Hoy el ámbito político de Cartagena esperaba que el Concejo Distrital eligiera un nuevo contralor distrital encargado, tras la renuncia irrevocable de Gustavo Núñez a ese cargo, tras su paso fugaz en reemplazo de Rafael Castillo Fortich, apartado de la entidad por la corporación edilicia.
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Sin embargo, eso no sucedió. El secretario general del Concejo, Julio Morales Nassi, presentó ante la plenaria una solicitud de recusación a varios concejales para que se declaren impedidos en temas relacionados a la Contraloría Distrital. La petición fue hecha por el veedor Jorge Quintana Sossa, representante de la Veeduría Quinta Ventana.
Quintana denunció por prevaricato por acción y fraude procesal a los concejales: Javier Julio Bejarano, Kattya Mendoza, Wilson Toncel, David Caballero, Sergio Mendoza, Lewis Montero, Luis Cassiani, Rafael Meza, César Pion, Laureano Curi y Luder Ariza, actores clave en la elección de Gustavo Núñez, el pasado jueves por la noche.
Ante la representante de la Procuraduría, en la sesión, todos los concejales argumentaron que para aceptar o no la recusación, harán uso de tres días hábiles, como dispone la ley y el reglamento del Concejo. Los cabildantes explicaron que en este periodo estudiarán la solicitud con sus asesores jurídicos.
Se retiraron del recinto
Como el tema principal de la plenaria estaba relacionado a la crisis institucional de la Contraloría Distrital, los concejales recusados pidieron permiso para retirarse mientras se dirime el proceso. Por su parte, Gloria Estrada, presidenta del Concejo, siguió con la plenaria.
“Recordarle a la ciudadanía que hay tres concejales impedidos para tratar temas relacionados con la Contraloría Distrital. Hay un grupo de 11 concejales que solicitaron permiso para retirarse del recinto. Contestaron el llamado a lista cuatro concejales y uno está ausente. Tenemos quórum para avanzar”, precisó Morales Nassi.
El secretario leyó la carta de renuncia de Gustavo Núñez como contralor distrital en calidad de encargo. Carolina Lozano expresó que: “Teniendo en cuenta el término legal para aceptar o rechazar la renuncia, solicito que esperemos los tres días solicitados por los concejales recusados”, dijo Carolina Lozano.
Sin embargo, Gloria Estrada tomó la palabra y declaró la elección de Núñez como inexistente. “Como concejal de Cartagena antes de poner en consideración la renuncia presentada por Núñez, yo quiero dejar la constancia de que su elección fue viciada, ilegal e inválida”.
“No puede renunciar a lo que nunca fue”
Gloria Estrada hizo un recuento de los hechos. “El 28 de julio se decidió terminar el encargo de Castillo Fortich, que iba hasta el 18 de agosto, pero no se evidencia ningún acto administrativo que indique tal decisión. Luego se eligió y se posesionó a Nuñez ante una Mesa Directiva ad hoc. Dicho acto protocolario se reseñó en un oficio que si se revisa se trata de una resolución que autoriza el permiso remunerado a una funcionaria del Concejo.
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Además, la concejala del Partido Liberal agregó que la directora de Talento Humano de la Contraloría Distrital, Paola Andrea Saladent, constató que no recibieron ningún acto administrativo que contenga la elección de Núñez como contralor encargado.
“Esto es un problema jurídico, pues no es posible posesionarse en un cargo público sin haber un acto administrativo que lo oficialice. La voluntad del Concejo se manifiesta mediante actos que producen efectos jurídicos como consecuencia del uso de competencias constitucionales y legales, previas al cumplimiento de los procedimientos y formalidades. Incumplir con estos principios desvirtuaría al acto administrativo pues adolecería de vicios”, precisó Estrada.
Y concluyó: “En este caso concreto, Gustavo Núñez nunca fue contralor distrital, pues el sentir de la plenaria y de su supuesta elección nunca se materializó en un acto administrativo de nombramiento en los términos legales establecidos. Igualmente se tiene que no existe un acto administrativo que haya terminado de forma anticipada el encargo de Rafael Castillo. Por ende, su situación jurídica no ha sido modificada ni está extinta, por lo que sigue en el cargo como contralor encargado”.
Conclusiones legales
Estrada explicó que en términos legales los actos administrativos tienen validez cuando son expedidos, pero solo son vinculantes desde el momento de su publicación. “La publicidad es el principio rector según la Constitución Política. Eso reafirma que Núñez nunca fue contralor, por ende, ningún pronunciamiento debe dirimirse porque nadie puede renunciar a lo que nunca fue”, aseguró.
Las conclusiones leídas por Estrada fueron firmadas también por Carolina Lozano, vicepresidenta del Concejo, por lo que se abstienen a participar de una sesión que acepte o no la renuncia de Núñez. El documento fue aportado a la Secretaría General del Concejo e instaron a que todos los elementos sean conocidos por los entes de control.
“Aún no sé si seguiré en el encargo”
El Universal contactó a Rafael Castillo Fortich para conocer su posición con lo establecido por Estrada, a lo que expuso: “La situación es clara. No existe acto administrativo que termine mi encargo ni tampoco existe acto administrativo que encargue a otro contralor. Sin embargo, debo analizar lo que es más conveniente para mi carrera profesional para definir si seguiré con el encargo. Pero legalmente hoy el contralor soy yo hasta que sea notificado de la terminación de mi encargo”.
Ante la crisis institucional que se vive en la Contraloría de Cartagena, los servidores públicos de la entidad se declararon en asamblea permanente. Además, solicitaron una audiencia pública con el Concejo antes de que se escoja un nuevo contralor encargado.
Su huelga se traduce en lo siguiente: “Estamos preocupados por la situación de nuestra entidad que nos afecta en nuestra honra, solicitamos que se nos escuche y así tanto concejales como ciudadanía cartagenera conozcan la situación actual de la institución. Una entidad que se encuentra en déficit presupuestal de aproximadamente 1600 millones de pesos, causados por la mala gestión de los gastos de funcionamiento. Un hueco presupuestal que hoy nos tiene en crisis pues se adeudan los salarios y pagos de seguridad social de noviembre y diciembre de 2022”, denunciaron.
Los funcionarios de la Contraloría aprovecharon para instar al Concejo a elegir lo más pronto posible un contralor distrital en propiedad. “De esta manera se recuperaría la honra y dignidad institucional, ante la percepción negativa del ciudadano de nuestra entidad, algo que no nos compete ni es nuestra culpa. Por eso estaremos en asamblea permanente, en otros términos, en cese de actividades, hasta que se elija un contralor titular y se acabe la politiquería, los favores electorales y las OPS en la Contraloría”, señalaron.
