Cuando Tomás Antonio Guzmán recorre los pasillos de su trabajo en la Auditoría General de la Nación es saludado por todo el que se lo encuentra. Muchos lo conocen, otros quizás no, pero acostumbra a sonreír y entablar conversación con quien pueda. Pocos se imaginan que ese hombre amable de 54 años tiene una condición de discapacidad auditiva y que ni su otorrinolaringólogo se explica cómo aprendió a hablar.
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“Yo soy consciente de que hablo raro”, dice entre risas al iniciar la entrevista, justo antes de explicar cuál es su condición exacta: nació con hipoacusia neurosensorial de severa a profunda irreversible en su oído izquierdo y cofosis en el derecho. A pesar de que utiliza audífonos a la vanguardia de la tecnología, integrados con un sistema de bluetooth, escucha muy poco, por el oído izquierdo pero sabe leer los labios.
De esa habilidad, la ayuda que le prestan sus audífonos y sus ganas de salir adelante es que se ha valido Tomás para cumplir con su trabajo, al que llegó después de 17 años de inestabilidad laboral porque las barreras de comunicación le dificultaban ser empleado.
La familia como pilar fundamental
Para entender su lucha hay que remontarse a su niñez: sus padres fueron los primeros en entender que su discapacidad no podía ser un límite.
“Yo nací en una época en la que la discapacidad no era reconocida. Tuve un privilegio porque mi padre fue gastroenterólogo y se le notaba mucho su frustración por verme en la situación en la que yo estaba. Hasta que dio con el otorrinolaringólogo Jorge García Gómez, que en paz descanse, y él vio que yo podía ser funcional”.
A la edad de siete años inició terapias del lenguaje y pronto ocurrió una tragedia en su vida que aceleró el proceso: la pérdida de su madre. “Los neurólogos dijeron que eso fue un impacto tan fuerte para mí que me llevó a gesticular”, recuerda.
En el colegio tuvo muchos problemas de aprendizaje porque el modelo educativo no estaba adaptado a sus necesidades, sino que se basaba en la oratoria. Se graduó y entró a la universidad con el deseo de estudiar Economía, pero decidió retirarse de la carrera en el quinto semestre porque fue una barrera la comunicación. “Ya era otro escenario, a mí antes me ayudaban mucho los compañeritos del colegio”, señala.
Decidido a que podría afrontar el reto nuevamente, entró a estudiar al Politécnico Grancolombiano, en donde sí se adaptaron a sus necesidades, y logró un título de Administrador de Empresas. No se imaginó que luego de esa etapa tendría que enfrentar el mundo solo, pues también falleció su padre, el mismo hombre que lo levantó tantas veces y por quien lucha hoy en día: “Para las personas con discapacidad el cuidador es fundamental y ese es el gran temor, porque empezamos a ver posibilidades que no son tan positivas. Yo tuve compañeros que tristemente se suicidaron al no encontrar un camino. Yo dije ‘no, tengo que poder’”.
Es así como entró a trabajar a Carulla y escaló hasta ser administrador de un almacén, teniendo a cargo a 84 personas. La pregunta inevitable es: ¿cómo lo hizo? Y él reconoce que tampoco lo sabe: “Yo mismo me hacía esa pregunta”, recuerda, aunque dice que tal vez la clave estuvo en la empatía.
A esa empresa del sector retail le debe no solo haberle dado la primera oportunidad en el difícil mercado laboral, sino también haber encontrado el amor. Junto a María Xiomara Guerrero tuvo cuatro hijas, tres están en su hogar y una ya está en el cielo, luego de enfrentarse a un cáncer que conllevó a una discapacidad.
“La discapacidad no es una enfermedad, es una condición. En el caso de mi hija a ella le retiraron siete costillas, el pulmón derecho, el riñón derecho... en ese momento la enfermedad se convirtió en discapacidad”, aclara. A raíz de esto tuvo varias prótesis, así que “yo le decía a ella la mujer biónica y ella me decía el hombre nuclear”, dice con los ojos iluminados.
¿Y qué sale de esto?
Hace dos años ingresó a la Auditoria. Al principio, intentaron ubicarlo como intérprete en lenguaje de señas, pero sus dificultades para escuchar le impedían traducir bien lo que la otra persona estaba hablando.
De ahí lo pasaron al área de gestión documental, en donde ha podido valerse de las herramientas que tiene (la lectura de labios y de gestos, especialmente) para cumplir con su labor, aunque lo pasó muy mal durante la pandemia, porque en las reuniones virtuales no lograba entender nada, hasta que en la entidad habilitaron subtítulos en cada encuentro para que él se pudiera adaptar.
Ahora, inspirado con 40 integrantes de un grupo de WhatsApp de personas con discapacidad, a quienes ha conocido “en el andar de la vida”, según dice, se propuso diseñar la política institucional de inclusión laboral de la Auditoría.
Con el apoyo de su jefe la hizo. Hoy en día el borrador ya está en estudio y sueña con que sea aprobado muy pronto, ojalá antes de que cambie la administración, y que no solo cumplan con el porcentaje de vinculación sino que entiendan que personas como él tienen ansias de ser productivas y que se den las condiciones justas.
La ley es clara en ese sentido. Según explica el director de Empleo Público de la Función Pública, Francisco Camargo Salas, “no es suficiente con abrir un espacio para que una persona con discapacidad, que cumple con el perfil, pueda ejercer un cargo público, sino que haya igualdad de condiciones. Por ejemplo, si es una persona con discapacidad visual que se cuente con el software Jaws, que convierte a voz la información que se muestra en la pantalla, o si es una persona con discapacidad física que se cuente con los accesos, e incluso que haya horarios flexibles”.
En el caso de la Auditoría, Tomás es el único funcionario con discapacidad y dice estar “en un sueño del que no quiero despertar”, pues ha encontrado un ambiente seguro. Como la entidad debería vincular a 8 personas, anhela que dentro de ese grupo hubiera por lo menos un representante de cada categoría de discapacidad, que son siete: auditiva, física, intelectual, visual, sordoceguera, psicosocial y múltiple.
El panorama a nivel nacional
El pasado 25 de agosto entró en circulación una directiva presidencial en la que Gustavo Petro le ordenó a su gabinete cumplir con los porcentajes de vinculación de personas discapacitadas en el sector público, estipulados desde 2017 en el decreto 2011.
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, para 2026 la meta es que haya 20.000 personas en condición de discapacidad vinculadas laboralmente al sector público.
A corte del 30 de junio, había 13.443 personas reportadas en Función Pública, de las cuales 11.405 son servidores públicos. Aunque el director de Empleo Público, Francisco Camargo Salas, afirma que “vamos sobre lo planeado”, cumplir con la meta representa un gran reto por los cambios de administraciones territoriales y locales que se avecinan tras las elecciones de octubre. Por tanto, invita a quienes queden elegidos a seguir orientados hacia este objetivo.
En el ranking de las entidades de orden nacional que han contratado a un mayor número de personas con discapacidad figuran: Ecopetrol (597), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC (135), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF (102), la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN (74), el Ejército Nacional de Colombia (61), la Superintendencia de Notariado y Registro (53), la Administradora Colombiana de Pensiones (48), la Dirección General de la Policía Nacional (36) y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA (31).
En el de las entidades del orden territorial con mayor número de personas con discapacidad están la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá (586), la Alcaldía Distrital de Barranquilla (488), la Gobernación de Cundinamarca (484), la Gobernación de Antioquia (406), la Gobernación de Bolívar (234), la Gobernación de Cauca (226), la Gobernación de Norte de Santander (200), la Alcaldía de Medellín (194), la Gobernación de Córdoba (168) y la Gobernación de Tolima (128).
Pero, según dice Tomás, más allá de las cifras, lo importante es que las entidades entiendan que las personas con discapacidad pueden ser plenamente funcionales. Recuerda que cuando propuso vincular a 8 personas con distintas discapacidades a la entidad, alguien le preguntó: “¿Y qué los van a poner a hacer?”, una pregunta que demuestra que todavía tenemos mucho por aprender.
