La Contraloría General de la República dio a conocer que adelanta actualmente 363 procesos de responsabilidad fiscal en el departamento de Bolívar por una cuantía que alcanza los $279.188 millones, por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
Le puede interesar: PAE, centros de salud y canal Ricaurte, en la lupa de la Contraloría
De este total, 322 procesos son liderados por la Gerencia Departamental de la Contraloría; 23 procesos por la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo; 9 procesos por la Unidad de Investigaciones Especiales para la Corrupción; y otros 9 por la Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías.
Estos son algunos de los procesos que destaca la Contraloría.
1. Servicios de consulta médica
Cuantía del daño: $48.434 millones
Este es el proceso más cuantioso que adelanta la Contraloría General de la República en Bolívar. El contrato fue celebrado en 2017 y su objetivo era “prestar el servicio de consulta médica general de segunda opinión para la evaluación y seguimiento del paciente hospitalizado y el paciente crónico ambulatorio, así como el control del riesgo secundario y terciario”.
Este contrato fue suscrito inicialmente entre la firma Aplisalud S.A. IPS y la Cooperativa de Desarrollo Integral Coosalud. Posteriormente fue cesionado a la Sociedad Coosalud EPS S.A. por un valor de $25.500 millones.
“El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en la auditoría a los recursos públicos administrados por Coosalud EPS S.A. para las vigencias 2017 y 2018, adelantada por la Gerencia Departamental de la CGR en Bolívar, donde se encontró que, sin mediar la solicitud de los usuarios, se registraron y gestionaron servicios por concepto de ‘segunda opinión médica’, lo cual dio lugar a la normalización de esta figura, a pesar de que aquella se entiende incorporada en la prestación ordinaria del servicio de salud”, explicó el ente de control.
En este proceso también se constató que los recursos pagados por este tipo de contrato correspondían al régimen subsidiado, pero dentro de la relación de usuarios que accedieron a los servicios de salud proporcionados por la firma Aplisalud S.A. IPS se encontró la atención de pacientes pertenecientes al régimen contributivo.
2. Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado en Cantagallo
Cuantía del daño: $17.876 millones
La Contraloría investiga presuntas irregularidades en contratos para el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de Cantagallo, suscritos entre los años 2015 y 2016.
Lea: Estos son los cargos que la Procuraduría formuló a exalcaldesa de Cantagallo, Bolívar
El ente de control evidenció que se presentaron falencias en la etapa precontractual para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, específicamente en la elección del terreno para el proyecto y la elaboración de los estudios de suelo.
Se determinó que los proyectos no satisfacían las necesidades para las que fueron concebidos y contratados, dado que aún los servicios no se prestan a la comunidad a pesar de que su contratación fue hace varios años.
3. CDI en Clemencia
Cuantía del daño: $4.681 millones
La construcción de un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en el municipio de Clemencia también está en la lupa de la Contraloría. El contrato fue suscrito en 2017 entre Findeter y el consorcio contratista CDI Clemencia por un valor de $4.681 millones.
De acuerdo con el ente de control, el proceso tuvo su origen en una denuncia. Se evidenció que el proyecto no había sido entregado ni puesto en funcionamiento. Además, las obras ejecutadas presentaban deterioro y deficiente calidad.
4. Proyecto de vivienda en San Pablo
Cuantía del daño: $4.266 millones
Este proyecto de vivienda de interés prioritario en el municipio de San Pablo fue contratado en 2015 y suscrito por la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Santander y la Unión Temporal Enraizar II por un valor de $5.592 millones.
Se constató que este proyecto se encuentra suspendido y abandonado. Además, algunas unidades de vivienda fueron ocupadas por personas diferentes a los beneficiarios.
5. Fortalecimiento de la productividad, en Cantagallo
Cuantía del daño: $4.061 millones
En 2019 fue celebrado un contrato cuyo objeto era el “fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector palmero en el municipio de Cantagallo, Bolívar”. Fue realizado entre la Alcaldía y la Unión Temporal Palma Gallo 2018, por un valor de $7.799 millones. También es objeto de investigación el contrato de interventoría con la firma Diotrex S.A. por $545 millones.
El ente de control constató que a pesar de que el contrato alcanzó una ejecución financiera del 50%, no se evidenciaron avances en el cumplimiento de los indicadores contractuales acordados.
6. Optimización del acueducto de San Juan Nepomuceno
Cuantía del daño: $3.364 millones
La Contraloría investiga presuntas irregularidades en un contrato celebrado en el 2014 para la optimización del sistema de acueducto en el municipio de San Juan Nepomuceno, suscrito entre Aguas de Bolívar y la Unión Temporal San Juan 2014 por un valor de $4.757 millones.
Lea aquí: “Prometieron que tendríamos agua todos los días y no es así”: San Juan Nepomuceno
El ente de control evidenció falencias en el plazo pactado en el contrato de obra, que era de 180 días pero a la fecha de la configuración del hallazgo habían transcurrido 5 años sin que se terminaran los trabajos contratados.
“Ellos se debió debido a debilidades en la etapa precontractual, relacionadas con la selección de los terrenos para realizar los trabajos, el cronograma de actividades y el trámite de permisos y licencias”, explicó la Contraloría.
7. Unidad deportiva Bonanza, Turbaco
Cuantía del daño: $2.483 millones
En este caso la Contraloría investiga presuntas irregularidades en la ejecución del convenio de asociación y cooperación entre el municipio de Turbaco y la Asociación de Municipios del Sinú para la construcción de la Unidad Deportiva Bonanza Primera Etapa Turbaco Bolívar, el cual fue celebrado en 2012 por un valor de $2.680 millones.
Lea: “Si van a entregar algo, que lo hagan bien”: habitantes de Bonanza
El ente de control evidenció que aunque las obras fueron terminadas y recibidas, la entidad territorial no adelantó los trámites relacionados a la liquidación del contrato de obra ni desplegó acciones para su mantenimiento, cuidado, conservación o aseguramiento.
“Esto generó un deterioro prematuro de las obras con la consecuente afectación y merma del servicio que con dicha infraestructura pretendió ofrecer a los habitantes de la Ciudadela Bonanza del municipio de Turbaco, constituyéndose así en un detrimento patrimonial al Estado por el total de los recursos invertidos en dicho proyecto”, aseguró la Contraloría.
Otros procesos que investiga el ente de control en el departamento son:
- Presuntas irregularidades en la construcción del sistema de alcantarillado del corregimiento Las Palmas, en el municipio de Morales (Cuantía del daño: $1.963 millones).
- Presuntas irregularidades en la construcción de 624 soluciones de vivienda en el proyecto de Urbanización Enraizar III Etapa en el municipio de San Pablo (Cuantía del daño: $1.683 millones).
- Construcción de 204 viviendas de interés social rural para los municipios de El Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno, Marialabaja y San Jacinto (Cuantía del daño: $1.094 millones).
