“El Congreso de la República es una de las instituciones públicas más desprestigiadas que hay en el país”, así define el politólogo y docente de la Universidad del Norte, Luis Trejos, al poder legislativo de Colombia. Senado y Cámara son entidades que despiertan odios y simpatías en la ciudadanía.
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Más allá de los casos de corrupción, la desconexión Estado - territorio, y la desconfianza con la política, uno de los temas que más desata inquietudes es el gasto del presupuesto nacional que se va en salarios, prebendas, y costos logísticos para mantener a los parlamentarios.
En 2020, el presidente saliente, Iván Duque, aprobó un aumento de 5,2 % en el sueldo de los congresistas, por lo que el nuevo salario que reciben es de $33.418.133 cada mes, sin contar los aportes a la seguridad social e impuestos. Sin embargo, a este valor se le tienen que hacer varias adiciones: Unidad de Trabajo Legislativo (asesores) es de $43’890.150; tiquetes aéreos semanales con un valor aproximado de $5’000.000 de pesos; camioneta blindada cuyo costo de alquiler es de $11.000.000 cada una; y un seguro de vida de todos los parlamentarios le cuesta al Estado alrededor de $1.245 millones de pesos.
Es por esto que siempre ha sido popular prometer en las campañas electorales que estos gastos serán reducidos. Candidatos presidenciales y legislativos, sin importar credo, origen o color político, lo han prometido. Es por esto que en el proyecto de reforma que se radicó en el nuevo Congreso se incluye la disminución del salario de los parlamentarios, y nuevas causales de pérdida de investidura por ausentismo.
El proyecto
La iniciativa, radicada por el Pacto Histórico, requerirá ocho debates para reformar al poder legislativo, en el que se incluirá la reducción del receso legislativo que dura cuatro meses, entre diciembre y marzo, todos los años. Los periodos quedarían así: del 20 de julio hasta el 20 de diciembre, y ya no al 16 de ese mes; y el segundo periodo arrancaría el 1 de febrero, y no el 16 de marzo, concluyendo el 20 de junio.
Otra de las medidas que incluye la propuesta de reforma es la disminución de los salarios de los congresistas, que se congelaría hasta julio de 2026, “momento a partir del cual se establecerá un límite/tope en la remuneración (salarios, gastos de representación, primas especiales) mensual” de 25 salarios mínimos para los congresistas. Esto implicaría, de ser aprobado, una reducción de la remuneración mensual de entre 10 y 15 millones mensuales.
Sin embargo, el proceso fue criticado por simpatizantes del Pacto Histórico en redes. David Rozo, un reconocido activista petrista, expresó: “Estoy decepcionado. Vuelve y juega. Muchos Congresistas durante campaña prometieron reducción de salarios en el primer periodo y ahora afirman que no será posible. Perdimos todos los Colombianos”.
No obstante, Laura Beltrán, periodista e influencer que le hace campaña al Pacto Histórico, le respondió a Rozo que estaba en desacuerdo con él. “No desinformes. El legislativo tiene mayor responsabilidad y conocimiento. No es una pataleta que sea para 2026, pues hay unas condiciones jurídicas frente al congelamiento del salario, eso se discute en otras instancias”. El rifirrafe entre petristas sigue en redes sociales, pues muchos tienen la misma desazón de Rozo.
Combate al ausentismo y los vitalicios
La reforma propuesta busca fortalecer las causales de pérdida de investidura de los congresistas, combatiendo el ausentismo parlamentario y creando una causal por obtener beneficios a cambio de participar en proyectos, mociones de censura o en elecciones.
En otros términos, la idea es que las seis inasistencias permitidas se contabilicen en toda la legislatura, incluyendo las faltas a las comisiones y a las plenarias, y sean motivo suficiente para la pérdida de investidura. Además, los parlamentarios tendrán que asistir a las sesiones en las que se den los debates y discusiones de los proyectos, no solamente cuando los voten.
Por otro lado, y entre otros puntos que incluye el texto del proyecto de ley, también aparece limitar la estancia en el Congreso a máximo tres periodos, contando Cámara y Senado, acabando así con los parlamentarios que se atornillan a la curul.
Sí, pero no así
Gran parte de la bancada de oposición, especialmente el Centro Democrático, están de acuerdo con la reducción de gastos en el Congreso. Sin embargo, no concuerda con la forma establecida en el proyecto radicado por Roy Barreras, del Pacto Histórico.
Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático, señaló que presentaron un proyecto similar que reduce el 20% del salario de los congresistas, disminuye el número de curules, y le quita dos meses al receso legislativo. Este, según aseguró, sí entra en vigencia una vez se apruebe. “Es decir, aplica para este periodo. Colombia requiere austeridad y ahorro ya. No en 2026”.
A lo señalado por Uribe, Gustavo Bolívar, senador del Pacto Histórico, interpeló: “No tergiverse. Hay temas jurídicos a revisar. La rebaja de salarios a congresistas empieza a regir en 2026 para que no se hunda. Presenté este proyecto tres veces en la legislatura pasada y se hundió porque los congresistas no pueden legislar en causa propia. Lo vamos a congelar hasta 2026. Yo lo dono. Me da lo mismo 34 o 25 millones de salario”.
Para el académico Trejos, aunque la polémica persista en la metodología, que ambas facciones estén a favor de reducir los salarios y beneficios de los congresistas responde a que “la clase política se ha dado cuenta que es necesario generar de algún tipo de cambio, así sea cosmético, con respecto al Congreso”.
Según el politólogo, lograr esta reforma no incidirá en gran medida en el presupuesto nacional, esto para los que piensan que habrá más recursos para inversión social golpeando el bolsillo legislativo; “pero sí es un mensaje de transformación frente al país y que buscan conectarse a la realidad, tras años de darle la espalda a la sociedad y sus necesidades”, precisó Trejos.