El pasado primero de enero de 2020, en plena posesión del alcalde William Dau Chamat en una tarima en la vía Perimetral, Armando Córdoba, entre el júbilo y la emoción, nunca imaginó que 20 meses después sería removido como secretario de Participación, luego de una moción de censura en su contra.
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“Se configura una vez más un acto de persecución política de concejales de viejas casas políticas de Cartagena, una ciudad que ha sufrido el desgobierno, la corrupción y los malos manejos de los recursos públicos. A nosotros nos corresponde poner esta ciudad en orden, pero precisamente hoy que nuevamente me sacan”, expresó Córdoba en su momento.
El exsecretario indicó en esa ocasión que el principal argumento del Concejo en su contra era la presunta mala administración e irregularidades en la contratación de los paquetes alimentarios para adultos mayores de la ciudad. Situación que, según él, carecía de realidad.
Por ese señalamiento, también le abrieron una investigación en la Procuraduría General de la Nación en el mismo mes de la moción de censura. La indagación preliminar tuvo sus cimientos en las supuestas irregularidades en la atención de los adultos mayores.
Pero la controversial relación de Córdoba con los entes de control sigue vigente y ayer, 30 de noviembre, la Contraloría Distrital de Cartagena, en respuesta a las denuncias de las veedurías Adumayor y Sinserpublicolombia sobre irregularidades en contratos de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social de Cartagena, en el periodo Córdoba, anunció que luego de las investigaciones fiscales halló presuntas falencias. Exactamente nueve hallazgos administrativos con alcances disciplinarios.
Por lo tanto, el ente de control fiscal le asistió la razón a los denunciantes e informó que el Distrito no logró desvirtuar las acusaciones de mecanismos poco ortodoxos para contratar lo relacionado con la alimentación de adultos mayores en Cartagena.
“Se requirió información relacionada a planes de acción, centro de vida , inversiones realizadas al fortalecimiento de la cobertura de la atención integral a personas mayores usuarias de los centro de vida, ejecución presupuestal de ingresos y gastos de esta unidad ejecutora. De otra parte se coordinó con el equipo auditor y los funcionarios de Participación, la realización de visitas a los centros de vida de los barrios Zapatero, Piedra de Bolívar , San Isidro, Esperanza y Ternera. Asimismo, se realizó visita a las instalaciones de la Secretaría para revisar información necesaria para el desarrollo de la investigación”, se lee en el oficio de la Contraloría.
En la arena política local ahora se preguntan cuánto le tocará pagar a Armando Córdoba en caso de demostrarse las irregularidades contractuales y administrativas en el juicio de responsabilidad fiscal, luego de la auditoría especial y extraordinaria.
“Quieren mantener el poder en sus manos”
Armando Córdoba, en contraste con la investigación fiscal que cursa en la Contraloría Distrital, le indicó a El Universal que: “La ciudadanía debe tener la tranquilidad de nuestra seriedad, transparencia y buen ejercicio siempre de la política. Nunca ha existido una acción contraria a la pulcritud administrativa para gestionar los recursos públicos, pero continua la persecución y el hostigamiento de los enemigos de ‘Salvemos a Cartagena’”.
El exsecretario, por ende, señaló que el proceso fiscal en su contra tiene tintes políticos. “Se han dedicado a dañar mi buen nombre y a bloquear los procesos de desarrollo y de transformación social de la ciudad. Quieren atornillarse y continuar con el poder en sus manos y sabotear nuestro compromiso con Cartagena. Esperamos objetividad de la Contraloría y que logren establecer que nosotros nunca incurrimos en ningún tipo de falencia en la destinación de recursos públicos”.
“Vamos a apelar por que es nuestro derecho y esperamos el apoyo ciudadano. Muchas de las fallas halladas por los entes de control, las encontramos así cuando recibimos la entidad, ya que venían de administraciones anteriores. Situación que trabajamos para mejorarla hasta que sufrimos la persecución y el saboteo, pero seguiremos defendiéndonos ante la ley y con nuestro compromiso con Cartagena”, precisó Córdoba.