Según la Defensoría del Pueblo, durante el 2022, un total de 215 líderes sociales fueron asesinados en Colombia, siendo esta la cifra más alta que se ha registrado desde el 2016, año en que se comenzó a llevar registro de estos homicidios. De hecho, en comparación al 2021 se presentaron 70 casos más, pues en ese año se reportaron 145 asesinatos.
La institución indicó que en 2022 los líderes que más víctimas mortales tuvieron fueron los comunales (63), seguido de los indígenas (47) y los comunitarios (36).
“No solo se trata de cifras. Hay que pensar en 215 familias duramente golpeadas y en las comunidades afectadas que se quedan sin las personas que luchan por sus derechos. Esto es una grave afectación para la base de la democracia porque se trata de líderes que recogen las inquietudes de la gente, son sus voceros y los que trabajan por un país donde se respeten los derechos humanos”, expresó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, tras dar a conocer el informe.
En Bolívar
El departamento de Bolívar figura como el sexto con más casos de asesinatos a líderes sociales con 11 muertes. Lo superan Nariño (35), Cauca (26), Antioquia (22), Putumayo (22) y Valle del Cauca (12). Desde la Defensoría del Pueblo destacaron que estas zonas coinciden con aquellas donde se ha ratificado la presencia de grupos armados ilegales y organizaciones de crimen organizado.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ubica tres de los casos registrados en Bolívar en el municipio de Magangué, siendo este el que más homicidios de este tipo presenta.
Natanael Díaz Iriarte fue una de estas víctimas. El reconocido líder del corregimiento de Tacasaluma fue sorprendido por sicarios el pasado 1 de octubre cuando se movilizaba en su vehículo hacia el casco urbano del municipio.
Dos meses después se registraron dos homicidios más en Magangué: el 8 de diciembre mataron a Luis Manuel Peña en el barrio Dos de Noviembre, mientras que el 10 de diciembre asesinaron a Juan Navarro Manjarrez, en el barrio Montecarlo.
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Los demás casos también se registraron en municipios del sur de Bolívar. El 5 de marzo fue asesinado en Barranco de Loba, Eduardo Emilio Vanegas, quien integraba la Junta de Acción Comunal Minera del corregimiento de Pueblito Mejía y además estaba en la lista nacional de víctimas por desplazamiento.
En Cantagallo, el 25 de abril, asesinaron al presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Esperanza, Ermirson Rivera, quien fue sacado violentamente de su casa por hombres armados que luego lo asesinaron junto con su cuñado, quien se encontraba con él.
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El 6 de mayo, en Norosí fue asesinado el líder Ever Ortega, quien era presidente la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Santa Helena, y el 6 de diciembre mataron a Filadelfo Anzola, quien era defensor de derechos humanos en el municipio de San Pablo.
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Estos son apenas 7 de los 11 casos que contabiliza la Defensoría del Pueblo, que espera que este año puedan disminuir los asesinatos en todo el país.
“Se esperaría que los diálogos con el ELN y el cese bilateral con otros grupos armados ilegales signifique también una disminución de las acciones contra líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos en todo el territorio nacional y se ponga fin a esta situación en contra de esta población”, concluyó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) también registró el asesinato de dos firmantes de la paz en Bolívar durante el 2022.
Uno de ellos es Manuel Antonio Torres, quien fue asesinado en Norosí y realizaba su proceso de reincorporación en el departamento del Cesar. Este hecho ocurrió el 17 de diciembre.
La otra víctima fue Rafael Navarro Salgado, asesinado el 21 de diciembre en Simití. También se encontraba en proceso de reincorporación.
Según Indepaz, 348 excombatientes de las FARC han sido asesinados en todo el país desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.
