Polémica y una gran polvareda entre el Distrito de Cartagena y la Gobernación de Bolívar ha generado el encontrón entre los mandatarios William Dau Chamatt y Vicente Blel Scaff.
Todo empezó el viernes de la semana pasada, cuando el gobernador Blel cuestionó que el alcalde Dau se hubiese marchado del Puesto de Mando Unificado (PMU), justo cuando iban a realizar una reunión entre empresarios, congresistas y la ministra del Interior, la cartagenera Alicia Arango.
Dau justificó su ausencia indicando que ya sabía los planteamientos de los empresarios en cuanto a la reactivación económica y que, además, no soportaba estar en el mismo lugar que la senadora Daira Galvis y la representante Karen Cure.
Hasta allí llegó el esfuerzo conjunto con el gobernador Blel para superar la pandemia, pues el domingo Dau hizo fuertes declaraciones contra Blel, luego que este último citara a un consejo de seguridad en Cartagena para buscar soluciones ante los atracos y homicidios que han ocurrido en las últimas semanas en La Heroica.
Dau entendió esto como una intromisión, indicando que se extralimitó y que se le quería “meter al rancho”, y que el único que podía convocar este tipo de reuniones en el Distrito era él. Blel señaló que respondía con trabajo y no con discusiones.
El consejo de seguridad se hizo el lunes, con varios compromisos de la Fuerza Pública para buscar soluciones.
Y ante el panorama, la Asamblea de Bolívar se pronunció de forma oficial y le dio un espaldarazo al gobernador, Además, se fue lanza en ristre contra del alcalde William Dau.
“La Asamblea de Bolívar expresa su solidaridad y acompañamiento al señor gobernador, Vicente Blel Scaff, para que siga actuando por el bienestar de Cartagena, ante la desfachatez de un mandatario local que no hace otra cosa que despreciar y desconocer a quienes por deber y voluntad quieren tener iniciativas a favor del colectivo, del bienestar general y la protección de su gente.
“No más insultos, denigración e irrespeto a los mandatarios y servidores públicos, porque con ello solo logramos destrucción y desequilibrio del tejido social y malestar, y lo que esperamos es más raciocinio y acción en la reconstrucción de la ciudad que por cientos de años espera una gobernanza propositiva, que se tengan servicios públicos de calidad, una eficiente y pertinente educación, un servicio de salud oportuno, humanitario, de calidad, con una infraestructura modernizada física y tecnológicamente, una ciudad con valores y respetuosa con su gente, con mandatarios centrados en la construcción permanente de prosperidad y bienestar”, indicó la Asamblea.
Además, la corporación indicó que le preocupa la situación en Cartagena en medio de la pandemia.
“En medio de la pandemia que nos ataca y contamina, vemos un gobernante que, por desconocimiento, orgullo y egolatría, actúa con una especie de antonimia de gobierno, donde se hace todo lo contrario a lo que se expresa, a lo que debe ser un buen gobierno, a la búsqueda de resultados positivos. Que por desconocer que en la gestión de gobierno se debe actuar en coordinación y complementariedad para el logro de resultados, ignora que es responsabilidad de los gobernadores, como agentes del presidente de la República para el mantenimiento del orden público, preservar la tranquilidad en el área de su jurisdicción y responder por las relaciones y los mecanismos de coordinación entre las distintas instancias encargadas del manejo del orden público. Lo que podría ser una labor unificada y eficaz de la gestión departamental, fue rechazada, en medio de acusaciones desmedidas sin tener en cuenta la emergencia actual”, señaló la Asamblea, expresando rechazo ante las palabras de Dau contra Blel.
Además de la Asamblea, desde otros sectores apoyan la decisión del gobernador Blel y señalan que actuó bajo la ley al citar el consejo de seguridad.
Alegan que el Decreto 2615 de 1991 faculta a los gobernadores para autorizar u ordenar consejos de seguridad municipales. También señalan que, en medio de la emergencia por el COVID, la Presidencia dispuso en materia de orden público sus órdenes se acatarán de manera inmediata y preferente sobre las disposiciones de alcaldes y gobernadores, y de igual manera se aplicarán las disposiciones de los gobernadores sobre los alcaldes.
Sin embargo, el secretario del Interior del Distrito, David Múnera, indica que el Decreto 2615 del 91 se expidió hace muchos años, cuando apenas nacían los distritos, invitando a analizar normas más actuales, como la Ley 399.
“Es cierto, que en materia de orden público el presidente primero, gobernador segundo y alcalde tercero, pero aquí no hablamos de un problema de instrucciones, sino de quién debe convocar un organismo de seguridad. Si el gobernador hubiese convocado consejo de seguridad del departamento, está en todo su derecho, pero no es la primera autoridad del Distrito”, indicó Múnera.
Además señaló que en la invitación que le envió la Gobernación para el consejo de seguridad dice textualmente: “Consejo Extraordinario de Seguridad Distrito de Cartagena”.