A finales de mayo, el contralor distrital (e) de Cartagena, Rafael Castillo Fortich, le solicitó al presidente de la República, Iván Duque, la suspensión inmediata del alcalde William Dau Chamat, “mientras culminan las investigaciones y/o los respectivos procesos fiscales” por presuntas irregularidades en un contrato suscrito para mitigar los efectos de la pandemia de COVID-19. Por este mismo proceso fue separada de su cargo la directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), Johana Bueno.
Según la Contraloría, la denuncia de las presuntas irregularidades en el contrato fue presentada por el ciudadano Álvaro Ganem Issa. Sin embargo, en entrevista con El Universal, este desmintió haberla realizado. “No he puesto ninguna denuncia contra la directora del Dadis y tampoco contra el alcalde. Estoy a disposición de la Fiscalía para que investigue”, indicó Ganem Issa. (Lea: Dau será suspendido tras petición del contralor distrital a Iván Duque)
Después de la solicitud de Castillo, el mandatario de los cartageneros, con palabras de grueso calibre, cuestionó al contralor: “Unos concejales malandrines y su fiel perro ordenaron al presidente suspender al alcalde libre y democráticamente elegido por los cartageneros”. Posterior a los señalamientos contra algunos cabildantes y contra el representante de la Contraloría de Cartagena, el burgomaestre le hizo una solicitud al presidente Duque.
“Convoco al presidente Duque para que no se haga partícipe de un complot fraguado desde la clase política cartagenera. Están buscando suspenderme a mí un contralor ilegítimo y antidemocrático que fue encargado por cinco concejales. (...) Han solicitado al presidente mi suspensión inmediata del cargo que desconoce el estado social de derecho, la democracia y la constitución política de Colombia”, aseguró el alcalde.
Dau le solicitó al mandatario de los colombianos aplicar la excepción de inconstitucionalidad, que según el Consejo de Estado “es un instrumento establecido por el artículo 4° de la Constitución Política, cuya aplicación se alega para que en caso de presentarse contradicción entre una norma de rango legal y otra de rango constitucional, se aplique esta última, con el fin de preservar las garantías constitucionales, que sólo procede para resolver casos o situaciones concretas o subjetivas”. (También le puede interesar: “El Gobierno nacional no suspende”: Mininterior sobre suspensión de Dau)
No obstante, a pesar del recurso interpuesto por la Alcaldía de Cartagena, el alcalde Dau aseguró que, si el presidente Duque acepta la solicitud de suspensión, lo “tendrán que sacar con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) del Palacio de la Aduana”. Mientras tanto, en esta sede la incertidumbre aumenta al pasar los días por el desconocimiento de la decisión final del máximo mandatario de los colombianos.
Traslado al Ministerio del Interior
El Universal conoció que el presidente de la República, Iván Duque, tenía todo listo para admitir la suspensión del alcalde William Dau, pero la frenó tras la solicitud de aplicar la excepción de inconstitucionalidad hecha por el alcalde de Cartagena. Para saber si dicho recurso es procedente, la Secretaría Jurídica de la Presidencia trasladó la solicitud al ministro del Interior, Daniel Palacios.
“De manera atenta doy traslado de la comunicación de fecha del 31 de mayo de 2022, radicada en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y recibida por la Secretaría Jurídica esa misma fecha, por la cual el señor William Jorge Dau, alcalde electo de Cartagena, solicita la aplicación a la excepción de inconstitucionalidad frente a la Resolución 164 del 23 de mayo de 2022 de la Contraloría Distrital, por la cual se le suspendió de su cargo”, se lee en el documento.
¿Cuáles serían los argumentos?
Los argumentos que soportan el recurso interpuesto por el alcalde William Dau no han sido divulgados a la opinión pública. No obstante, el Distrito indicó en su momento que considera que la resolución viola el artículo 29 de la Constitución Política y la convención Interamericana de Derechos Humanos, que en su artículo 23 hace referencia al debido proceso y al derecho ciudadano de elegir y ser elegido.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado en dos casos emblemáticos, como han sido en Colombia el caso de Gustavo Petro, y en Venezuela el de Leopoldo López, señalando que las autoridades administrativas como las contralorías, no pueden limitar los derechos políticos de los funcionarios elegidos popularmente, pues solo los jueces penales de las repúblicas son los competentes para suspender o inhabilitar a estos funcionarios”, aseguró el mandatario el pasado 30 de mayo.
Y continuó: “Es por ello, que en aplicación del bloque de constitucionalidad y del principio de conformidad, la Presidencia de la República no puede ejecutar un acto que viola las mínimas garantías del artículo 23 de la Convención Americana al ser expedida por una autoridad administrativa ilegítima como lo es el contralor distrital (e) de Cartagena”. Finalmente, se sabe que el Ministerio del Interior tiene 10 días, después de recibir el oficio de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, para resolver el recurso interpuesto por el Distrito.
El presidente Duque tendrá que esperar el concepto del Ministerio del Interior para determinar si acoge la solicitud de la Contraloría Distrital de Cartagena o si procede el recurso de excepción de inconstitucionalidad interpuesto por el alcalde Dau.
Con la sonada suspensión del alcalde de Cartagena, William Dau, por parte del presidente Iván Duque, tras aceptar la solicitud de la Contraloría Distrital, ya se baraja en Bogotá los nombres de dos cartageneros que son altos funcionarios del Gobierno nacional.
El nombramiento presidencial de un alcalde ad hoc es un paso clave mientras el movimiento Salvemos a Cartagena envía una terna para que Iván Duque analice sus hojas de vida, y así, poder encargar a uno de ellos, entre tanto la Contraloría sigue con la investigación fiscal.
Uno de los nombres de esa terna, Augusto ‘Tuto’ Vidales, fue criticado por el alcalde Dau, pues según aseguró, no hace parte de su movimiento. Según fuentes, el presidente Iván Duque estudia las hojas de vida de Irvin Pérez, actual presidente de Fontur y exdirector de la Corporación de Turismo de Cartagena, en la Alcaldía de Pedrito Pereira; y el de Ariel Zambrano, subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UGNRD), y exdirector de la Oficina de Gestión del Riesgo en Bolívar, bajo el mandato de Dumek Turbay.
