El informe “Una radiografía del prejuicio”, publicado por la Defensoría del Pueblo, reveló las más recientes cifras sobre violencias contra la población LGBTI en Colombia. En él, Bolívar figura como el sexto departamento en el país con más casos atendidos en 2021 por la Defensoría Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género.
La lista la lidera Norte de Santander con 33 casos, luego Bogotá y Chocó con 27, posteriormente viene Valle del Cauca con 21, Magdalena con 19, y luego Bolívar con 18 casos.
Según detalla el informe, en el departamento también se han presentado casos de violencia contra personas LGBTI que ha sido ejercida por actores institucionales, y también se han presentado casos en centros penitenciarios y carcelarios del territorio.
En todo el territorio colombiano, durante el 2021, se dieron 146 reportes de violencia psicológica contra personas LGBTI, 78 casos de violencia física, 59 de violencia institucional, 34 de discriminación en espacio público, 30 de violencia sexual, 28 de violencia policial, 20 de violencia económica y 18 casos de violencia en centros carcelarios.
En cuanto a los homicidios, el informe reporta que 47 personas LGBTI fueron asesinadas durante 2021, mientras que hasta junio de 2022 eran 33 las que habían muerto por este motivo. Estos indicadores dan a entender que, en promedio, cada semana una persona de esta comunidad muere de forma violenta.
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De esta manera, entre 2021 y 2022 han sido asesinadas 80 personas: 48 mujeres transgénero, 27 hombres gays, cuatro mujeres lesbianas y un hombre bisexual.
Para Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, las cifras del informe dan cuenta de que en el país, si bien ha habido avances políticos para reconocer los derechos de las personas LGBTI, no se ha trabajado lo suficiente en materia de cultura ciudadana y persisten los prejuicios, las estigmatizaciones y las prácticas de discriminación hacia esta población. Igualmente, aseguró que se carece a nivel nacional, distrital y departamental de mecanismos para prevenir estas violencias que siguen aumentando.
En cuanto a la forma en cómo se desarrollan estos hechos, Castañeda afirma que es preocupante el nivel de sevicia con el que se dan los crímenes. “El uso de armas contundentes da cuenta de que esta es una violencia selectiva y prejuiciosa que, si bien se activa contra una persona en específico, está mandando un mensaje a todas las personas LGBTI de que su vida no puede ser vivida en el marco de la sociedad colombiana”, expresó.
Y es que las víctimas de estos delitos tienden a ser personas empobrecidas y que viven en situaciones precarias, razón por la cual aumenta su vulnerabilidad e indefensión. “Esto hace que frente a hechos de violencia no mortales, pero que ponen en riesgo la vida, no haya confianza de denunciar, o cuando se acercan a hacerlo terminan siendo revictimizadas”, puntualizó Castañeda.
Jhosselyn Pájaro, vocera de la Mesa Departamental LGBTI y presidenta de la Fundación para la Comunidad Diversa de Arjona, también asegura que si bien no existen todas las garantías para salir a denunciar, es necesario hacerlo para dar a conocer la realidad en la que vive esta población en materia de violencia y discriminación. “Ha faltado denunciar estos hechos para que la institucionalidad sepa y tenga conocimiento de lo que está pasando y pueda ejecutar acciones para restablecer nuestros derechos”, afirmó.
El director de Caribe Afirmativo, Wilson Castañeda, aseguró que el Estado debe comprometerse a activar una línea de investigación de violencia por prejuicio con el fin de darle un enfoque diferencial a los hechos que se dan en contra de esta población.
“Nos preocupa el alto nivel de impunidad, poco se investiga por parte de la Fiscalía y las investigaciones que se realizan dan cuenta de los autores materiales, no de los intelectuales. La Fiscalía no está indagando por qué pasó, se está enfocando únicamente en indagar quién lo hizo. Estamos seguros de que sabiendo los motivos de por qué pasó podemos prevenir estas violencias”, afirmó Castañeda.
También aseguró que ha faltado la implementación de una política pública LGBTI y de mecanismos de protección para las personas con mayor vulnerabilidad ante estos casos.
“Nos preocupa la ausencia de compromiso de los Estados locales, llámense alcaldías o gobernaciones, para prevenir la violencia y sobre todo trabajar la cultura ciudadana. Nos sigue preocupando el alto nivel de involucramiento negativo que está teniendo la Policía y los cuerpos de seguridad del Estado, pues no están protegiendo los derechos de la población LGBTI y en algunos casos, como devela el informe, están siendo los perpetradores de esta violencia”, manifestó Castañeda.
En este sentido, las acciones gubernamentales deben estar encaminadas a trabajar fuertemente en la cultura ciudadana de todos los territorios con el fin de romper con los imaginarios y prejuicios que anteceden a la violencia. Así mismo, deben existir protocolos de atención especial que logren dar cuenta de los riesgos a los que está expuesta esta población y prevenirlos.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, indicó que el objetivo de la presentación del informe era poder visibilizar la problemática de la población LGBTI en el país y poder hacer los esfuerzos correspondientes con las entidades involucradas para erradicar estas violencias.
Así, al final del informe se establecen unas recomendaciones a la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior, la Procuraduría, la Policía, el Inpec, el Ministerio de Salud, y a las entidades que integran el Grupo Técnico de la Política Pública Nacional LGBTI para que tomen las acciones que les competen con el fin de mitigar esta problemática.
