El pasado 23 de mayo, la Contraloría Distrital de Cartagena solicitó al presidente Iván Duque que suspendiera al alcalde William Dau, mientras se adelanta el proceso de responsabilidad fiscal por el contrato No. S.A-SUB-DADIS-UAC-047-2021, que tenía por objeto la adquisición de pruebas antígenas y RTPCR de laboratorio para la detección del COVID-19.
“El equipo auditor determinó que el Dadis no cumplió con lo establecido en los estudios previos del mencionado contrato en lo relacionado con la selección de la población objeto, ámbito de aplicación de las pruebas de vigilancia, control de la toma, y cargue a los sistemas de información de resultados de las pruebas”, justificaron en su petición.
Según el ente de control local, el detrimento por estos hechos sería de aproximadamente $1.098 millones. Sin embargo, hoy la Contraloría General de la República decretó una intervención funcional excepcional sobre la Contraloría Distrital de Cartagena, y así, le quitó competencias en el mencionado proceso de responsabilidad fiscal
Con esta decisión, se abre la posibilidad de que la suspensión solicitada a la Presidencia sea revocada. La Contraloría General fundamentó su actuar con una figura legal relacionada a la duda de la imparcialidad u objetividad de la contraloría territorial. Además, subrayaron que hay una posible falta de eficiencia o efectividad en las acciones de vigilancia y control fiscal por parte de la contraloría territorial.
Con la resolución, la Contraloría Distrital pierde competencia para afrontar cualquier actuación dentro de la investigación fiscal en contra del alcalde William Dau.
¿Por qué tomaron esa decisión?
La Contraloría General de la República tiene como función la vigilancia y el control fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos.
Su competencia es nacional y puede ejercer control sobre la gestión de cualquier entidad territorial, de conformidad con lo que reglamente la ley, especialmente en las contralorías departamentales y locales.
La intervención funcional excepcional que decidieron sobre la Contraloría de Cartagena, en medio del proceso de responsabilidad fiscal donde es investigado el alcalde Dau, se dio tras la solicitud de Jorge Iván Acuña, abogado defensor del mandatario, de utilizar esa figura ante presuntas irregularidades y factores políticos, según su parecer y el de su apoderado. Por ende, apelaron a los elementos de “verdad sabida y buena fe guardada”.