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Desacuerdos en el Concejo por el contrato con la CUC, ¿a quién le favorecería?

En la elección de contralor sigue la controversia. Tras ser aprobada una de sus fases, con el aval de Carolina Lozano, Óscar Marín solicitó su cancelación.

¿Trabado? Así parece estar la adjudicación del contrato a la Universidad de la Costa (CUC) para que realice los exámenes técnicos a los aspirantes a contralor distrital de Cartagena. El pasado 20 de abril, el Concejo admitió la oferta de la CUC para que sea esta la que se responsabilice de las pruebas, la que fue la única en presentarse en la convocatoria.

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Uno de los peldaños clave de ese proceso es la escogencia de una institución universitaria que coordine los exámenes técnicos a los aspirantes, y así elegir los mejores bajo criterios de meritocracia.

Esa adjudicación provocó inquietudes en la ciudadanía y en el panorama político local, pues se hizo tras modificar el cronograma de contratación, dudas del comité evaluador sobre el monto de la oferta y las presuntas irregularidades en las que la CUC habría incurrido en otros procesos similares, y porque el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) que respaldó dicha convocatoria ahora está anulado, por un error procedimental en su expedición. “El oferente no cumple con los requisitos técnicos ni jurídicos”, aseguró un primer informe.

No ayuda a la confianza sobre este proceso los múltiples cuestionamientos que ha expresado el alcalde Dau, quien considera que el proceso estuvo “amañado” y diseñado con requisitos que solo podía cumplir la CUC, lo que va en contra de los principios procedimentales de una convocatoria pública.

El contrato ya está celebrado

En la sesión de hoy del Concejo, Laura Valdés Bohórquez, jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Concejo, quien la semana pasada recomendó aceptar la oferta de la CUC, confirmó que el contrato con la universidad barranquillera está celebrado y vigente en la plataforma SECOP. Ratificación que se da ante las voces de una supuesta suspensión tras los limbos jurídicos mencionados.

“La transparencia del proceso está asegurada, pues la comunidad puede consultarlo en la plataforma SECOP donde está todo el avance del proceso de mínima cuantía. Se ha cumplido el reglamento y la normatividad vigente”, aseguró Valdés.

El contrato se adjudicó a la CUC por $15 millones 500 mil pesos, otro elemento que despertó suspicacia, pues fue definido anteriormente por comité evaluado como “artificialmente bajo”. Aunque las directivas de la universidad afirmaron que por la cercanía geográfica y la falta de costos adicionales, pues no necesitan contratar nuevos empleados para el proceso, el monto era el indicado.

$15
millones 500 mil pesos fue el monto contratado con la CUC.

La solicitud de cancelación

La concejala Carolina Lozano, quien funge como presidenta de la Mesa Directiva en este proceso al estar Óscar Marín, presidente del cuerpo, impedido, abrió la discusión en torno a la solicitud de cancelación del acto administrativo de adjudicación, realizado por el concejal Óscar Marín, pues hay presuntos riesgos de incurrir en irregularidades que traerán consigo sanciones disciplinarias y penales.

Lozano le explicó a El Universal que “este contrato ya está adjudicado. Hoy estamos ante un inconveniente luego que el director financiero cancelara el CDP tras una solicitud de cancelación. Yo como presidenta ad hoc presenté una revocatoria directa a esa cancelación y estamos a la espera del trámite de ese recurso. El contrato, hoy, está adjudicado y es válido”. Esa solicitud fue presentada por Óscar Marín.

“En el proceso ya la CUC es un tercero, pues ya es beneficiaria de una adjudicación. Ella sería la directamente perjudicada, y por eso el Concejo, tras la revocatoria, iría a la jurisdicción contenciosa administrativa para dirimir el tema, porque de acuerdo al Consejo de Estado, la anulación del CDP no genera nulidad del contrato, es decir, la inexistencia de disponibilidad y presupuestal y registro no lo anula. Por tal razón, estamos ante un contrato valido y debemos llevarlo a cabo”, fue lo expuesto por Laura Valdés.

Por su parte, Ahisamac Rodríguez, director financiero del Concejo argumentó: “El CDP se expidió con el principio de la buena fe luego de la solicitud de la concejala Carolina Lozano, pues tiene esa potestad como ordenadora del gasto en este proceso y este contaba con toda la normatividad. En la cancelación solicitada se aduce que Carolina Lozano no se le han sido delegadas las facultades para pedir el CDP y adelantar el proceso, lo que fue motivó a la anulación del CDP”.

Lo aducido por Rodríguez, contador público, provocó que la concejala Carolina Lozano le preguntara por su perfil profesional, pues para ella no tiene las competencias de un abogado para decidir lo que hizo su departamento. “No señora, no tengo título como profesional del derecho”, respondió el director financiero.

Y prosiguió: “Ya que no se pudo constatar que la presidenta contara con las facultades de ordenar el gasto en el proceso en mención, procedí con la anulación”.

“En su experticia como director financiero, ¿quién es la persona indicada para anular un CDP?”, le preguntó Lozano. En sintonía, Laura Váldes recalcó que “tras el impedimento del concejal Marín, como presidente de la mesa, la facultad de llevar a cabo las fases precontractuales, como el CDP, pasan a la doctora Lozano, quien debe ordenar el gasto del proceso en mención”.

Una situación jurídica sui generis

Para el concejal Javier Julio Bejarano lo que está sucediendo con este proceso es algo inédito, pues entre adjudicación, anulación del CDP, petición de cancelación y solicitud de revocatoria de esta petición, se cimienta un panorama de inquietudes a la ciudadanía. “La dinámica que se está dando parece un juicio. Este no es el escenario para tratarlo así ni donde se pondrán de acuerdo Jurídica y Financiera. Si hay diferencias técnicas, jurídicas y financieras creo que deben ser resueltas con los recursos ya presentados. Y así, poder destrabar el proceso y explicarle a la ciudad de mejor manera un trámite meramente administrativo”, aseguró.

Y recalcó: “Considero que sería importante que en el expediente que se le entregará a cada concejal antes de votar por el contralor deben estar todas las constancias y precisiones que la Mesa ad hoc, concejales y funcionarios del Concejo para tener tranquilidad jurídica y poder dejar un contralor en propiedad. Además, ver si los recursos legales avalarán el proceso o definirán que tome otro rumbo”.

Concejales como Lewis Montero y Sergio Mendoza subrayaron la importancia de que todos los cabildantes y la ciudadanía tengan acceso público al expediente del proceso para tener mayor claridad de este; e instaron a que haya más presencia en plenarias de los funcionarios de distintas oficinas del Concejo, y así pueda tener más claridad la ciudadanía de distintos temas.

Unificación de criterio

Carolina Lozano estableció que muchas de las decisiones tomadas han sido, a su parecer, erradas. Por consiguiente, invitó a la conformación de una mesa de trabajo para tratar el tema de la adjudicación y revocatoria, donde se revisen los conceptos y recursos presentados.

“De lo contrario, este Concejo difícilmente podrá elegir un contralor en propiedad porque un proceso en lo contencioso administrativo demora años y ya este contrato solo puede ser revocado por una autoridad jurisdiccional. Tal vez podamos recomponer el camino y actuar dentro de la legalidad, demostrándole a la ciudad que queremos dejar un contralor en propiedad”, afirmó Lozano.

La concejala Lozano le comentó a este medio: “Ahí no hay nada que hacer. Se espera subsanar este inconveniente con un trámite interno administrativo en el Concejo, pues el contrato ya está adjudicado”.
La bancada en tensión, ¿a quién le favorece el escollo?

La supuesta bancada mayoritaria, como la definió el alcalde de Cartagena, William Dau, que conformarían varios concejales en el recinto parece no navegar en aguas mansas con este rifirrafe. Óscar Marín, Carolina Lozano y Luder Ariza, protagonistas del desacuerdo, conformarían este grupo, lo que se evidencia en una trazabilidad de cómo han votado en bloque en distintos procesos.

Para una fuente cercana al Concejo, una de las explicaciones de la discordia en este proceso es el interés de algunos concejales en que siga trabado en el tiempo y prosiga Rafael Castillo Fortich como contralor encargado, quien para Dau y otras voces políticas tiene relación con varios cabildantes. Hecho negado por él y otros involucrados como Óscar Marín y Carlos Barrios en su momento.

Ahisamac Rodríguez, actual director financiero del Concejo, quien anuló el CDP después de la solicitud de cancelación de Óscar Marín, hizo parte del comité directivo la Secretaria de Educación de Bolívar como director de Inspección y Vigilancia, cuando Marín fue el jefe de esa cartera en 2017.

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