La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 029 del 2022 para las comunidades de los municipios de Baranoa, Polonuevo, Luruaco, Sabanalarga y Repelón en el departamento de Atlántico,
Esto luego de comprobar que están en alto riesgo de vulneración a sus derechos, debido a la presencia y por las disputas entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas como ‘Clan del Golfo’, y los grupos locales y regionales de criminalidad organizada.
Ante ello, el ente presentó 15 recomendaciones a entidades nacionales y regionales para que tomen acciones preventivas para proteger a la ciudadanía.
“Quienes buscan el control territorial y social de estos cinco municipios, que conforman una zona geoestratégica para el manejo de economías ilegales dentro y fuera del país, en particular del narcotráfico”, dijo Carlos Camargo, defensor del Pueblo.
“En una visita dos meses atrás, verifiqué de primera mano la problemática social y de seguridad que se vive en esta región del país. Y les solicité a las autoridades redoblar esfuerzos para frenar la extorsión, las amenazas y los homicidios y coordinar acciones para avanzar en soluciones de fondo”, sostuvo Camargo.
Agregó que el equipo del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo estableció riesgos para la vida, seguridad, libertad e integridad en contra de los líderes sociales, personas defensoras de los derechos humanos, comerciantes formales e informales, comunidades indígenas y afrodescendientes, entre otros grupos sociales.
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“En esta alerta temprana 029 de 2022, no sólo advertimos los riesgos y vulneraciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, también les hacemos 15 recomendaciones a las autoridades con el propósito de que se tomen las medidas necesarias con la pertinencia y debida diligencia que permitan garantizar la vida e integridad de estas comunidades”, afirmó.
Dentro de las recomendaciones que se hacen están la de realizar campañas para prevenir y atender las amenazas y extorsiones contra las comunidades, además se pide que se refuerce la presencia Institucional de la Policía y la Fiscalía. Al ICBF, la Gobernación del Atlántico y la Consejería para los Derechos Humanos, se le solicitó coordinar acciones para prevenir el reclutamiento, el uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, entre otras medidas.
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Manifestó que los homicidios selectivos y múltiples, la extorsión, las amenazas, están afectando de manera directa a las comunidades de estos municipios, en especial, a comerciantes, transportadores, población infantil, adolescente y juvenil. A lo que se le suman diferentes formas de violencia basada en género, entre ellas, la sexual, dirigidas a mujeres y a población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (OSIGD), quienes también son víctimas de violencia por prejuicio.
“Recordamos a las autoridades que las acciones de prevención y disuasión del contexto de amenazas deben involucrar la fuerza integral del Estado y propender por la transformación de las profundas condiciones de precariedad de pobreza, bajo un enfoque de seguridad humana y garantía de los derechos de las comunidades”, terminó diciendo el Defensor del Pueblo.
