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Mininterior y la CIDH se refieren a solicitudes de suspensión de Dau

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió y registró la solicitud de medidas cautelares interpuesta por el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat.

La incertidumbre por el fantasma de la interinidad que anda rondando por el Palacio de La Aduana empezó a finales de mayo, cuando el contralor distrital (e) de Cartagena, Rafael Castillo Fortich, le solicitó al presidente de la República, Iván Duque, la suspensión inmediata del alcalde del Corralito de Piedra, William Dau, mientras culminan las investigaciones por presuntas irregularidades en un contrato suscrito para mitigar los efectos de la pandemia de COVID-19.

(Lea: “Si me suspenden tendrán que sacarme a la fuerza”: William Dau)

De acuerdo con la Contraloría Distrital de Cartagena, la determinación tiene como sustento una denuncia presentada por el ciudadano Álvaro Ganem Issa. Sin embargo, en entrevista con El Universal, este desmintió haberla realizado. “No he puesto ninguna denuncia contra la directora del Dadis y tampoco contra el alcalde. Estoy a disposición de la Fiscalía para que investigue”, indicó Ganem.

La Alcaldía, para tumbar la solicitud de la Contraloría Distrital, le pidió al presidente Iván Duque aplicar la excepción de inconstitucionalidad. El ministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró que el recurso interpuesto por la administración Dau está en estudio.

“Hay que recordar que no es el Gobierno nacional quien toma una decisión de suspender al alcalde de Cartagena, sino la Contraloría. El trámite que se surte siempre es hacer efectiva la suspensión. Sin embargo, el alcalde Dau radicó una excepción de inconstitucionalidad con un documento de cien páginas que está siendo estudiado por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y la del Ministerio del Interior, para responderla en el menor tiempo posible”, aseguró Palacios. (También le puede interesar: ¿Por qué Duque aguantó la suspensión del alcalde Dau?)

El funcionario reiteró que es un documento bastante extenso, razón por la que se debe tener un rigor jurídico importante. “El Gobierno nacional se limita a hacer lo que la Ley establece y a dar las garantías jurídicas para resolver esa solicitud que fue radicada por el alcalde de Cartagena”, dijo.

Palacios indicó que la solicitud radicada por el mandatario de los cartageneros consiste en determinar si el contralor tiene la facultad de suspenderlo. “Ya hay antecedentes de procuradores y contralores que han hecho suspensión de alcaldes y, como sucedió en el caso del alcalde de Medellín, el Gobierno lo que hace es dar cumplimiento al marco jurídico y a la Ley. No hay posibilidad de interpretar, nosotros no valoramos las decisiones de los órganos de control, sencillamente procedemos a cumplirlas”.

Palacios destacó que, una vez se resuelva la solicitud realizada por el alcalde, se procederá a tomar la medida correspondiente.

Plantón

El 31 de mayo, la Alcaldía organizó un plantón para defender la gestión del alcalde William Dau. El encuentro, que se realizó en la plaza de La Aduana, contó con la participación de más de 300 personas. “Nosotros no queremos un padrastro, queremos a nuestro papá. (...) Creemos que hay una persecución contra el alcalde, que fue elegido legítimamente por más de 110 mil cartageneros”, dijo uno de los manifestantes. Ese día, Dau manifestó que la solicitud del contralor (e) del Distrito era una “afrenta política descarada”.

CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió y registró la solicitud de medidas cautelares interpuesta por el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, con ocasión de la solicitud de suspensión hecha por la Contraloría Distrital.

Se trata del proceso MC-439-22, en el cual, el mandatario pide que se apliquen medidas cautelares en cumplimiento de los artículos 25 del reglamento de la Comisión y el 23 de la Convención Americana que prohíbe a los funcionarios administrativos afectar derechos políticos y ratifica que sólo los jueces, por fallos judiciales, pueden suspender los elegidos popularmente. La petición busca dejar sin efectos la solicitud de suspensión contra el alcalde, hecha por el Contralor Distrital (e) de Cartagena al presidente Iván Duque.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado en dos casos emblemáticos: en Colombia, el caso de Gustavo Petro, y en Venezuela, el de Leopoldo López, señalando que las autoridades administrativas como las contralorías, no pueden limitar los derechos políticos de los funcionarios elegidos popularmente, pues solo los jueces penales son los competentes para suspender o inhabilitar a estos funcionarios. Es por ello que, en aplicación del bloque de constitucionalidad y del principio de conformidad, la Presidencia de la República no podría ejecutar un acto que viola las mínimas garantías del artículo 23 de la Convención Americana al ser expedida por una autoridad administrativa como el Contralor Distrital (e) de Cartagena.

Eso quiere decir que ya admitieron el memorial pero aún no ha habido pronunciamiento.




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