En las pasadas elecciones al Congreso, muchos recuerdan, especialmente en esta región, la polémica protagonizada por la exsenadora del partido de la U, Sandra Villadiego, cuando apareció en la lista a la Cámara de Representantes por Bolívar del Pacto Histórico. (Lea: Sandra Villadiego o el Pacto Histórico nacional, ¿quién tiene la razón?)
Tras el rechazo de varios líderes nacionales del movimiento petrista y críticas de simpatizantes locales, la lista se recompuso y Villadiego quedó por fuera. Cha Dorina Hernández, actual representante por Bolívar, ingresó al grupo gracias al reajuste.
Otro inconveniente
Este miércoles, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra la exsenadora Sandra Elena Villadiego y el exrepresentante Raymundo Elías Méndez. Según información del alto tribunal, entre 2016 y 2018, habrían influido ante el Gobierno nacional para que dineros de cupos indicativos que les habían sido asignados, financiaran proyectos en Galeras (Sucre), a cambio de recibir una contraprestación económica previamente acordada con el alcalde de ese municipio, Remberto Amell Hernández.
Por estas mismas irregularidades en el uso de los cupos indicativos para invertir en Galeras, Sucre, la Corte le abrió investigación y llamó a indagatoria al excongresista y excandidato presidencial, David Barguil. Uno de los líderes del Partido Conservador.
Según información recolectada por la Fiscalía, Amell Hernández, en sus funciones de alcalde de Galeras para el periodo 2016-2019, presuntamente se contactó con varios congresistas para que mediaran ante Prosperidad Social (DPS), de modo que el municipio recibiera recursos del orden nacional, en este caso de los cupos indicativos, con el propósito de reparar la malla vial del municipio, pero con el acuerdo de devolución de dádivas por ser de intermediario.
Por ello, en juicio de imputación de cargos realizado en enero de este año, Remberto Javier Amell Hernández, Carlos Eduardo Cueto Corrales, quien se desempeñaba como secretario de Planeación para la época de los hechos; Lila Margarita Aldana Argel y el contratista Jorge Carlos Álvarez Rivero, aceptaron los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, acuerdos restrictivos de la competencia, cohecho propio y cohecho por dar u ofrecer.
