El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, denunció que durante una visita a la cárcel El Bosque de Barranquilla no le fue permitido el ingreso de cámaras para tomar evidencias de la situación general de derechos humanos de los reclusos y de manera particular de su situación de salud. Lea aquí: Así se maneja el tercer pico de contagios en cárceles de Colombia
Durante su visita, sin embargo, aprovechó para hacer un llamado a la Fiduciaria Central, al Fondo Nacional de Salud de la Población Privada de la Libertad y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia (Uspec), entidades encargadas de la prestación del servicio de salud en los centros carcelarios del país, para que de manera urgente solucionen los problemas de contratación del personal encargado de la atención para que no se vulnere el derecho a la salud de las personas que están privadas de la libertad. Lea también: Malas condiciones de alimentación en las cárceles, un problema latente
La Defensoría del Pueblo informó la difícil situación que se vive en ese centro de reclusión por el cese de actividades, ante la falta de pago a los profesionales de la salud, lo cual se repite en la mayor parte de lo centros de reclusión del país, lo cual se ha venido agudizando en las últimas semanas.
“El acceso a la salud es requisito imprescindible, por lo cual es inadmisible que se interrumpa la atención médica por razones presupuestales o administrativas, pues esto vulnera los derechos fundamentales de los 1.743 privados de la libertad en la cárcel El Bosque y La Modelo de la capital del departamentos el Atlántico, al igual que en los establecimientos penitenciarios y carcelarios de Salamina (Caldas) y Apartadó (Antioquia), donde no se han contratado los servicios médicos”, dijo Carlos Camargo.
“Hicimos un análisis en 33 establecimientos penitenciarios del orden nacional en los que se pudo constatar que por lo menos en el 45% se reportan demoras o faltas de pago de los honorarios de los profesionales de la salud, desde el primero de julio cuando el servicio quedó en manos de la Fiduciaria Central”, manifestó el Defensor del Pueblo.
Un informe de la Defensoría del Pueblo permite constatar que sólo en el 24% de los centros penitenciarios analizados, se presta el servicio de salud de manera continua los 7 días de la semana, las 24 horas. En el 45% se presta el servicio 8 horas al día; 18% presta el servicio 4 horas al día y el 12% de los centros de reclusión reportados no están prestando el servicio de medicina general por falta de contratación y pago de honorarios.
“Las entidades encargadas deben desplegar todas las acciones requeridas para que las personas privadas de la libertad puedan continuar con el acceso al servicio de salud de manera efectiva, oportuna, eficiente, integral y en igualdad de condiciones”, dijo el Defensor del Pueblo.
Retrasos en las obras para ampliar cupos
En su visita a Barranquilla, Carlos Camargo también se refirió al retraso en las obras de infraestructura de varios establecimientos penitenciarios, cuyos nuevos pabellones deberían estar listos para operar al finalizar este año, pero cuyo avance llega al rededor del 60% para el caso de Santa Marta y Barranquilla.
La Defensoría del Pueblo ha podido constatar que a agosto de este año las obras civiles de infraestructura modular en el centro de reclusión de Ternera en Cartagena reporta un avance del 34 %, aun cuando la fecha de terminación está prevista para el 25 de noviembre de este año. En Itaguí la situación es similar pues el avance es del 37% y la fecha de terminación está contemplada para febrero de 2022.
“Reitero mi llamado a la Uspec para acelerar la ejecución de las cuatro obras modulares que se adelantan en los centros de reclusión de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta e Itagüí. Esto resulta fundamental para lograr el traslado de personas privadas de la libertad y disminuir la presión sobre los centros de detención transitoria, sobre las estaciones de Policía y sobre la URI, que actualmente enfrentan graves problemas de hacinamiento”, dijo el Defensor del Pueblo.
