El senador de la Colombia Humana, Gustavo Bolívar, manifestó que se vio obligado a salir del país por cuenta, según su versión, de las pocas garantías de seguridad que tiene en el territorio nacional, sumado a las diversas amenazas que ha recibido en estos últimos meses. Lea: Gustavo Bolívar anunció que salió del país por ‘múltiples’ amenazas
Bolívar expresó que es blanco de una persecución, que la Unidad Nacional de Protección, UNP, no ha estado a la altura de sus denuncias y que, conforme a su acusación, no quieren brindarle el servicio de protección en los recorridos que hace en las regiones.
El senador manifestó que aproximadamente hace 15 días le reclamó a la UNP debido a que le hicieron saber que no había disponibilidad de servicio en su visita a Barranquilla para el lanzamiento del Pacto Histórico en esa ciudad. Situación similar se vivió el fin de semana anterior cuando volvió a solicitar el servicio y le fue negado.
“Llegué al aeropuerto totalmente solo y desprotegido, también desplazarme por varios municipios sin la ayuda, sin la prestación del servicio vital para mí como lo es la seguridad. Mientras el Congreso y la UNP se ponen de acuerdo en quién debe prestarme esa protección, he decido salir del país”, afirmó Bolívar en un video.
Añadió que acordó con el presidente del Senado, Juan Diego Gómez Jiménez, que tomará las comisiones y las plenarias de manera virtual así como lo están haciendo otros congresistas desde hace algunos meses con el fin de no abandonar el cargo y seguir sus funciones.
“Volveré al país cuando las condiciones de seguridad mejoren, cuando la UNP decida prestarme el servicio como se lo presta a muchos congresistas del partido Centro Democrático por fuera de la ciudad, menos a quienes estamos en la oposición. También le pedí medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque no estoy dispuesto a seguir arriesgando mi vida a como lo he venido haciendo”, remató el senador de la Colombia Humana.
En la mañana de este miércoles, el director de la UNP, Alfonso Campo Martínez, le salió al paso a lo denunciado por Bolívar. Negó las versiones del senador y reiteró que la entidad sí le ha brindado el apoyo y precisó que bajo el plan de austeridad del Gobierno, esa entidad firmó un acuerdo con el Senado para que asumiera los costos de los viajes.Además, dejó entrever que aún hay unas cuentas pendientes de pago por parte del senador Bolívar.
“Senador Gustavo Bolívar, su esquema de protección está en el deber de acompañarlo por el territorio nacional, mientras se asuman los gastos del traslado, como señala el convenio 1132 de 2021. ¡Pare la desinformación que tanto daño le hace a la democracia!”, escribió el director de la UNP en su cuenta de Twitter.
También expresó que Bolívar actualmente cuenta con un robusto esquema de seguridad que lo acompaña por todo el territorio y confirmó que si es necesario fortalecer el equipo de seguridad lo harán en coordinación con la Policía Nacional.
El rifirrafe no se hizo esperar y Bolívar ripostó desde la misma red social. “Desde el primer día hasta ayer he pagado mi gasolina y mis peajes. Tengo los recibos y lo pueden constatar los escoltas. Miente de nuevo el director de la UNP para desviar la atención sobre lo realmente importante: la seguridad de quienes estamos amenazados”.
LOS EPISODIOS MÁS RECIENTES
Durante lo corrido del año, Bolívar ha estado envuelto de diversas polémicas que lo han tenido protagonizando la agenda política del país en diversas ocasiones.
Recientemente se habló de la presunta financiación a la llamada primera línea del paro nacional con la que recibieron distintos accesorios con el fin de protegerse de los posibles enfrentamientos con la fuerza pública.
Por cuenta de esto, Bolívar tiene un proceso en la Corte Suprema de Justicia y otro en la Procuraduría. En ambos casos se evalúan elementos por las denuncias que recibieron las entidades. Sin embargo, un hecho en particular que se presentó esta semana se convirtió en un salvavidas para Bolívar.
Ante el Consejo de Estado, el Ministerio Público pidió que se rechazara la demanda que perseguía la pérdida de investidura del miembro de la Colombia Humana. El delegado del ente de control disciplinario expuso que en este caso no se violó el artículo constitucional que restringe a los funcionarios promover el apoyo financiero a movimientos políticos y candidatos, toda vez que la llamada ‘Primera Línea’ no es una organización política reconocida.
Previo a este episodio, el senador también fue denunciado por el actor Bruno de Díaz quien lo acusó de tener una deuda desde 2018 con su hijo fallecido, Diego Andrés Díaz Valdiri, por más de $180 millones por la construcción de unos paneles solares que usa el congresista en un hotel de su propiedad.
Días después se conoció que en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, el senador tendría una deuda grande con la entidad: evasión de impuestos por un monto cercano a los $1.300 millones.
EL RIFIRRAFE Y EL RESPALDO
Analizando la situación, el analista político Carlos Andrés Arias expresó que se podría considerar como una estrategia mediática para aumentar la figura de la victimización de los miembros del Pacto Histórico, dejando ver un desconocimiento institucional en el que hay un convenio propuesto por el mismo Senado.
“Los congresistas asumen los costos de sus esquemas de protección y estos son articulados con la Policía Nacional y no necesariamente por la UNP. Lo que hace Bolívar es confundir a la opinión pública mezclando el tema de su protección personal con la de defensores de derechos humanos en territorios que tienen medidas entregadas por el Comité de Evaluación y Riesgos y Recomendaciones de Medidas, Cerrem”, explicó el analista.
Arias afirmó que esa estrategia sí tiene un claro interés político electoral para aumentar el descrédito del Gobierno en relación a la dramática cifra de asesinatos a defensores.
Sin embargo, expresó que estas acciones se están haciendo desde las verdades a medias para dejar en la opinión pública la sensación de abandono estatal y desprotección que para el caso de los senadores no es responsabilidad de la UNP, sino de la Policía.
“Bolívar es un experto en el show mediático más que como legislador. Tiene muy claro que los colombianos nos quedamos con la denuncia y no con las aclaraciones y que la mayoría no entiende los intríngulis de los convenios de protección y responsabilidades que tienen las entidades respecto a diferentes grupos poblacionales”, expresó Arias.
Durante lo corrido del año, Bolívar ha estado envuelto de diversas polémicas que lo han tenido protagonizando la agenda política del país en diversas ocasiones.
Finalmente, el analista expresó que el político usa sus canales de comunicación para la construcción de su imagen pública, apoyada por demás militantes del Pacto Histórico para apalancar fenómenos de opinión en contra del Gobierno para aumentar la indignación.
De alguna u otra manera esto podría afectar al Pacto Histórico si se comprueba la dicha manipulación de Bolívar que podría estar ejerciendo por medio de las redes sociales, pero eso solamente se sabrá haciendo un estudio de percepción particular para investigar este fenómeno.
A favor de Bolívar han salido diversos políticos a apoyarlo, entre estos el exmiembro de la Cámara de Representantes, Alirio Uribe Muñoz (Polo Democrático), así como los senadores Iván Cepeda Castro y Aída Avella Esquivel.
Por supuesto, a estas voces se sumó la de su jefe Gustavo Petro. En su cuenta de Twitter escribió: “si el director de la UNP dice que los amenazados deben financiar el servicio de escoltas. Apague y vámonos. El Estado abandonó el principio de salvar la vida de sus conciudadanos, especialmente los amenazados”.
Reciba noticias de El Universal desde Google News Cuestionando la situación, la exdirectora del ICBF, Cristina Plazas, expresó que Bolívar tenía doble moral por un trino que publicó en el 2013 en el cual describía que los senadores que ganaban 40 veces más de un salario mínimo en ese entonces y trabajan menos deberían pagar su carro, gasolina, celular, arriendo, entre otros.
Comentario que fue replicado de la opinión expresada por el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao. Por otro lado el presidente Fedegan, José Félix Lafaurie, trinó que Bolívar no quería asumir los gastos que le corresponden por tener un esquema de seguridad, además de acusarlo de no pagar sus deudas.
“Se van de vacaciones y entonces inventan que salen del país porque están amenazados. Así hacen el incendiario, el narconovelista y el gobernador acusado de asesinato. La narrativa del Pacto Histérico”, expresó Félix en su cuenta de Twitter.
