El secretario del Interior, David Múnera, le hizo frente a las denuncias que un grupo de concejales hizo en su contra por el contrato del Distrito para el arriendo del lugar donde funciona la cárcel de mujeres de Cartagena, la cual está en jurisdicción del municipio de Turbaco (zona de conurbación).
Los concejales (Carolina Lozano, Katya Mendoza Saleme, Javier Julio Bejarano, Sergio Mendoza Castro y Lúder Ariza Sanmartín), denunciaron a Múnera ante la Procuraduría por presuntas irregularidades en dicho contrato.
“No existe entre el Distrito de Cartagena y el municipio de Turbaco algún tipo de convenio interadministrativo que permitiera el traslado y funcionamiento de la cárcel distrital de mujeres en predios de la jurisdicción de este último, hecho que implicaría un posible vicio de procedimiento y desconocimiento sistemático al principio de legalidad”.
Respecto a esto, el secretario del Interior señaló que el mencionado contrato se hizo en la administración de Pedrito Pereira (2019), y que si hay algún tipo de irregularidad debería empezarse a analizar todo lo que hizo la administración de este.
Sin embargo, aclaró que considera que el contrato se hizo de forma adecuada y que para ello la administración de Pedrito Pereira contó con el acompañamiento de los entes de control, contando con la misma Procuraduría.
“Todas esas diligencias se hicieron con el acompañamiento de la Procuraduría, con la debida aquiescencia del Inpec y la Uspec. Igualmente, se tuvo el visto bueno del municipio de Turbaco. Creo que ese predio tiene todos los permisos, porque fueron acciones que tuvieron el acompañamiento de entes ante la situación de emergencia que tenía la cárcel de mujeres en San Diego. Creo que se cumplieron con todas las formalidades legales por parte del gobierno de Pedrito Pereira”, indicó Múnera.
Así mismo, los concejales expresaron que el Distrito habría hecho inversiones en el centro de reclusión, pero Múnera señaló que esto es falso, asegurando que la administración de William Dau no ha hecho inversiones en este lugar.
Respecto al cambio de condiciones en el contrato, donde los concejales aseguran que hubo una reducción de los metros cuadrados que se alquilaron, el funcionario señaló que esto no es cierto y que los contratos así lo demuestran.
