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¿Quiénes son los presuntos implicados en el complot contra Gloria Estrada?

Tras analizar las evidencias, el juez Guido Guevara expresó su decepción si se constata la veracidad del montaje, supuestamente orquestado por políticos y policías.

“Es lamentable que se pueda permear una institución como la Policía, la que debe ser garante de los derechos ciudadanos. Sentí decepción cuando escuché los testimonios en contra de los agentes de Policía”, expresó ayer el juez Guido Guevara al dejar en libertad a la concejala Gloria Estrada, a Martín Barreto y a Avelino Villamizar.

(Lea: Juez deja en libertad a Gloria Estrada, Martín Barreto y a Avelino Villamizar)

Los tres seguirán en la investigación por presunto porte y tráfico de estupefacientes, tras ser capturados el pasado 14 de enero mientras se movilizaban en una camioneta, en la que supuestamente cargaban un kilo de cocaína. Luego de analizar el material probatorio aportado por la defensa el togado declaró que es congruente desvirtuar la inferencia de autoría criminal por parte de la política y sus compañeros.

El presunto complot

El lunes pasado, el abogado de Gloria Estrada, Enrique del Río, expuso una serie de testimonios y material audiovisual que comprobarían que todo se trató de un montaje, un falso positivo orquestado, al parecer, por políticos locales y policías. Las pruebas clave fueron los testimonios ante la Fiscalía de dos uniformados del CAI de Manga y un audio en el que el capitán de la Policía, Iván Darío Cadena Tanganá, relataba cómo fue diseñado el complot.

Los policías denunciaron que el patrullero Alexander Salas, protagonista de la captura, se acercó a varios compañeros con una jugosa oferta de 15 millones de pesos, por cabeza, para quien interviniera en un falso operativo con el fin de colocar la droga y aprehender a la concejala y a su pareja, Martín Barreto.

Por su parte, el policía Cadena, exalto miembro de la Sijin en Cartagena y hoy trasladado a Arauca, narró que la supuesta conspiración se fraguó en la casa del concejal Luis Cassiani, donde el edil de la localidad 2, Pedro Aponte, y el alcalde menor de la misma localidad, Andy Reales, ofrecieron 40 millones de pesos a uniformados para “hacerle la maldad” a sus enemigos, como retaliación de una pugna por el control político de esa localidad.

El “Florero de Llorente”, tras las tensiones por el control del presupuesto local, habría sido la suspensión al alcalde Reales, por parte del contralor distrital (e), Rafael Castillo Fortich, quien muchas voces en la ciudad, incluida la del alcalde William Dau, lo definen como aliado de Gloria Estrada. Algo que él reiteradas veces ha negado y solo ha expuesto: “Solo nos une una relación vecinal al vivir en el mismo edificio”.

Luis Cassiani

El concejal del partido Cambio Radical se hizo en el grupo de la senadora Daira Galvis y fue la segunda votación más alta de la lista de Cambio Radical en Cartagena al Concejo en 2015, siendo superado solo por Vicente Blel Scaff, hoy gobernador de Bolívar.

En 2018, un juez de Control de Garantías le impuso detención domiciliaria al ser uno de los concejales involucrados en el caso de la elección irregular de la contralora distrital, Nubia Fontalvo Hernández, en 2016. Sin embargo, quedó libre en 2019 de los delitos de prevaricato por acción y cohecho propio, por vencimiento de términos. Duró 258 días con medida de casa por cárcel.

El 31 de agosto de 2020, la Procuraduría le formuló cargos por prevaricato por acción junto al exalcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque. Esto se debe a que presuntamente comprometieron vigencias futuras por 15 años, que superaron los $343.067 millones, para ejecutar obras de saneamiento básico, por medio del Proyecto de Acuerdo 39 de 2016, que posteriormente se convirtió en el Acuerdo No. 23 del 27 de diciembre de 2016. En este se aprobaron vigencias futuras excepcionales, sin que se cumplieran los requisitos y las reglas previstas en la ley para la aplicación de esta figura presupuestal.

El mismo año, un informe de Funcicar resaltó que fue el concejal con más inasistencias a sesiones en el Concejo de Cartagena.

Pedro Aponte

Del mismo partido de Luis Cassiani, fue elegido edil de la localidad 2 en 2015 y logró su reelección para el actual periodo. Una polémica se ha cernido en él desde su primera victoria electoral, pues días después de las votaciones, unos habitantes del barrio El Socorro lo denunciaron por haber presuntamente atacado su vivienda e intentado asesinar a miembro de una familia.

Según los denunciantes, el edil llegó hasta la residencia en compañía de nueve hombres armados y luego de lanzar improperios contra la familia, intentó ingresar a la misma forzando la puerta y rompiendo una de las ventanas de la casa.

El suceso, que quedó registrado en una cámara de seguridad cercana al sitio, ocasionó que una señora de 75 años que vive en la casa tuviera una crisis nerviosa por lo cual tuvo que ser trasladada a un centro asistencial para ser atendida.

Todo se habría tratado por una deuda. Según los habitantes de la vivienda, el ataque fue la respuesta al no pago de una de una deuda de aproximadamente $15.000.000 que uno de los miembros de la familia tenía con Aponte. La familia interpuso la denuncia en la Fiscalía y les fue otorgado el amparo policial preventivo para evitar posteriores ataques. Sin embargo, pasaron los años y el edil siguió su crecimiento en la política local.

Andy Reales

Alcalde menor de la Localidad 2, desde marzo de 2020, luego de ser nombrado “con cierta reticencia” por el alcalde William Dau. Ha estado involucrado en diversas polémicas por contrataciones de su despacho. El 2021 fue un año cruento para su gestión, pues llamó la atención de veedurías y de medios de comunicación por multimillonarios contratos.

Por ejemplo, $1.499 millones para contratar la dotación y/o suministros de elementos de bioseguridad para prevenir riesgos asociados al COVID-19 y $1.500 millones para la compra de libros con la temáticas de paz. Los contratos indignaron a la Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asojac) de la Localidad 2.

El pasado diciembre, la Personería le abrió un pliego de cargos por presuntas irregularidades en un contrato para la entrega de ayudas humanitarias a habitantes, en el que al parecer no se realizaron estudios previos ni estudios de mercado”. El 31 de ese mes, William Dau lo suspendió dada la orden de la Contraloría Distrital, pues adelantaban una investigación en su contra. Es esta la suspensión que habría detonado la guerra contra Estrada.

Recientemente, la suspensión se cayó, pero la Contraloría advirtió que tendrían la lupa en las Alcaldías locales, pues en un informe de Funcicar se evidenció que las localidades gastaban cifras multimillonarias en capacitaciones.

Los policías

En la grabación de la conversación entre Martín Barreto y el capitán de la policía, Iván Darío Cadena Tanganá, el oficial relató que el acuerdo presuntamente pactado en casa de Cassiani se dio con el mayor Gustavo Adolfo Bueno.

¿Quiénes son los presuntos implicados en el complot contra Gloria Estrada?

Mayor Gustavo Adolfo Bueno Aguila, comandante del Cuarto Distrito de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Por otro lado, está el capitán Iván Darío Cadena Tanganá, quien hay muchas inquietudes sobre su participación en la trama y sobre por qué le confesó todo a Barreto en su residencia. Al parecer, lo une una cercanía de vieja data con Luis Cassiani, quien supuestamente intercedió para que este uniformado sea condecorado en el Concejo; y, además, fortaleció su relación con Pedro Aponte, luego de apersonarse del robo de un reloj Rolex que el edil sufrió hace meses en Bocagrande.

Por último, los patrulleros del operativo Alexander Salas, hoy destituido por medidas disciplinarias, Luis Barbosa y Esneider López, quienes presuntamente habrían recibido una “vainita” de 15 millones de pesos.
Habla el comandante de la Policía
Ante las presuntas irregularidades de policías de Cartagena, el comandante de la MECAR, brigadier general Nicolás Zapata, expuso: “Apenas se supo de los supuestos actos de personal adscrito de nuestra institución se abrieron tres investigaciones disciplinares y una penal. Igualmente, hay dos uniformados destituidos e inhabilitados por diez años, en primera instancia. La Policía rechaza todo acto en contra del honor y la disciplina de esta institución, por ende, colaboramos completamente con las autoridades que investigan los hechos”.



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