La audiencia fue retomada por Patricia García, directora de investigaciones No. 3 de la Contraloría General de la República (CGR), quien lleva el proceso fiscal en el que el alcalde de Cartagena, William Dau; y Adelfo Doria y Marta Carvajal, exdirectores de Talento Humano del Distrito, están imputados por un presunto detrimento al patrimonio de la ciudad.
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La investigación, calificada como “injusta” por Dau, se da por la supuesta malversación de $1074 millones por el pago de gastos de representación a funcionarios por sus labores en la administración, lo que motivó al embargo de las cuentas bancarias de 43 funcionarios y exservidores del Distrito. Posteriormente, la Contraloría General liberó del proceso a 40 sindicados; pero, imputó culpa grave a Dau, a Carvajal y a Doria. Teniendo en cuenta que validan la nómina. En otros términos, autorizaron pagos de esos gastos de representación a los demás procesados.
El alcalde Dau en la audiencia interior expresó que: “Ni por el chiras acepto que cometí algún delito. Los gastos de representación son una figura aprobada por el Concejo de Cartagena en un acuerdo del 2011, y no impuestos por el alcalde. En 2020, quedaron unificados los salarios de los funcionarios, se eliminaron los gastos de representación y se organizó todo con respecto a los topes legales del Gobierno, para evitar abusos en las regiones. Lo que se venía pagando en Cartagena sumando salarios y gastos de representación estaba por debajo de estos topes”, precisó Dau.
Y recalcó: “Tengo entendido que en Bogotá aún se pagan gastos de representación y allá no se ha desatado ninguna investigación fiscal. Pero acá, por temas políticos, el contralor distrital, Rafael Castillo Fortich, inició este proceso contra nuestra, cuando toda inconveniencia fiscal proviene de la administración pasada, la de Pedrito Pereira. Nosotros depuramos esto y en mi administración nadie ha recibido gastos de representación desde que me posesioné. Cualquier reparo legal debería recaer en anteriores alcaldías o en los concejales que aprobaron la figura. Entonces al alcalde que le abren el proceso es al que solucionó el problema”.
En conclusión, Dau indicó que no se le pueden imputar actitudes dolosas ni culparlo de un delito fiscal cuando, según su concepto, siempre ha trabajado bajo la ley. “En esta investigación ha faltado objetividad y si se revisan las pruebas y los argumentos que aportaremos no hay más que declarar nulo este proceso. Se darán cuenta que todo ha sido injusto y arbitrario”, argumentó el alcalde.
“Este proceso es inaceptable”
Retomando con lo expuesto por Dau, Patricia García indicó que su despacho analiza las pruebas y argumentos para saber qué tipo de gestiones se llevaron a cabo luego de posesionarse el actual alcalde. Por su parte, Jorge Iván Acuña, abogado del alcalde de Cartagena y de Adelfo Doria, recalcó que su cliente no debe estar relacionado en este proceso. “La Contraloría Distrital de Cartagena realizó una auditoría entre diciembre de 2020 y mayo de 2021 en la que concluyeron, en septiembre del año pasado, abrir esta investigación de responsabilidad fiscal. Luego, se evidenció la inexistencia de agravio fiscal y por eso en su momento les solicité la revocatoria del proceso. Había serios indicios de imparcialidad y eso motivó la intervención funcional excepcional de la CGR, quitándole competencias a Castillo Fortich”.
Por otro lado, el abogado indicó que esta investigación no podría derivar sanciones penales ni administrativas. “Según la Corte Constitucional, la responsabilidad fiscal es esencialmente administrativa porque juzga la gestión fiscal y patrimonial. Su naturaleza es meramente reparatoria, por consiguiente, es independiente, autónoma y subjetiva, pues para determinarla es necesario definir si el imputado cobró con dolo o con culpa. En síntesis, tiene que haber una gestión fiscal irregular para que se falle el resarcimiento patrimonial; y la falta de garantías y la imparcialidad con la que comenzó la investigación afecta la claridad para determinar las conductas de los funcionarios, un paso esencial y clave”, explicó Acuña.
En materia de comportamientos dolosos y culposos por parte de Dau y los otros imputados, el abogado defensor instó a analizar la conducta, el nexo causal, de la actual administración de enfocar esfuerzos para eliminar los gastos de representación y reorganizar el daño fiscal que venía del pasado, bajo el amparo legal. “La causa extraña proviene desde 2011 cuando un Acuerdo del Concejo creó los gastos de representación, figura que siguieron todas las Alcaldías desde esa fecha; pero, es con William Dau, quien le pareció inapropiada y por eso la derogó, que el contralor distrital se empeñó en procesarlo”, precisó el jurista, quien concluyó que no se debe resarcir ningún daño porque a su parecer no hubo ningún detrimento, por lo que el proceso debería archivarse.
El jurista terminó su intervención asegurando que bajo la gestión de William Dau y en anteriores Alcaldías nunca se incurrió en una ilegalidad, pues nunca se sobrepasaron los topes salariales en cuanto a gastos de representación, creados por el Concejo Distrital, con respecto a lo dispuesto por normas nacionales. Por consiguiente, según su concepto, además de la presunción de inocencia nunca hubo detrimento fiscal al patrimonio.
Así las cosas, Patricia García suspendió la audiencia y citó a las partes para el 2 de agosto a las diez de la mañana en la se escucharán más descargos de los abogados defensores, especialmente los argumentos de Andrés Figueroa, jurista de Marta Carvajal.