Cartagena no tiene contralor Distrital en propiedad desde el 2017 y parece estar condenada a seguir con un ente de control fiscal cuya cabeza funciona bajo la modalidad de encargo, en medio de procesos con muchas polémicas.
Todo empezó desde el 2017, cuando la entonces contralora Nubia Fontalvo fue detenida tras una investigación de la Fiscalía, pues el ente acusador asegura que se habría armado un complot para que esta ganara la elección, investigación a la que también están ligados el exalcalde Manolo Duque, su primo José Julián Vásquez y diez de los concejales de la época, dos de los cuales fueron reelectos para el periodo 2020-2023. Sobre estos la Procuraduría abrió pliego de cargos recientemente.
Desde que detuvieron a Fontalvo (hoy libre por vencimiento de términos), el secretario General de la Contraloría Distrital, Freddys Quintero Morales, asumió la vacancia como contralor encargado. Labor que hoy está en el ojo de la discusión, cuando hay un proceso judicial que tiene suspendida la elección de Héctor Consuegra como contralor Distrital, el 14 de julio pasado.
Todo porque el Tribunal Administrativo de Bolívar suspendió el acto de elección, pues admitió la demandad de nulidad presentada por un ciudadano que alega que Consuegra está inhabilitado.
Con esto, el Concejo de Cartagena quedó maniatado, pues, aunque entre sus posibles planes estaba revocar el acto de elección de Consuegra por la presunta inhabilidad y recomponer la terna para hacer una nueva elección, ahora tendrá que esperar que se resuelva el proceso de nulidad presentado contra Consuegra en el Tribunal de Bolívar.
Es por medio de este proceso por el que se decidirá si a Consuegra lo inhabilita o no el hecho de que trabajaba como asesor de control interno en Edurbe cuando lo escogieron como contralor. Hay que tener en cuenta que el departamento de la Función Pública, como órgano consultor designado por la Contraloría General para este tipo de casos, emitió un concepto en el que señala que Héctor Consuegra está inhabilitado.
Pese a ello, hay quienes han manifestado que se trata de un concepto “no vinculante” y que lo válido es el proceso judicial.
Uno de ellos es el concejal Rodrigo Reyes, quien nuevamente pidió en la sesión virtual de ayer del Concejo que se haga una consulta para estudiar el caso de Freddys Quintero.
Hay que recordar que este último, contralor encargado, también participó en el concurso para elección de contralor Distrital para el periodo 2020-2023. Sin embargo, perdió la puja contra Consuegra por un voto (8 votos contra 7). Sin embargo, varios concejales creen que Quintero estaría inhabilitado para participar en el concurso e incluso señalan que no debería estar de contralor encargado.
“Cartagena quiere un contralor en propiedad, sin embargo, en la tarde de ayer -jueves-, así son las cosas de mi pueblo, sale este fallo del Tribunal donde suspende el acto de elección de contralor Distrital. Esta noticia es fatal, porque aunque soy respetuoso de las autoridades, hay que decir que ni siquiera el fallo anterior donde suspendieron la elección, de vigencia 2019, se ha terminado. Ahora imagínense este fallo que inicia con una medida cautelar, nunca se va a terminar”, expuso Reyes.
Este señaló que eso beneficia a Freddys Quintero, que, “aunque perdió, salió ganando”. “Eso quiere decir, que Freddys Quintero continúa en el cargo hasta finalizado el 2021, porque este proceso no va a acabar por ahora, entonces creo que esta es una noticia muy mala para Cartagena”, dijo el concejal conservador. Algunos comentan que será largo el proceso porque luego de que el Tribunal emita un fallo, para lo cual deben surtirse varios pasos, la decisión puede ser apelada ante el Consejo de Estado y sería un trámite más demorado.
El concejal Reyes recordó que hay una demanda de nulidad admitida por el Tribunal de Sucre por el caso del contralor electo, por el hecho de que mientras participaba en el concurso era contralor encargado. Tatiana Romero, jefa de la Oficina Jurídica del Concejo, señaló que esta no es una decisión de fondo y que hay que recordar que hay un concepto de Función Pública que señala que Quintero está habilitado para participar en el concurso de contralor de Cartagena.
“Hay una admisión de una demanda en el Tribunal de Sucre, donde decretan medida cautelar a un tema similar a lo que sucede e Cartagena. Con esto que digo sé que no va a pasar nada, porque estoy seguro que Quintero va a seguir de contralor encargado (...) Hoy me queda felicitar a Quintero porque, pese a que se hizo un concurso, él va a continuar en el cargo. No sé si la Mesa Directiva del Concejo va a tomar una determinación distinta, acogiendo el concepto de la Función Pública, que sé que no es vinculante, o le va a dar cumplimiento a lo que dice el Tribunal; o qué estará pensando el doctor Héctor Consuegra, ya que Función Pública ha determinado su inhabilidad”, indicó, concluyendo que ninguno de los concejales que votaron por Consuegra, como él, sabían que este trabajaba en Edurbe.
La jefe de la Oficina Jurídica señaló que se hará el estudio del caso para determinar cuál es el proceso que se viene y si se debe acatar la orden judicial del Tribunal Administrativo de Bolívar.
Habla experto
Un abogado especialista de derecho administrativo consultado por este medio indicó que la Ley 1437 de 2011 determina reglas y términos especiales para el trámite de los procesos con pretensión de nulidad electoral, y que estas reglas y términos especiales implican que estos procesos se puedan resolver de forma más rápida frente a otro tipo de procesos como los de nulidad y restablecimiento del derecho.
“La duración de un proceso de nulidad electoral dependerá de aspectos como la complejidad del proceso, el número de partes y la necesidad o no de practicar pruebas, pues de no ser necesario se prescindirá de la etapa probatoria y se pasará directamente a alegar en conclusión y, posteriormente a proferir sentencia. Pero, si existen pruebas pertinentes, conducentes y útiles que practicar, deben practicarse primero antes de pasar a la etapa de alegaciones y de decisión. Si contra la sentencia se interpone apelación, deberá esperarse a resolverse y notificarse la sentencia ante el Consejo de Estado.
“Por los factores anteriores, y sobre todo por las condiciones actuales de la pandemia y del aislamiento preventivo obligatorio, no puede establecerse con precisión cuánto podría demorar el proceso de nulidad electoral contra el acto de elección del contralor distrital electo de Cartagena. Habrá que esperarse a la culminación de la etapa inicial, para poder hacer una estimación sobre su duración, a partir de los planteamientos de defensa y de prueba que se realicen por las partes en el proceso”, explicó el jurista.
Indagación contra 8 concejales
De otro lado, la Procuraduría Regional de Bolívar abrió indagación preliminar contra los 8 concejales que votaron por Héctor Consuegra.
Se trata de Lúder Ariza y Sergio Mendoza (Alianza Verde); Kathya Mendoza Saleme y Hernando Piña Elles (Partido Liberal); Carolina Lozano (ASI), Claudia Arboleda (MIRA), Javier Julio Bejarano (Coalición Alternativa Cartagena), y Rodrigo Reyes Pereira (Partido Conservador). Esto porque votaron por Consuegra, contra quien también se abrió la investigación, pues este estaría inhabilitado para ejercer el cargo de contralor.
La Mesa Directiva aclaró que la queja que presentó a la Procuraduría por la presunta inhabilidad de Consuegra fue contra este mismo, y no contra los concejales que votaron por él.
“La Mesa Directiva se permite comunicarle a la opinión pública que no ha instaurado, ni instaurará denuncia alguna en contra de los concejales de la ciudad, que de buena fe y sin conocimiento de la situación laboral y de inhabilidad del señor Héctor Consuegra, votaron por él, para ser contralor Distrital. La denuncia que instauró la Mesa Directiva fue en contra del electo Héctor Consuegra, toda vez que dicho señor omitió informar sobre su vinculación laboral en Edurbe”, indicó la Mesa, señalando que personas anónimas pusieron quejas contra los concejales y que estas habrían sido unidas con la instaurada por la Mesa Directiva en un mismo proceso.
De hecho, en el documento emitido por la Procuraduría aparecen dos denunciantes: “anónimo” y Mesa Directiva del Concejo.