En un fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de suspensión por dos meses contra Nicolás Cantillo Ortiz, quien fue alcalde de Mahates entre los años 2012 y 2015.
La Procuraduría indicó que la sanción obedece a que no realizó las transferencias correspondientes al recaudo de las sobretasas destinadas al cuidado ambiental y el funcionamiento del servicio de bomberos.
“La Procuraduría Regional de Bolívar estableció que el exfuncionario no transfirió a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) los dineros de la sobretasa ambiental correspondientes al último trimestre de 2014 y toda la vigencia de 2015. Igual situación ocurrió con los recursos cobrados por la Alcaldía entre el 2013 y 2015, destinados a la contratación del cuerpo de bomberos”, señaló el ente de control.
Según la Procuraduría, Cantillo desconoció que los dineros recaudados tenían una finalidad específica e incumplió con la obligación de realizar las transferencias correspondientes, con lo que vulneró los principios de moralidad pública y responsabilidad, “al perturbar el cumplimiento de los fines establecidos en las normas que crearon la sobretasa ambiental y la sobretasa bomberil y, por consiguiente, atentó contra el buen funcionamiento del Estado”.
La Procuraduría calificó la conducta cometida por el exfuncionario como una falta grave a título de culpa grave.
Como Cantillo Ortiz ya no es funcionario público, la sanción se convertirá en salarios de acuerdo con el monto devengado al momento de la comisión de la falta.
A principios de junio la Procuraduría ya había sancionado a Nicolás Cantillo con destitución e inhabilidad por 10 años por presuntas irregularidades en contratación.
Según el Ministerio Público, este habría incurrido en irregularidades en la firma de un contrato para la revisión del esquema de ordenamiento territorial y la actualización del plan de gestión de residuos sólidos, por $185 millones.
En fallo de primera instancia, la Procuraduría Provincial de Cartagena estableció que el contrato, que comprometía recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), fue celebrado con el contratista sin que la administración municipal contara con los estudios previos respectivos, requisito indispensable para su suscripción.
