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Lío por convenio de pago entre Gobernación y clínica

Veeduría denuncia supuestas irregularidades en acuerdo de pago firmado por Dumek Turbay, en el 2019, con la clínica Madre Laura. Exgobernador dice que cumplió una orden judicial.

Una real polémica hay entre un veedor que denuncia presuntas irregularidades en convenio de pago con la clínica Madre Laura S.A.S, antes Laura Carolina LTDA, en Cartagena; el exgobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, y la actual gobernación de Vicente Blel Scaff.

Según Jorge Quintana Sossa, de la veeduría Quinta Ventana Tu Veeduría, el exgobernador Turbay Paz cinco meses antes de finalizar su periodo realizó un acuerdo de pago sin la autorización de la Asamblea Departamental para comprometer las vigencias futuras.

“Las vigencias futuras no se pueden coger para hacer ningún pago o cancelación de deudas, solo para inversión. El acuerdo se hizo sin ningún contrato, sin embargo en el acta de conciliación se habla de que se celebraba para darles a los funcionarios de la Gobernación prestación de servicios hospitalarios y de medicamentos. El convenio está lleno de irregularidades”, mencionó Quintana Sossa.

Asimismo resaltó que, supuestamente, no se objetó ni “se dieron cuenta que había glosas en la facturación, algunas ya prescritas, y la Secretaría de Salud en ese entonces advirtió que había cerca de 1.200 millones de pesos que no se comprobaron”.

El veedor detalló que habrían pagado intereses demasiado altos y que la actual administración, con Vicente Blel Scaff a la cabeza, dejó de pagar las cuotas pactadas.

“Fue una modelación”

El Universal contactó al exgobernador Dumek Turbay, quien aclaró, primero, que no se trata de un convenio sino de una modelación de pago.

“No se trata de prestación de servicios a funcionarios de la Gobernación. En el 2013 la clínica empezó un litigio jurídico por una cuantía principal y dos acumuladas por facturas de ventas que fueron libradas y radicadas en el 2011 y 2012, por prestación de servicios de urgencia a población pobre y vulnerable no afiliada al sistema de seguridad social. Esto estaba en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena y falló a su favor en el 2017. La Gobernación debía pagar, o le embargaban las cuentas”, ilustró.

En el 2017 el Juzgado Primero Civil del Circuito emitió un mandamiento de pago por una cifra cercana a los 34 mil millones de pesos; en noviembre de 2018, según explicó Turbay, el demandante solicitó suscripción de acuerdo conciliatorio ante el Comité de Conciliación de la Gobernación de Bolívar, solicitando el pago de lo sentenciado por el juzgado: $34.392.480.170, fue así como se acordó la cuantía y forma de pago, para que se abonara al capital y disminuyera el monto total. En el 2019 se logró pagar una de las cuotas establecidas, quedando el compromiso de que continuara en la administración actual con cuotas cuatrimestrales.

“Eran $9 mil millones de deuda, más los intereses daban $33 mil millones, entonces jurídica acordó pagar en cuotas para abonar al capital y se le ahorraban 7 mil millones de pesos en deuda a la Gobernación. Como es una deuda existente no hay que pedir autorización a la Asamblea Departamental ni a nadie para usar el dinero”, destacó un vocero del exmandatario del departamento.

En el documento “acuerdo de pago suscrito entre el departamento de Bolívar y la clínica Madre Laura S.A. -antes clínica Carolina IPS S.A.S” se especifica que se incluirá en el presupuesto de gastos de las vigencias 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 las apropiaciones presupuestales suficientes para viabilizar el pago anual de $3.284.655.630, para un total de $19.707.933.781.

“No se comprometieron vigencias futuras, no es un acuerdo de pago sino una modelación de pago para establecer cómo se pagan los dineros y ahorrarse los intereses, quedarían hasta 2025. La clínica solicitó la conciliación, no se hizo transacción ni pagos a través de terceros, sino la obligación que estaba en la orden judicial”, indicó el exgobernador.

Con acompañamiento de entes de control

Desde la oficina jurídica del departamento indicaron que la cifra de la deuda estaba alta, por lo que le pidieron al juez del caso que se revisara las prescripciones y las prestaciones cobradas, teniendo en cuenta que el juez que llevaba el caso no aprobó el convenio realizado con la administración anterior. Asimismo pidieron el acompañamiento de la Procuraduría y Contraloría, así como de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

“Se quiere proteger el rubro público y que el pago se encamine a lo justo. Que se tengan en cuenta las glosas del proceso, la prestación efectiva del servicio, que se diga por qué no se acudió al proceso propio con la Superintendencia de Salud para las conciliaciones y demás trámites, sino que directamente presentaron demanda ante un juez de Cartagena”, dijo Juan Mauricio González, jurídico de la Gobernación de Bolívar.

El proceso ahora lo lleva el Juzgado Segundo Civil del Circuito, porque el juez primero es familiar del abogado de la clínica, entretanto no se aclare la denuncia y la respuesta del juez, la administración de Vicente Blel no cancelará las cuotas.




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