El fraude se ha erigido como una de las principales amenazas para las víctimas del conflicto en Colombia y en una de las mayores preocupaciones para el Gobierno nacional. Así lo reveló Ramón Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Víctimas, quien aseguró que, a junio de 2019, se registraron un total de 6.796 quejas de presuntas falsas víctimas, de las cuales 2.402 han sido denunciadas ante la Fiscalía.
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Rodríguez sostuvo que gracias a la depuración del Registro Único de Víctimas (RUV) que adelanta la unidad se inició la clasificación de casi 15.000 registros con posibles inconsistencias, de los cuales se han excluido 6.177 declaraciones del RUV, lo cual representa un total de 35.175 falsas víctimas excluidas del registro.
De esas 6.177 declaraciones que fueron excluidas del RUV, 619 hacen parte del departamento de Bolívar, representando unas 2.971 personas de las 35.175 de las falsas víctimas excluidas en el país, ocupando así el segundo lugar de los departamentos con más falsas víctimas. Solo fue superado por Magdalena, que registra 5.124 registros falsos, es decir, 30.445 personas que también fueron excluidas.
Estos hallazgos fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación para que se inicien las investigaciones correspondientes, indicó Rodríguez.
“De las 6.177 declaraciones que se excluyeron del registro y que representan más de 34 mil falsas víctimas que salieron del registro, Bolívar tiene el 10% de los registros excluidos, es el segundo departamento con más falsas víctimas después de Magdalena”, reafirmó.
De acuerdo con los cálculos hechos por la Unidad, debido a este fenómeno se han llevado unos $6.700 millones que debieron ser entregados a las verdaderas víctimas.
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“La denuncia que hicimos está por un monto de unos 6.700 millones de pesos, la mayoría de estos recursos pertenecen a la ayuda humanitaria”, dijo el funcionario.
Las inconsistencias
Son varias las modalidades de estafa que se han identificado. Desde organizaciones fachada que contactan a las víctimas con el fin de prometer subsidios, indemnizaciones, vivienda y todo tipo de beneficios, hasta quienes falsifican documentos, identidades o piden votos a cambio de celeridad en los procesos.
“Empezamos a encontrar inconsistencias. Por ejemplo, hay supuestas víctimas que dicen ser de algún corregimiento o un municipio, pero que realmente nunca han vivido en ese lugar y en el Sisben aparecen en otro municipio. Esos cruces de la red nacional de información nos permiten generar las alertas”.
Las cifras de la unidad revelan que de las 6.796 quejas que se presentaron hasta junio, el 76% corresponde a presuntas falsas víctimas por los delitos de falso testimonio, fraude procesal y fraude en el Registro Único de Víctimas. El restante 24%, corresponde a los delitos de estafa, falsedad en documentos, fraude de subvenciones, falsedad personal, entre otros.
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Con el fin de evitar el fraude, la unidad ejecuta la campaña “Que no le echen cuentos”, una estrategia de prevención que pretende no solo detectar registros falsos de víctimas, sino evitar que intermediarios puedan aprovecharse económicamente de las víctimas.
En este sentido, Rodríguez recordó que todos los trámites con la unidad, así como con todas las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), son gratuitos y no requieren de terceros.
“Ningún trámite tiene costo, las víctimas no necesitan terceros para hacer los procesos”, recordó Rodríguez.
