El pasado 22 de agosto, Miguel Martínez Coronado describió la “situación deplorable” en términos financieros y administrativos que se encuentra la Contraloría Distrital. El funcionario, encargado como jefe del ente de control, indicó que presuntas “malandrinadas” tenían a la entidad sin vigilancia privada, sin vehículos oficiales, sin impresoras ni tinta ni papel. (Lea: “La Contraloría está en una situación deplorable”: Contralor distrital)
El lote de penurias no se acabaría allí, pues hay diversos temas logísticos que un presupuesto, comúnmente gastado en el pago de honorarios a trabajadores con OPS, como aseguró Martínez, no cubre. Eso tiene a los trabajadores haciendo su labor “con las uñas”. La crisis institucional motivó a una huelga de un nutrido grupo de empleados que claman por la despolitización de la entidad y la elección de un contralor titular, por parte del Concejo.
En la sesión de esa corporación del pasado viernes 19 de agosto, el concejal de Cambio Radical, Wilson Toncel, denunció que en la Contraloría Distrital se estaba fraguando un plan para torpedear los procesos relacionados con el ente de control, abriendo investigaciones a cabildantes para que se les declare impedidos o sean sujetos de recusaciones.
“El concejal indicó que se estaba urdiendo una treta maquiavélica de abrir procesos fiscales a su persona y a Lewis Montero para impedir que tuvieran voz y voto en cuestiones tales como la elección del contralor titular, que en estos momentos se surte, o que pudieran ser recusados. Inmediatamente actúo e investigo la veracidad de esa información, en la oficina de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría, para evitar que esta entidad sea usada como un arma política”, aseveró Martínez.
Y aseguró: “Todo esto como parte de la reinvención que busco implementar en la Contraloría. Acá la imparcialidad y la tranquilidad que quiero que la ciudad tenga se debe demostrar con hechos, por lo que de inmediato solicité toda la información relacionada a la Oficina de Responsabilidad Fiscal, ese mismo viernes”.
“Tengo todo documentado para evitar que en el futuro aparezca un proceso sorpresa contra los dos concejales, anterior a la fecha mencionada. La opinión pública debe conocer cómo se surtirán los procesos de ahora en adelante y que se acabe la parcialidad”, estableció el contralor.
Y subrayó: “Acá debe combatirse el doble rasero con objetividad. Pueden esperar que no habrá ese ‘metro de caucho’ que para algunos se estira y para otros se encoge. ¿Quién controla al controlador?; si la sal se corrompe, ¿quién sala la sal? Mientras Miguel Martínez Coronado sea contralor encargado se acabará que la justicia sea un juguete”.
No obstante, información que una fuente proporcionó a El Universal desbarataría el relato del contralor Martínez, con relación a la inexistencia de procesos fiscales contra Toncel o Montero. A continuación leerá una información que lo hará cuestionarse: ¿Miente el contralor distrital o lo engañaron sus funcionarios?
El documento
Una carta firmada por Jorge Blanco Taján, exdirector de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Distrital hasta su renuncia el pasado jueves 18 de agosto, evidencia que desde el mes de diciembre del 2021, atendiendo una denuncia ciudadana, se inició una auditoría especial contra los concejales Wilson Toncel y Lewis Montero, para determinar la legalidad de pagos de gastos de representación.
Documento en cuestión.
El documento entonces respondería a lo denunciado por Toncel sobre sus temores a quedar inhabilitado en la elección del contralor titular, proceso que se surte actualmente. El concejal instó a la Fiscalía que investigara las supuestas presiones con “procesos falsos” que buscarían boicotear ese importante concurso.
En la carta de Blanco al contralor Miguel Martínez se precisa que el pasado 4 de mayo la dirección de Auditoría Fiscal, a cargo de Icelia Newman, quien ya no está en la Contraloría, trasladó el hallazgo #1 sobre las relaciones contra los concejales Lewis Montero y Wilson Toncel, como presuntos responsables por pagos de gastos de representación al exsecretario general del Concejo, Aroldo Coneo, actual alcalde de la Localidad 3.
Por ende, es controversial lo expuesto por Martínez Coronado sobre la acreditación de la ausencia de procesos que hicieron sus empleados. Se espera que la Dirección de Responsabilidad Fiscal se pronuncie con mayor rigor sobre este tema, pues los procesos ya son conocidos por la Auditoría General de la Nación y Contraloría General de la República.
Blanco Taján agregó que el 14 de junio esta información fue notificada al Concejo de Cartagena, haciendo un parangón con la investigación fiscal en contra de William Dau y dos exfuncionarios de la Alcaldía de Cartagena, procesados por un presunto detrimento al patrimonio de la ciudad por el pago de gastos de representación legal. Tanto el mandatario como Adelfo Doria y Marta Carvajal defienden su inocencia de la responsabilidad fiscal que se les imputa.
Este medio se comunicó con Miguel Martínez, contralor distrital, para recabar algún pronunciamiento al respecto; sin embargo, aún no se ha logrado obtener mayor información de su parte.
