A un acuerdo provisional se llegó el jueves entre transportadores de carga pesada, el Distrito y la Concesión Vial, en cuanto al pago de los peajes que están en el perímetro urbano de Cartagena.
Igual que los taxis y los particulares, los vehículos de carga pesada no pagarán peajes en las casetas de cobro que están en Ceballos y Manga.
Esta exención será solo por dos meses, mientras se espera una decisión frente a la investigación que lleva la Contraloría General por un presunto detrimento económico, teniendo en cuenta que en un auto señaló que la Tasa Interna de Retorno por el contrato de concesión se habría alcanzado en el 2015.
Desde un comienzo el alcalde William Dau ha rechazado los peajes y estuvo en varias de las protestas. Esto ha desatado distintas opiniones, a favor y en contra.
Una de estas fue la de la comunicadora social y escritora Diana Patricia Pinto, quien cree que Cartagena “es una sociedad mentalmente enferma”, “donde prevalecen como comportamiento normal y aceptado el odio, la banalidad, el facilismo, la difamación, la ofensa, entre otros”.
“Y tristemente la Cartagena de hoy sufre de esto. Comenzando con su alcalde, que maneja un discurso violento, de división, señalamientos, insultos, cargado de odio, un mensaje comunicativo (verbal y físico) agresivo y banal, carente de empatía, que no comunica ni edifica, simplemente sirve para atizar el fuego del pueblo. Como ejemplo reciente, está el manejo que el alcalde le ha dado al tema de los peajes. Invitó a un alzamiento social agresivo y violento, promoviendo un discurso de odio e indisciplina social, como una manera de solucionar un problema y convirtiendo esas acciones en un proceso normal y hasta cargado de justicia. Un gobernante sano maneja un problema de estos desde el nivel jurídico y administrativo, que es el procedimiento correcto. En su mensaje comunicativo hace comprender al ciudadano la situación y las acciones claras que se están tomando al respecto, sin armar caos, violencia y desorden”, indicó Pinto.
Pese a ello, distinta es la posición que tiene al respecto Alberto Bermúdez, representante de la Unión Patriótica en Bolívar. Este apoya la postura que ha asumido el alcalde Dau respecto a los peajes y señala que desde el partido se han apoyado las protestas pacíficas.
Agregó que los contratos de peajes en Cartagena tienen que modificarse legalmente, pues considera que son leoninos, en contra del Distrito. “Hay que modificar legalmente ese tipo de contratación de los peajes en el país. En Cartagena hemos venido apoyando las protestas y también presentando propuestas”, señaló Bermúdez.
Aparte de que algunos estén de acuerdo o no con la actitud del alcalde, la situación por los peajes en Cartagena ha causado revuelo nacional, teniendo en cuenta además que los transportadores de carga en el país se quejan también por lo que consideran alzas excesivas en los peajes de algunas regiones.
Además, el tema se ha vuelto presa del debate político, por lo que muchos creen que serán el caballo de batalla de sectores políticos ante las próximas elecciones a la Presidencia y al Congreso de la República.
Al respecto opinó Julio Amezquita, director del Instituto de Políticas Públicas, Regional y de Gobierno de la Universidad de Cartagena.
“Creo que en este momento que algunos políticos salgan después de veinte años de no haber hecho nada a hacer parte de la discusión, y como el tema ha tomado vitrina, obviar cuál fue el protagonismo del grupo de colación de los cartageneros que realmente se pusieron detrás de esto, me parece un golpe o una circunstancia meramente oportunista. Lo de fondo es que dentro de las jurisdicciones de las ciudades, donde hay perímetro urbano, no puede haber peajes. La política nacional debe cambiar porque no puede haber concesiones sobre vías hechas, por más que las mejoren y arreglen.
“Las concesiones deben ser sobre vías nuevas, donde el inversor coloca, siempre y cuando el ciudadano ya tenga opción de una vía nacional a la que no le coloquen peaje. Si el ciudadano decide que esa vía tiene un costo-beneficio en términos de velocidad y tiempo, pues que pague; pero no cuando constituye un monopolio de un solo sistema sobre la accesibilidad en determinadas regiones del país”, dijo Amezquita.