Toda iniciativa por la paz es loable y popular. Más allá de discursos, ideologías o cálculos políticos, mermar el conflicto en Colombia es una ilusión en las ciudades y una necesidad en las veredas. Esa es la base de la Paz Total, un programa del gobierno de Gustavo Petro que ha despertado muchas controversias.
Críticas ha tenido por la ambigüedad, según analistas, que hay en los mecanismos de negociación y sometimiento a la justicia de los grupos criminales, pues muchos temen que impere la impunidad, debido a que aún en los laboratorios selváticos se ve a la pasta de coca como un lingote de oro. “No solicitamos su libertad”: Gobierno Petro sobre hijo de ‘la Gata’
Entre los elementos de discordia de este programa se encuentra la figura de los gestores de paz, personas que serán liberadas de las cárceles o de detenciones domiciliarias para cumplir acciones de paz y reconciliación en sus territorios de la mano de diversas entidades estatales. Al tiempo, se reseña, deberán seguir respondiéndole a la justicia, aunque este último eslabón aún navegue en lagunas.
Y es en este punto que el nombre de Jorge Luis Alfonso López ha provocado más inquietudes que sosiegos, pues es uno de los nuevos facilitadores de paz del gobierno Petro. Alfonso López es recordado en nuestra región, especialmente en Magangué, como el que craneó los homicidios del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez y el del empresario Yamil Kasser Alí. Además, fue procesado por lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir, por lo que recibió una condena de 29 años de prisión, que cumple desde el 14 de junio de 2021 en su casa en Barranquilla.
Ayer a primera hora se difundió que Jorge Luis Alfonso López fue liberado por el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, tras haber sido delegado como facilitador de paz por la Presidencia de la República y el alto comisionado para La Paz; sin embargo, Danilo Rueda, comisionado de Paz, posteriormente pidió al juez que otorgó la libertad a López que revoque la decisión, ya que no está fundamentada en las leyes vigentes.
La idea de nombrar al hijo de la Gata como facilitador es explorar la voluntad real de paz y reinserción y sometimiento a la justicia de grupos organizados que delinquen en la Costa Caribe. “Dicha designación está vigente por un periodo de dos meses y la labor como facilitador del señor López se ejercerá principalmente desde su lugar de reclusión, sin que esto signifique configuración de delitos adicionales a los que ya fueron probados por la justicia”, agregó la oficina del comisionado de Paz.
Para Mauricio Jaramillo Jassir, internacionalista de la Universidad del Rosario y analista político, con este nombramiento se ahonda en la controversia acerca de qué tanto el Ejecutivo está erosionando la autoridad del sistema judicial, en aras de conseguir la Paz Total.
“Es un debate muy complejo por las críticas que ha habido en la Rama Judicial por su no participación en este tipo de decisiones. Además, es una manera de equilibrar las cargas muy polémica al relacionarse con una persona sindicada de múltiples asesinatos, quien encarna o representa los peores vejámenes del conflicto colombiano y que fue cercano a los paramilitares y que ahora será gestor de paz”.
“No sé si ventajoso o beneficioso, pero, o sea, me parece necesario. Me parece práctico. Ahora, no se puede confundir el nombramiento de gestor de paz con la concesión de una amnistía, que hasta donde tengo entendido no está reseñado. ¿López merece ser gestor de paz? No ni ningún perfil similar; sin embargo, al Gobierno lo que le interesa es su posición de poder o cercanía con estructuras criminales con las que se sostendrán diálogos”, dijo.
La polémica que imperó en la mañana de ayer fue mayormente motivada por el lapsus entre el Gobierno nacional y el juzgado barranquillero, decisión que estuvo a punto de acoger el Inpec. Para Luis Trejos, politólogo y docente de la Universidad del Norte, este es un nuevo ejemplo de una larga cadena de decisiones mal comunicadas que provocan especulación y ruido, especialmente en redes sociales.
“Esto produce un desgaste institucional al tener que salir a aclararle a la opinión pública y a los medios sobre la función que cumplirán estas figuras vinculadas a la paz, pues puede producir la sensación de que se está abusando de la paz y se revictimiza a los que sufrieron por los delitos que cometieron estas personas”, expuso Trejos.
Y puntualizó: “Debe haber mayor certeza teniendo en cuenta que estamos en un año electoral y que la eventual libertad de estas personas o traslados geográficos de centros de reclusión puede terminar afectando las dinámicas electorales en esos territorios. Además de esto, todo el ruido que se produce provoca desconfianza en la ciudadanía en torno a la paz y eso puede llevar entonces a escenarios en los cuales se pierda legitimidad por la falta de apoyo ciudadano”.
La Procuraduría General apeló la decisión del juez por considerarla improcedente. “No se analizó la procedencia de su designación como facilitador dentro del proceso de paz, y no hay claridad sobre si actuará como vocero o representante de algún grupo armado organizado, como lo establece la Ley 418 de 1997”, expresaron.
Por su parte, la Fiscalía anunció que investigará al juez Orlando José Petro Vanderbilt, quien ordenó la libertad de Alfonso López, por el delito de prevaricato.
La Fiscalía expresó su preocupación frente a la Resolución 075 del 22 de diciembre de 2022, a través de la cual el condenado fue reconocido como facilitador de paz, porque llevó a que el juez lo dejara en libertad. “Dicho acto del Gobierno provoca esa libertad, eso no puede estar ocurriendo, la Fiscalía rechaza de plano esa situación”, expresó Francisco Barbosa, fiscal general de la nación.