En la tarde de ayer se conoció que la Fiscalía solicitó cárcel para el exconcejal Américo Mendoza Quessep y el concejal Cesar Pión González, porque, presuntamente, en el 2012 ordenaron irregularmente el reajuste de honorarios de sus colegas. (Lea aquí: Fiscalía pide cárcel contra un exconcejal y un concejal por presunta corrupción)
Tras el requerimiento hecho por el ente acusador, el cabildante de la bancada de la U, César Pión aseguró que “no se ha pasado ningún acto administrativo para beneficiar a la corporación” e hizo algunas precisiones sobre el caso.
Pión indicó que en el proceso, al parecer se habría omitido la inclusión de sentencias en las que los implicados fueron eximidos disciplinariamente por la Procuraduría y absueltos en primera y segunda instancia.
“Este proceso que data del 2012 es un proceso en el cual se dieron algunas omisiones como la no inclusión de las dos sentencias efectuadas por la procuraduría regional de Bolívar y de la Nación en las cuales fuimos eximidos disciplinariamente por no haber cometido error alguno. Fuimos absueltos en primera y segunda instancia por parte de la Procuraduría General de la Nación”.
El cabildante agregó que el acto administrativo cuestionado por la Fiscalía, la resolución del 4 de junio del 2012 que ordena el pago a 35 personas sin contar con el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), nunca se pagó.
“De acuerdo con lo expuesto por la fiscalía, queremos decir que esto es un acto administrativo aclarado, que nunca se pagó, y aparte de eso es normal que la fiscalía que ha venido acusando continúe con el papel que tiene que hacer”.
Finalmente, Pión agregó que en este caso se expusieron los conceptos y criterios, donde se debe esperar la decisión del juez, “esto es un delito que no ha sido probado y confiamos en la justicia de nuestro país. Tenemos nuestra conciencia tranquila, somos víctimas de la persecución política constante a la cual hemos sido sometidos por ser controvertidos”, puntualizó.