El alcalde de Cartagena, Wllliam Dau, a través de su nueva iniciativa a la cual ha denominado “Domingo de Denuncias”, reveló otras presuntas irregularidades en el Distrito y además se refirió a hechos ocurridos en los últimos días, como la investigación por el contrato de la primera Dama, Cynthia Pérez Amador, la salida de funcionarios de su administración y las tensiones con el Concejo.
El primer caso al que se refirió el alcalde fue a la supuesta autorización de un pago por más de $25 mil millones que habría hecho la Alcaldía a Aguas de Cartagena (Acuacar) con un supuesto certificado amañado. (Lea aquí: Distrito habría autorizado un pago millorario a Acuacar con certificado amañado)
El dinero está relacionado con el accidente por hundimiento del Emisario Submarino en el mar Caribe en 2010. De acuerdo con el mandatario, una vez hubo el percance se aplicaron las pólizas de seguro e inició una polémica, ya que el Distrito alegaba que el dinero era de ellos, mientras que Acuacar decía lo contrario, que el dinero era para la empresa. Dau explicó que la disputa terminó en un laudo arbitral en favor del Distrito de Cartagena, sin embargo, asegura que la secretaria General de la administración anterior, Martha Seidel Peralta, firmó el cuatro de diciembre un acuerdo de transacción con Acuacar, con un certificado “falso” hecho por el exfuncionario Nayib Tapia.
“Martha Seidel cometió varios delitos, múltiples delitos al firmar este documento. Ella decía que tenía una autorización del alcalde Pedrito Pereira para pagar todo lo que tenía que ver con servicios públicos, pero esto era algo ajeno a la prestación del servicio de acueducto (...) la posible delincuente Martha Seidel y el posible delincuente Nayib Alberto Tapia hicieron un tumbe y esto fue de mala fe y descarado”, aseguró.
El exalcalde de Cartagena, Pedrito Pereira, se defendió asegurando que “es un tema añejo, es una controversia ya histórica del Distrito, hay que recordar el siniestro del emisario submarino con una empresa internacional en diciembre de 2010, donde los alcaldes de las épocas respectivas tuvieron que tomar una decisión, al parecer por el abandono de los tubos en altamar, y con Aguas de Cartagena suscribieron unos documentos para que se hiciera cargo del rescate de los implementos que quedaron en mar abierto. Hay una trazabilidad del 2010 hasta acá. El Distrito ha reconocido la obligación periodo tras periodos. Sí tuvimos una reclamación permanente de Aguas de Cartagena por esos dineros, la empresa dice que debe cumplirse el compromiso que hizo el Distrito, que ellos recuperaban y atendían el siniestro, y el Distrito, si salía vencedor de la demanda contra esa empresa, debía retornarle los dineros a Aguas de Cartagena, así quedó consignado. En 2017 un alcalde encargado dio la orden de que se le girara a Aguas de Cartagena, pero finalmente los recursos llegaron al Distrito; al nosotros recibir las reclamaciones se revisó la documentación y creímos que no eran suficientes, consideramos que había que hacer una conciliación o transacción y así se hizo, pero de una obligación que ya estaba reconocida. Al ver que el periodo administrativo ya se iba acabar, no hicimos ningún pago para que esta administración decidiera qué hacer con esos recursos, y además no hicimos ningún pago”. (Lea también: Pedrito le responde a Dau por supuesta autorización de pago a Acuacar)
“Creemos que como esta administración usó esos dinero para incorporarlos al presupuesto, seguramente están recibiendo reclamos de Acuacar, puede ser, y tratan de crear un escenario de irregularidades para justificar un dinero que el Distrito en administraciones anteriores ha reconocido por la deuda a Aguas de Cartagena por el manejo del siniestro, de tal manera que queda claro que en 2019, ni se reconoció la obligación, que venía de tiempo atrás, y tampoco se hizo ningún pago, la actual administración es la que le ha dado uso a esos recursos”, indicó el exalcalde (e) de Cartagena.
El mandatario se refirió también a un supuesto modus operandi implementado por Jorge Carrillo, exjefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía, quien, según él, en dos ocasiones habría solicitado a jueces no entregar dineros que correspondían al Distrito, a las cuentas de la Alcaldía, sino a particulares.
Dau informó también que presentó una denuncia en contra de la exenlace distrital de Familias en Acción, Jaqueline Perea, por el supuesto robo de equipos de cómputo.
“Esos equipos fueron retirados por la directora de Familias en Acción, la señora Jaqueline Perea, pero cuando hizo entrega del cargo no estaban relacionados y no aparecen en ninguna parte, entonces la denuncié”, aseguró.
Perea se defendió asegurando que todos los soportes fueron entregados.
“Cuando yo entrego mi puesto o cualquier funcionario entrega un cargo, debe tener un paz y salvo de almacén, frente a los computadores o equipos que señala el señor alcalde, en general, pues obviamente sí se entregaron unos equipos para el programa, por supuesto que tuvieron que salir de almacén y de seguro tuve que recibirlos. Cuando entrego mi cargo, yo no se lo entrego al actual enlace, se lo entrego a Carolina Cárdenas, ella es quien me recibe, también yo radico lo que ella me recibe en la oficina de control interno de la Alcaldía. Adicionalmente, a un funcionario que va a salir no pueden cancelarle su liquidación si no se encuentra a paz y salvo con la entrega de todos los equipos de comunicación, de cómputo, etc.”.
El mandatario de los cartageneros también explicó el despido de la esposa del concejal, actualmente suspendido, Óscar Marín, quien trabajaba en la Secretaría de Hacienda y embargó al Distrito (Hermelina Meñaca). Detalló que la mujer fue removida del cargo porque al él posesionarse como alcalde esta dejó de ir al trabajo durante varios meses argumentando un dolor de oídos, sin embargo, nunca presentó su incapacidad laboral.
El mandatario agregó que luego de ello la esposa del cabildante interpuso una tutela contra el Distrito. “Un juez sin vergüenza falló a su favor, aceptando un certificado emitido por un médico particular que esta señora consiguió y le colocó lo que ella quería. Además, el juez sin ningún sustento dijo que ella era una minusválida, cuando eso no es así. A ese juez lo voy a denunciar por prevaricato”, informó el alcalde.
Ante esas acusaciones, su esposo explicó que Meñaca “padece de una condición llamada hipoacusia de tipo bilateral, producida por unos fuertes ruidos de un acondicionador de aire que tuvo en su oficina. La ARL le estaba haciendo los procedimientos cuando la declararon insubsistente; el juez acogió nuestra consideración al considerar que existe una estabilidad laboral reforzada y por eso le dieron 48 horas para reintegrarla”.
El alcalde habló sobre las relaciones con el Concejo. Afirmó que varios cabildantes están presionando a los funcionarios para que les den OPS.
Sobre las renuncias presentadas por varios de sus funcionarios, aseguró que vendrán más renuncias porque las personas que no dan la talla se tienen que ir.
En cuanto a la polémica sobre el salario de la primera Dama de la ciudad, Cynthia Pérez Amador, aclaró: “Le di un contrato honorífico de primera Dama del Distrito. Eso no es solo una corbata, quienes la conocen saben que ella trabaja 24/7 por el Distrito”.