No corren vientos de calma en el Concejo Distrital de Cartagena. Aún pervive la tensión tras las discusiones entre cabildantes por la elección de un nuevo contralor encargado de la ciudad. Esa escogencia habría dividido, al parecer, a la corporación en dos bandos, exacerbando con esto las críticas de sus detractores.
(Lea: Juez ordena detención domiciliaria contra el concejal Óscar Marín)
A la controversia se unió ayer lo que ordenó el Juez Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías al dictar medida de aseguramiento de detención domiciliaria en contra del concejal Óscar Marín, por presuntas irregularidades cuando dirigió el Fondo de Pensiones de Cartagena (Fonpecar).
Por dichas supuestas desviaciones, el pasado 21 de julio, la Fiscalía imputó al concejal los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción. El juez accedió a la medida solicitada por la Fiscalía, dada la posible obstrucción a la investigación que podría inducir Marín Villalba desde su posición como concejal.
¿Seguirá sesionando en el Concejo?
Óscar Marín Villalba ha defendido su inocencia a través de los años en múltiples ocasiones, en contraste a las denuncias del alcalde William Dau, de las que se originó la investigación por el presunto pago de una pensión de jubilación a favor de Bertha Elena Tarón Arrieta, extrabajadora de las extintas Empresas de Servicios Públicos Distritales de Cartagena.
De acuerdo con la Fiscalía, el concejal habría expedido, de manera irregular e ilegal, la resolución 7300 del 24 de octubre de 2014, mediante la cual se otorgó la pensión sin que se cumpliera con el lleno de los requisitos. Se investiga un presunto detrimento por 88 millones de pesos, pagados por concepto de retroactivo pensional, de los cuales 78 millones fueron dirigidos, supuestamente, a un tercero.
Sin embargo, el concejal conservador apelará la decisión aunque la medida sigue en firme. Cabe recordar que otro concejal, César Pion, también tiene prisión domiciliaria al ser condenado a 48 meses junto al excabildante Américo Mendoza, el pasado 31 de enero.
Las condenas tienen que ver con un proceso por hechos que se remontan a mayo de 2014, cuando la Fiscalía General de la Nación acusó a Pion y a Mendoza de suscribir las resoluciones 074 a 108 del 8 de marzo de 2012, en las cuales se reconoció el reajuste de honorarios y ordenó pagar, a favor de concejales y exconcejales, una suma total de alrededor de $7.609 millones sin existir disponibilidad presupuestal.
Pese a que ese regreso desató críticas, especialmente del alcalde Dau, el abogado penalista y defensor de Pion, Enrique del Río, explicó que este puede sesionar gracias a un recurso de impugnación especial que se presentó contra la sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Cartagena. Así mismo, porque solicitó un permiso para salir de su residencia.
Del Río interpuso un recurso de impugnación especial ante la Corte Suprema de Justicia, buscando tumbar la sentencia del Tribunal. Como Pion fue condenado por primera vez (en la decisión del tribunal), su defensa alega que tiene derecho a otra instancia y que por ello hasta ahora la sentencia no es definitiva (no está ejecutoriada), por lo que sigue habiendo una presunción de inocencia a favor del concejal.
Esto implica que el concejal Pión sigue gozando de la garantía constitucional de presunción de inocencia, la cual presupone que sea considerado y tratado como inocente. Por ello, los derechos a ejercer cargos públicos y de elección democrática siguen plenamente vigentes.
Así mismo, el abogado pidió que se le concediera un permiso para trabajar para que siga asistiendo a las sesiones del Concejo. Dicho permiso para trabajar fue concedido el 3 de marzo por el juez Quinto Penal del Circuito de Cartagena.
“Como quiera que la decisión del tribunal fue condenar a prisión domiciliaria, dicha situación comporta el derecho de trabajar para efectos de solventar la manutención personal y familiar. El trabajo es un derecho fundamental que se les garantiza a los condenados, incluso en prisión intramural y, por ende, con mucha más razón a quienes se encuentran en prisión domiciliaria”, acotó Del Río.
La política del Partido Liberal, actualmente presidenta del Concejo, sigue vinculada a la investigación por presunto porte y tráfico de estupefacientes, luego de ser capturada el pasado 14 de enero con un kilo de cocaína, mientras se movilizaba en una camioneta, propiedad de su pareja, Martín Barreto.
Tras meses de detención domiciliaria, un juez la dejó en libertad el pasado 18 de mayo al analizar las pruebas presentadas por su abogado defensor, también Enrique del Río, que giran en torno a la tesis de un supuesto complot en su contra, orquestado por políticos y policías.
Su inocencia aún está en proceso, mientras las autoridades comprueban la presunta autoría intelectual, en la conspiración, de Luis Cassiani, concejal; Pedro Aponte, edil de la localidad 2; y Andy Reales, alcalde (suspendido temporalmente) de la misma localidad.
