérrez, señaló que este proyecto se ha venido socializando desde el año 2013, e incluso ha tenido más reuniones que otros proyectos de concesión en el país.
“Hemos hecho 96 reuniones con las comunidades, 16 consultas previas, y como consecuencia de ellas, hicimos 160 reuniones adicionales. Si sumamos esto estamos hablando de más de 250 reuniones que se hicieron desde 2013 hasta la fecha para mostrar este proyecto, contar sus bondades y entender las necesidades de las comunidades”, manifestó Gutiérrez.
El presidente de la ANI también destacó que si se llega a adjudicar el contrato, de todas maneras hay una etapa de preconstrucción que dura 18 meses. En este tiempo los diseños se llevan a nivel de detalle y el concesionario puede seguir socializando el proyecto e incluso hacer ajustes si se requieren.
“Estamos hablando de un proyecto que ha tenido el nivel de socialización más alto en la historia de las concesiones en Colombia”, afirmó.
El megaproyecto de “Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique” contempla una inversión de $3 billones y consiste en la construcción de dos sistemas de esclusas en las poblaciones de Calamar y Puerto Badel, compuertas en Calamar; y obras de interconexión entre las ciénagas del área de influencia del canal del Dique.
Estos trabajos prometen controlar las inundaciones en las poblaciones ribereñas, los sedimentos que tienden a opacar el carácter cristalino de la bahía de Cartagena y ayudar a mejorar la navegabilidad del canal.
De este proyecto se beneficiarían municipios de Bolívar, Atlántico y Sucre.
