William Dau, alcalde de Cartagena, afronta una investigación fiscal en su contra por un supuesto detrimento al erario de la ciudad que ascendería los $1.074 millones. El mandatario y dos exfuncionarios del Distrito, Adelfo Doria y Marta Carvajal, están procesados por el presunto pago indebido de gastos de representación a funcionarios y extrabajadores de la Alcaldía.
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La Contraloría General de la República, entidad que lleva la investigación, analiza las pruebas aportadas por la defensa jurídica de los imputados con el fin de comprobar su inocencia o culpabilidad. En las audiencias de descargos, el alcalde Dau ha recalcado que no tiene responsabilidad fiscal en los hechos relacionados y definió el proceso como parte de una persecución política en su contra, por parte de un grupo político presuntamente conectado con el contralor distrital, Rafael Castillo Fortich, quien ordenó la auditoría que dio inicio a todo.
Según Dau, su imputación es producto de un supuesto tinglado de corrupción entre políticos y entes de control. “El 70% del presupuesto de Cartagena se pierde por corrupción y son los que se roban ese dinero los que están detrás de este proceso fiscal en contra mía, cuando toda inconveniencia fiscal proviene de la administración pasada, la de Pedrito Pereira. Nosotros depuramos esto y en mi administración nadie ha recibido gastos de representación desde que me posesioné. Cualquier reparo legal debería recaer en anteriores alcaldías o en los concejales que aprobaron la figura. Entonces al alcalde que le abren el proceso es al que solucionó el problema”, dijo Dau.
Y prosiguió: “Son muchos los funcionarios de la Contraloría Distrital y en la General que buscan perjudicarme. Incluso, el exalcalde Pedrito Pereira ahora tiene un alto cargo en la Contraloría General en Bogotá (ya renunció). Un cargo en el que gana más que como alcalde. ¿Más politizado para dónde?”.
En esa misma línea, en la última audiencia, Jorge Iván Acuña, abogado de Dau, defendió la inocencia de su cliente indicando que la Contraloría de Cartagena no ha actuado de forma acuciosa con presuntos actos de corrupción en administradores anteriores. “La actual administración se esforzó para eliminar los gastos de representación y reorganizar el daño fiscal que venía del pasado, bajo el amparo legal. La causa extraña proviene desde 2011 cuando un Acuerdo del Concejo creó los gastos de representación, figura que siguieron todas las alcaldías desde esa fecha”, explicó Acuña.
El jurista terminó su intervención asegurando que bajo la gestión de William Dau y en anteriores alcaldías nunca se incurrió en una ilegalidad, pues nunca se sobrepasaron los topes salariales en cuanto a gastos de representación, creados por el Concejo Distrital, con respecto a lo dispuesto por normas nacionales. Por consiguiente, en su concepto, además de la presunción de inocencia, nunca hubo detrimento fiscal al patrimonio, por lo que solicitó el archivo del proceso.
Por su parte, el exalcalde Pedrito Pereira, mencionado por Dau y su defensa, aseguró a El Universal que no es enemigo del actual alcalde. “¿Persecución? Eso es una afirmación irresponsable que raya en la incoherencia y la irrealidad. Yo jamás he perseguido al actual alcalde ni a sus funcionarios ni he hecho nada contra ellos, solo me he defendido de sus injustos señalamientos y falacias dentro de la ley. Todo el que me conoce en mis 30 años de vida pública y personal sabe que no soy de ese talante”, dijo Pereira.
Uno de los argumentos de Dau es que ha sido el alcalde que se enfocó en finalizar los gastos fiscales; sin embargo, Pereira explicó que en julio de 2019, mientras era alcalde de la ciudad, presentaron un proyecto de acuerdo al Concejo para resolver la situación de los gastos de representación, pero no fue aprobado. “El tema lo advertimos en el empalme con el gobierno Dau, entonces, ¿por qué esperaron hasta diciembre de 2020, un año después de posesionarse, para presentarlo nuevamente al Concejo? ¿Hubo omisión?”, se preguntó.
El exalcalde expuso que mientras la figura no fuera derogada o anulada tenía la obligación de cumplirla, bajo el principio de legalidad. “Nuestra petición al Concejo se origina cuando en 2019 la Contraloría nos recomendó modificar esos gastos de representación. Por eso, al no ser aprobado, le recalcamos al gobierno entrante que debían presentarlo de manera inmediata a inicio de año y lo hicieron fue al final, y fue aprobado en el Acuerdo 050 del 30 de diciembre del 2020. Por esto considero injusto que se me señale en la investigación”, precisó.
Ante la pregunta de cuáles eran sus funciones como contralor delegado intersectorial 11 para temas de responsabilidad fiscal de recursos de regalías, en la Contraloría General de la República, el exalcalde aseguró que en sus competencias no tenía injerencia negativa o positiva en el Distrito. “Ejercía funciones de responsabilidad fiscal sobre proyectos exclusivamente de regalías que nada tienen que ver con los procesos del alcalde, hay que recordar que el que pidió que la CGR lo investigara fue el alcalde y su abogado porque no tenía garantías en la Contraloría Distrital”, relató.
El exalcalde Pereira interpreta la falta de gestión gubernamental en este tema fiscal, a su parecer, del alcalde Dau, como la causa de una política disruptiva e irracional. “Desconocen de manera generalizada todo lo hecho por las administraciones anteriores. Según ellos todo fue malo, y por eso desconocieron el empalme, solo lo utilizaron para difamar y denigrar, que es su prioridad. Son víctimas de mantener la ‘imagen’ del gobernante a cualquier costo. Su ánimo de hacer daño es superior a cualquier cosa“, señaló el exmandatario.
Y concluyó: “El alcalde desafortunadamente para la ciudad no tiene una gestión que mostrar en obras y logros, solo ha triunfado en comunicación política, en esto último utiliza “todas las formas de lucha” y le ha dado grandes resultados. Reitero, el interés primordial es mantener la imagen del gobernante, aunque eso perjudique a la ciudad y su gente, recurriendo a la calumnia, a la injuria, al irrespeto y a la vulgaridad contra personas e instituciones que son necesarias, nos guste o no para que la ciudad se desarrolle y resuelva sus problemas. No sé si eso es torpeza o no”.
A finales de junio, Pedrito Pereira renunció a su cargo en la Contraloría General de la República para evitar una inhabilidad, pues tiene interés en aspirar a un cargo de elección popular en los comicios regionales del próximo año.
No obstante, le aseguró a este medio que aún no define si irá por la Alcaldía de Cartagena o la Gobernación de Bolívar. “Aún estoy en conversación con amigos, familiares y ciudadanos que me han manifestado su apoyo, y así definir cuál sería el espacio ideal para participar en las decisiones democráticas del 2023”, aseguró.
