El gobierno del presidente Gustavo Petro radicó ante el Congreso de la República el proyecto de Ley con el que pretenden someter a la justicia a las bandas narcoparamilitares del país que no tienen carácter ni estatus político.
El documento tiene 27 páginas y establece cuál sería el tratamiento penal y los beneficios para los grupos armados de alto impacto que se acojan a la justicia bajo esa Ley. Para hacerlo, los grupos armados tendrían un plazo máximo de dos años. Lea aquí: Gustavo Bolívar sobre la paz total de Petro: “Esto es un mierdero”
Dentro de las noticias más relevantes del evento, se conoció que el Ministerio de Justicia, en cabeza del ministro Néstor Osuna, modificó el tope de bienes con los que se podrán quedar los narcos si se entregan voluntariamente a la justicia y cooperan con el Estado.
El nuevo proyecto establece que los narcos sí se pueden quedar con hasta el 6% de sus riquezas, pero fija un monto de 10.000 salarios mínimos vigentes como máxima cantidad de bienes y dinero con el que podrá quedarse cada cabecilla.
“Este proyecto de Ley contiene una oferta generosa por parte del Estado a esas estructuras criminales de alto impacto para que, si se confiesan, entregan sus bienes y reparan a las víctimas, el Estado les otorgue un tratamiento penal más benigno”, dijo el presidente del Congreso, Roy Barreras.
Por su parte, el ministro del Interior, Alfonso Prada, detalló que el proceso con las narcobandas constará de dos fases: una de diálogo y conversación y luego otra de un procedimiento de carácter penal bajo la dirección de la Fiscalía. Lea además: A Petro no le alcanza para cumplirles a los adultos mayores, ¿qué pasó?
Durante la radicación del proyecto, los ministros también pidieron mensaje de urgencia para que el Senado y la Cámara de Representantes debatan cuanto antes el documento.
Sobre los cambios que habían pedido el fiscal general Francisco Barbosa y el Consejo de Política Criminal, Osuna aseguró que el nuevo documento modificó casi todos los puntos que ellos pedían y acogió las recomendaciones de Barbosa.
“A diferencia del texto original, este documento contiene un robusto capítulo de protección de derechos de las víctimas, amplía los términos de la investigación judicial y le asigna las investigaciones a la dependencia interna que el fiscal general determine”, concluyó Osuna.
