El pasado 14 de julio, la Oficina de Control Disciplinario del Distrito suspendió a Andy Reales como alcalde de la Localidad de la Virgen y Turística (Localidad 2), debido a una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en contratos firmados por su despacho. Apartarlo de su cargo, según la Alcaldía, evitaría que por su posición interfiriera en el proceso o continuara cometiendo los presuntos ilícitos. (Lea: “Yo me pregunto si están ofreciendo dádivas para bloquear procesos”: Dau)
Pasaron tres meses y el pasado 27 de octubre finalizó la suspensión; no obstante, nadie vio a Andy Reales en Chiquinquirá. ¿La razón? Tras ser notificado, mediante el Decreto 1505 del 27 de octubre de 2022, firmado por el alcalde William Dau, de su reintegro como alcalde local, al día siguiente fue suspendido de nuevo por tres meses por otros hechos de presunta mala gestión.
Así se radicó en el decreto 1509 del 28 de octubre de 2022. Lo espinoso del proceso, más que el hecho de que no pudo ni sentarse en su butaca, es que el Distrito puede perder el control sobre la investigación, debido a que la Procuraduría Provincial le interesa asumir el control preferente de lo relacionado con Andy Reales, por lo que indagan el tema con la Viceprocuraduría General de la Nación.
“Lo que dice es falso, temerario e irrespetuoso”
Andy Reales, en entrevista con El Universal, rechazó “de forma enérgica las insinuaciones injuriosas que el alcalde Dau profirió en su contra en una entrevista con este medio”. El alcalde suspendido se refiere a lo dicho por el mandatario sobre si en la ciudad hay una feria de “billete o de puestos” para que los entes de control bloqueen procesos como el suyo.
En la otra acera, Reales aseguró: “Las aseveraciones hechas por el primer mandatario merecen nuestro rechazo enérgico, ya que ellas, además de ser falsas, temerarias e irrespetuosas, tienen por finalidad presionar y amedrentar a los órganos de control disciplinario en cuanto a las solicitudes elevadas por los investigados en ejercicio lícito de sus garantías. Siempre he sido víctima de un cruento hostigamiento por parte de la Oficina de Control Disciplinario de la Alcaldía Mayor”. (Lea: “Dau puede decir con su boca 20 mil cosas, pero suele mentir”: personera)
En términos legales, Miguel Ángel Taján, abogado de Reales, indicó que: “Solicitaron el ejercicio del poder disciplinario ante las autoridades competentes y preferentes, ya que el Distrito ha vulnerado sistemáticamente las garantías adjetivas y sustanciales de mi cliente, al punto que las suspensiones de las que viene siendo objeto se han producido en contravía de los requisitos exigidos en el Código General Disciplinario para su imposición”.
Y subrayó: “María Victoria Olier, jefe de Control Disciplinario, ha tramitados los procesos incurriendo en serias irregularidades, tales como el retardo al acceso a los expedientes, dejando de notificar providencias, omitiendo el traslado de pruebas incorporadas en la actuación, y así, impide el ejercicio de las garantías de defensa y contradicción”.
“Para mí que el abogado de Reales está intentando construir cortinas de humo sobre las verdaderas razones de la suspensión, poniendo en mí la responsabilidad. Yo no soy fiscal ni juez. Lo único que hago es responder, en mi calidad de funcionario, a lo que me soliciten. Andy Reales debe defenderse con argumentos y yo, por mi parte, no tengo un interés malintencionado de quedarme, pues solo cumplo mis funciones y estoy hasta cuando el alcalde lo amerite”, expresó Arrieta.
Por su parte, Taján expuso: “Llama la atención que históricamente Control Disciplinario ha sido morosa en el cumplimiento de los términos previstos en la ley para el agotamiento de las etapas procesales, pero en los casos que conciernen al señor Reales Arroyo, Olier ha demostrado una eficiencia sin precedentes, al punto de cerrar la fase de investigación de un proceso cuando solo se nos había dado un día para revisar y conocer las piezas que integran el expediente, hecho que provocó una nulidad procesal”.
Por los elementos expuestos es que Reales y su defensor solicitaron el poder disciplinario preferente de la Procuraduría Provincial. “Resulta curioso que cuando el alcalde Dau ha considerado que los entes de control, como la Contraloría Distrital, lo han perseguido con la imposición de medidas cautelares en su contra o en contra de sus colaboradores, este ha hecho uso de la intervención funcional excepcional ante la Contraloría General de la República, como una garantía reconocida en su favor, y por ser él el afectado se trata del uso legítimo de una herramienta de defensa; pero, ahora que otros lo hacen respecto de su órgano de control interno disciplinario, insinúa que detrás de tales solicitudes hay componendas o dádivas”.
Y concluyó: “¿Solo él tiene derecho a reclamar en procura de la imparcialidad en las actuaciones? Y la respuesta es no, es un derecho del procesado el poder reclamar el ejercicio del poder disciplinario preferente. Por eso pedimos respeto y que evite hacer comentarios infundados y sin ninguna clase de prueba.
María Victoria Olier, jefe de Oficina de Control Disciplinario, explicó que, en el proceso citado, Andy Reales se encuentra ejerciendo su derecho a la defensa en aras de comprobar su inocencia en el proceso que, además, se encuentra vigilado por la Procuraduría Provincial de Cartagena, a petición del suspendido.
“Sin embargo, son varias las investigaciones que se adelantan contra el señor Andy Reales Arroyo, por lo que se dispuso ordenar una nueva suspensión provisional por presuntas irregularidades en el ejercicio de su cargo, puestas en conocimiento por el alcalde local encargado, Édgar Arrieta”, precisaron.
Control Disciplinario considera que existen serios elementos de juicio que permiten establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio, posibilita que Reales interfiera en el trámite de la investigación. “La medida satisface con suficiencia los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, propios del test de razonabilidad y proporcionalidad que se exige para la imposición de la medida”, indicó Olier.
Y subrayó: “La suspensión impuesta no es definitiva ni constituye una sanción, por el contrario, es una medida de carácter cautelar que está expresamente dedicada para estos supuestos, en los que es necesario apartar de su cargo a un servidor público en aras de garantizar los fundamentos y principios constitucionales de la función pública”.
Esta medida de suspensión provisional será objeto de consulta por el alcalde William Dau, tal como indica el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019.
