El pasado 10 de agosto, Miguel Martínez Coronado fue elegido por el Concejo de Cartagena para ser contralor distrital encargado. Desde esa fecha la entidad se ha distanciado de las polémicas usuales tras siete años de crisis institucional. (Lea: “Dumek vive en una mansión cuando su mayor sueldo fue el de gobernador”: Dau)
Incluso Martínez Coronado, posterior a su escogencia, se reunió con William Dau para concertar que el control fiscal se haga en pro de la ciudad y no de la política. Cabe recordar que alcalde ha tenido una pésima relación con Freddys Quintero y Rafael Castillo Fortich, anteriores contralores encargados. (Por ejemplo: “Perro Castillo, no te saliste con la tuya”: Dau celebra que no lo suspenderán)
Ayer circuló la información que la Contraloría Distrital de Cartagena fue desalojada por la inmobiliaria Araújo y Segovia por supuestamente no pagar el arriendo del edificio donde funciona, pues habrían malversado esos dineros para el pago de OPS y así pagar favores políticos.
“Es una información irreal”
Un alto funcionario de la Contraloría Distrital, quien prefirió discreción sobre su nombre, indicó que lo difundido por personas en redes sociales tiene inconsistencias. “Cada Orden de Prestación de Servicios (OPS) tiene su Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y su Registro Presupuestal (RP), es decir, los recursos de cada contrato laboral tiene su destinación específica, por lo que esa plata no se toca ya que significaría un gran lío”, explicó.
No obstante, expuso, sin tener constancias, que el propietario del inmueble siempre advierte que no arrendará más como una posible estrategia para aumentar el canon que le pagan en el arriendo. Una práctica que suele ser común en la finca raíz.
“El desalojo es falso”
El Universal contactó a la inmobiliaria Araújo y Segovia para tener todas las aristas del panorama. Desde la empresa afirmaron que nunca ha habido desalojo: “Es una información falsa. Además, ese cliente no tiene un estado de cuenta negativo ni tiene deudas”, sostuvieron.
La inmobiliaria indicó que lo que sucedió fue un trámite interno en el cual el propietario del inmueble, quien tendrá sus razones válidas o juicios a su parecer, le envió una comunicación a la Contraloría en el que solicitó la restitución del edificio. “Pero este deseo no está relacionado por cuestiones de cartera o por alguna razón diferente. Muchas veces un arrendador solicita la restitución porque lo quiere ocupar o porque lo quiere vender o porque quiere explorar un nuevo arriendo más alto. Son decisiones personales y respetables”, explicaron desde Araújo y Segovia.
Inmobiliaria Araújo y Segovia.
Por consiguiente, con la precisión de la inmobiliaria se devela que nunca existió desalojo ni existe un proceso ejecutivo para hacerlo y que la polémica alimentada en redes sociales es inane o es una estrategia de desinformación política.
